Durante las últimas semanas el Caso Quemados y la agonía y muerte del Ex Director de la Dirección de Inteligencia Nacional han revivido en el debate público las deudas del Estado Chileno en relación a los Derechos Humanos. En Revolución Democrática estamos convencidos de que no podemos revolucionar Chile sin hacer lo imposible por encontrar la verdad, hacer justicia y reparar el daño que la dictadura cívico militar le hizo a nuestro pueblo.
Han sido suficientemente difundidas las razones por las que Manuel “Mamo” Contreras acumuló más de 500 años de cárcel, pero vale la pena considerar que el ex militar nunca fue condenado por haber sido torturador durante el régimen de Augusto Pinochet. En nuestro país la tortura no está tipificada como delito (pudiendo atender a tratados internacionales en la materia), y un cuarto de siglo después del retorno a la Democracia aún estamos en deuda con perseguir este crimen. Países como Argentina cuentan con un sistema legal robusto que permite que los violadores de los Derechos Humanos cumplan condenas proporcionales a los delitos que cometieron, situación que no se repite en Chile, en donde los crímenes de lesa humanidad reciben penas menores, y donde muchos culpables siguen libres entre nosotros.
Peor aún, Manuel Contreras no se encontraba en una cárcel común, ni en una cárcel de alta seguridad. Resulta indigno para nuestra Democracia que funcionarios del Estado que asesinaron, secuestraron, torturaron y desaparecieron a personas, cuenten con acceso a canchas de tenis, piscinas, quinchos para asados, calefacción, internet y teléfono en Punta Peuco, mientras los internos que deben estar recluidos en penales “comunes”, soportan condiciones de abandono y miseria a diario.
Desde Revolución Democrática exigimos a la Presidenta Bachelet la eliminación de beneficios carcelarios para violadores de DD.HH, el cierre del penal Punta Peuco, y la degradación y expulsión de estos culpables de crímenes de lesa humanidad de las FF.AA.
Hacemos un llamado a nuestros parlamentarios a actualizar la legislación vigente para que el Estado pueda perseguir y castigar efectivamente a los criminales de lesa humanidad, ocupándose de la reparación y justicia que las víctimas (y familiares) de violaciones a DD.HH que aún no consiguen.
Comisión DD.HH
Revolución Democrática
Declaración Pública por muerte de Manuel Contreras
