En el escenario general de serio desprestigio de la actividad política, la indignante tramitación de la ley en cuestión representa un ejemplo paradigmático de la crítica situación de nuestro sistema democrático. En el marco de una discusión parlamentaria altamente conflictiva, la influencia indebida de las grandes corporaciones en la discusión parlamentaria (como el caso del desaforado Senador Orpis), alejándola de una efectiva defensa de los intereses generales de la sociedad, exige un rechazo transversal por parte de la ciudadanía. Además, el actual marco regulatorio de los recursos marinos no proporciona las herramientas necesarias para asegurar la sustentabilidad de los recursos pesqueros, que hoy en día están sobre-explotados, dado que existen severos riesgos de aniquilación del recurso, así como los efectos en la pesca artesanal son igualmente catastróficos.
En este sentido, la solución jurídica acordada debe rechazar la mantención de la vigencia de la Ley de Pesca, así como evitar las eventuales indemnizaciones por los supuestos derechos adquiridos por parte de los interesados, debido a que no se debiera indemnizar a quienes han influido, e incluso corrompido, la actividad parlamentaria, para la prosecución de sus intereses corporativos, atentando contra el buen funcionamiento de las instituciones. Por tanto, con miras a ese objetivo, la idea de la nulidad u otras alternativas, como la derogación y reemplazo por una nueva Ley de Pesca, parecen ser caminos a seguir.
Por ende, como Revolución Democrática nos comprometemos a sumarnos a todo trabajo político e intelectual que busque ya sea perfeccionar el argumento de la nulidad, o aportar con otros distintos (como la vía de derogar y reemplazar la normativa actual), con miras a los objetivos señalados anteriormente.
Sin perjuicio de lo anterior, la discusión sobre la validez de la anulación como procedimiento jurídico correcto en esta circunstancia desvía la atención sobre la urgente necesidad de corregir o eliminar los efectos nocivos de una ley aprobada, como ya se ha indicado, por parlamentarios financiados regular o irregularmente por las grandes empresas interesadas del sector, es decir, con un evidente conflicto de interés, y con dudosas motivaciones para defender el interés público.
En paralelo, debe iniciarse un nuevo proceso de discusión legislativa, el cual debe contar con el mayor escrutinio ciudadano y un análisis serio de la sustentabilidad de los recursos marinos, con el fin de dar una solución real a la sobreexplotación de los recursos hidrobiológicos de todos los chilenos, que hasta hoy ninguna ley sectorial en la materia ha entregado.
Por último, reiteramos nuestro apoyo a los pescadores artesanales que dependen de los recursos del mar y que luchan por mantener sus formas de vida y su fuente laboral y que han sido los grandes olvidados en la discusión de la Ley de Pesca, así como perjudicados por sus consecuencias.
29 de enero de 2016
Declaración pública sobre la discusión por la Ley de Pesca
