La presidenta de la República Michelle Bachelet ha anunciado la forma en que se implementarán las conclusiones del Consejo Asesor Presidencial Contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción que creó ante la seguidilla de escándalos descubiertos en el último tiempo en Chile y que han desatado una grave crisis de legitimidad de la actividad política y de la relación entre ésta y el poder económico. Ante dichos anuncios Revolución Democrática declara:
1. Valoramos y agradecemos el trabajo del Consejo Asesor por el profesionalismo, seriedad y capacidad de diálogo y escucha que mostró en sus 45 días de funcionamiento. Sus conclusiones sin duda constituyen señales positivas en las materias a las que se abocó y serán un insumo muy valioso para la discusión pública de los próximos años en Chile.
2. La Presidenta de la República anunció, a partir de las conclusiones de dicho informe, una hoja de ruta bien fundamentada de reformas sobre la relación entre negocios y política, las prácticas dentro del sistema político, la regulación de los negocios y la transparencia y probidad del actuar del Estado que celebramos porque han sido también nuestras propuestas y sobre todo nuestras prácticas. Compartimos con la Presidenta Bachelet que lo importante es que ganen las ideas y no el dinero que se invierte en las campañas. Si las medidas anunciadas logran ser implementadas estaríamos ante un cambio radical de los estándares de transparencia, probidad y prevención de la corrupción como las más avanzadas democracias y los mercados mejor regulados del mundo. Esto sería un aporte muy valioso del gobierno a la calidad de nuestra vida en común.
3. Esperamos que aquellas medidas que requieran trámite legislativo sean aprobadas con celeridad y que no sean desvirtuadas de su sentido original. Estaremos atentos al comportamiento de los parlamentarios en esta materia y mantendremos informada a la ciudadanía de cómo votan cada una de estas medidas. Creemos que la presión desde la sociedad es fundamental para que las propuestas no se diluyan.
4. Aunque todas las medidas propuestas por el Consejo Asesor fuesen implementadas y todos los estándares sean elevados persistirá un descrédito de la actividad pública mancillada por prácticas reñidas con la legalidad. Si bien estas prácticas pueden no terminar siendo constitutivas de delitos, son política y éticamente reprochables. El gobierno debe reconocer que la falta de legitimidad del sistema político también les afecta, que altos funcionarios de su propia administración y de la coalición que le da soporte están cuestionados y no han dado explicaciones satisfactorias de su actuar ante el país. Que estas prácticas hayan sido transversales a distintas fuerzas políticas no es, en ningún caso, justificación para desconocer las responsabilidades en la profunda crisis de legitimidad que vive nuestra democracia. No es posible un “borrón y cuenta nueva” con lo acontecido.
5. Dado que compartimos y respaldamos el anhelo de la Presidenta de sustituir la actual Constitución y no sólo de reformarla, el anuncio del inicio del proceso constituyente en el mes de septiembre nos sorprende por su falta de precisión. En Revolución Democrática somos claros en decir que estamos por una Asamblea Constituyente que sea institucional, participativa y democrática. Para esto hemos hecho propuestas desde el año 2013 en torno a los caminos que la harían posible, las que hemos presentado a la entonces candidata Michelle Bachelet como también a la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Ximena Rincón. Hemos estado abiertos y disponibles al diálogo, pero aun no hemos escuchado las razones, ni el itinerario, ni las metodologías de cualquier otro tipo de mecanismo.
6. La actual crisis de legitimidad política requiere la construcción de un Nuevo Pacto Social, donde podamos volver a escribir entre todos las reglas de nuestra convivencia. Esto último apunta claramente a generar una nueva carta fundamental a través de una Asamblea Constituyente. Creemos que la elección del mecanismo para la nueva Constitución debe ser tomada por la mayoría de la ciudadanía, por medio de un plebiscito.
7. Seguiremos movilizándonos junto a muchos otros actores, organizaciones sociales, movimientos y partidos políticos y los más de 50 Diputados que apoyan facultar a la Presidenta de la República para que llame a un plebiscito; que sea la ciudadanía la que decida el futuro de Chile a través de una participación vinculante y no sólo consultiva. La nueva Constitución debe nacer de una participación activa desde el inicio y no sólo reducir a la ciudadanía a ratificar los acuerdos de un sisitema político deslegitimado. Estamos convencidos que Chile necesita una política más austera, ciudadana y republicana y una Constitución que garantice derechos para todos y todas.
Directiva Nacional
Revolución Democrática
04 de mayo de 2015
