Declaración Territorio Talca sobre anulación del juicio contra Martín Larraín

Como Revolución Democrática Territorio Talca, hemos visto cómo nuestro movimiento avanza, crece y se fortalece con el trabajo desplegado en frentes específicos de materias de interés colectivo, y en territorios que se movilizan a lo largo de todo Chile. Buscando que nuestros intereses, que no son otros que aquellos que la mayoría de la ciudadanía, a veces olvidada y acallada, pretende.
Vemos cómo el apoyo popular se manifiesta no sólo bajo nuestra bandera, sino que desde el lenguaje común de la igualdad y la justicia. Por eso, no estamos ajenos a lo que ocurre en nuestro entorno. Mucho menos a lo que ocurre en nuestra propia realidad territorial.
Hace algunos meses fuimos testigos, en la Región del Maule, de un hecho de sangre que no dejó ajeno a ningún ciudadano: la muerte de Hernán Canales a manos de Martín Larraín Hurtado, en la comuna de Curanipe.
Martín Larraín es hijo de Carlos Larraín Peña, ex senador y ex presidente del partido Renovación Nacional. Hacemos hincapié en este hecho, no porque creamos que los padres sean responsables de los delitos cometidos por sus hijos mayores de edad. Pero se trata de un acto que distingue la acción de Martín Larraín de aquella que comete un chileno común y corriente, que no posee vínculo alguno por la vía del parentesco de un poder del Estado.
El denominado caso Larraín ha supuesto un verdadero desafío a la forma en que, como país, interpretamos el concepto de la Justicia. No sólo por la responsabilidad de un chileno en la muerte de otro, sino más allá. Se trata de un caso en que un chileno que es investigado por ser responsable de la muerte de otro, y que además se considera a sí mismo en un estatus distinto a cualquier otro imputado por un delito. Así nos ha quedado suficientemente claro no sólo de parte de la propia defensa del aludido, que ha buscado acuerdos informales con cercanos de la víctima -cuyo monto no sólo es absurdo sino una brutal honestidad acerca del valor que adquiere la vida de una persona para él. Así nos ha quedado suficientemente claro también de parte de su padre, miembro de la elite política de Chile, que ha considerado de forma reiterada que el hecho no es más que un “accidente” y un “error”, dejando de cumplir con el deber ético de mantenerse al margen del proceso.
Lo verdaderamente horrible de este caso, junto con la despiadada cadena de acciones, omisiones, encubrimientos y burlas de parte del imputado, ha sido la expresión de las fuerzas políticas afines a la familia Larraín: la protección mediática y pública que recibe quien toma parte en un hecho que termina con la vida de otro.
Frente a estos hechos, hemos sido testigos de la forma en que se desarrollan los eventos, esta vez en sede judicial: en una primera etapa investigativa llena de complicaciones dudosas, se concluye el proceso con la curiosa condena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, quedando sin embargo en libertad por la concesión del beneficio de la remisión condicional de la pena. Todo lo anterior, por haberse considerado imposible de probar que el imputado condujera bajo efectos del alcohol, siendo por lo tanto sólo posible acreditar un cuasidelito de homicidio -clase de delito que en nuestro ordenamiento jurídico, posee un estatus diverso al de un delito común, en donde la sanción se asimila más bien a una falta de cuidado, cuyo cuestionamiento legislativo parece más que evidente.
No obstante, la Corte de Apelaciones de Talca ha resuelto anular el juicio contra Martín Larraín, ordenando la celebración de uno nuevo, de modo que el proceso que busca aclarar quién mató a Hernán Canales siga adelante.
Como miembros de Revolución Democrática consideramos tener la obligación ética, moral y política, de realizar un pronunciamiento sobre este hecho: no sólo porque en Chile la ley penal adopta una personalidad dual cuando se trata de la consideración de delitos que se relacionan más con el poder económico de las personas. No sólo porque en Chile la justicia penal persiga con dureza al pobre, pero que cuando se trata de aquellos que tienen poder, el brazo se acorte. No sólo porque en Chile la clase política entienda a menudo que el mandato que le ha sido otorgado por el pueblo es más bien un privilegio más, cuando sólo se trata de un trabajo que se les encomienda para ser desarrollado bajo el más absoluto apego a las normas jurídicas, y también a las normas de la rectitud política, y de la ética personal.
La verdad es que como miembros de Revolución Democrática tenemos la obligación de pronunciarnos sobre este caso, porque la suma de elementos que lo han hecho noticia son la manifestación más clara del enorme espacio que divide a nuestro país, entre los que pueden, y los que no.
Porque en Chile hay quienes no pueden, ni aún bajo el amparo de la ley. Porque la ley no alcanza si no existe la verdadera voluntad de hacer que la Justicia sea un derecho que todo compatriota conozca. Por eso es que RD valora la acción judicial de la anulación del juicio a Martín Larraín como una oportunidad única e irrepetible de continuar en el camino de la búsqueda de la Justicia que los poderes del Estado siguen, entendiendo a la persona humana como un ser dotado de dignidad y derechos de verdad.
Pero es necesario hacer notar que ni aún una condena proporcional al hecho ocurrido el 18 de septiembre del año pasado, será necesaria para frenar a las fuerzas que insisten en convencernos de que no somos iguales. Se trata de un largo camino en que sólo la acción nos pondrá en la vereda que nos lleve al nacimiento del Chile más igual. Porque es el trabajo prioritario de Revolución Democrática, y fundamentalmente porque esta es una labor de todos.