Para un Ministerio de las Culturas que se ocupe de los problemas culturales

15 Julio, 2015 - 9 minutos de lectura

Vivimos momentos en que urge contar con una institucionalidad cultural para el país. Al Ejecutivo le urge cumplir con uno de los compromisos de la Presidenta para los primeros 100 días de gobierno, lo que se traduce en estos momentos, en trabajar para ingresar la esperada indicación sustitutiva durante el segundo semestre de este año. Por su parte, al sector de la cultura necesita contar con un ministerio que entregue un orden al sector, que permita dar un curso efectivo al desarrollo de las artes, de las industrias culturales y de los patrimonios, gestionando de manera más eficiente la dispersión de estas funciones.

Sin embargo, lo más importante para la sociedad es contar con una institucionalidad que permita, en el mediano plazo, hacerse cargo de los desafíos que en materia de cultura deberá abordar nuestro país. Chile no es el mismo de hace una década, y los cambios estructurales que ya se iniciaron, requerirán de un soporte cultural que permita proyectar nuestra sociedad al futuro. Por ejemplo, ser capaces de convivir y comportarnos en una sociedad con menor desigualdad, menor discriminación y mayor apertura al mundo; o lograr abordar los cambios en materia de cultura política. El reconocimiento de estos enormes desafíos inician con la tarea de reformulación de nuestra institucionalidad, tarea que tendrá su primer hito con la eventual conformación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Patrimonios.

En la misma perspectiva, el momento político no es menor. Luego de varios intentos de reunir a las organizaciones del Estado que se ocupan de la cultura bajo una misma institucionalidad -con avances notables como la estructura novedosa y participativa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y con arrastres difíciles como la convivencia de dos servicios con temáticas, presupuesto, alcance y cultura organizacional diferentes-, nuestro país cuenta con una nueva administración en la cartera, con un nuevo equipo tras el proyecto y, en definitiva, con un nuevo impulso en materia de institucionalidad. Desde esta perspectiva, pareciera ser un momento adecuado para avanzar hacia el posicionamiento de la cultura como un derecho social y como una herramienta de profundización democrática, otorgándole mayor peso político a estas discusiones.

En este escenario, la Comisión de Cultura de Revolución Democrática elaboró y presentó un documento de trabajo con sugerencias y apreciaciones sobre una nueva institucionalidad cultural. Su entrega se materializó en una reunión programática celebrada hace unas semanas, pero entendemos que este documento, si bien fue dirigido a la autoridad administrativa que encabeza este significativo proceso de reforma cultural, no puede estar ajeno a la observación de la ciudadanía. En tiempos en donde nuestro país atraviesa severos cuestionamientos de lobby, probidad y transparencia, la posición de los movimientos políticos es clave para abrir discusiones con la ciudadanía y avanzar hacia una mayor diálogo social. Creemos, por tanto, que los procesos de reconfiguración política antes señalados no son materia de comisiones de expertos o reuniones técnicas protocolares, sino que deben enfatizar la radicalización de su democracia en todo sentido: el compromiso es, por tanto, a que nuestras sugerencias y apreciaciones sean compartidas por los chilenos y chilenas que constituyen, a fin de cuentas, nuestro tejido cultural.

Aprovechar esta instancia para abrir los canales de diálogo implica balancear adecuadamente el largo periodo de trabajo pre-legislativo que este Ministerio ha suscitado. Ello implica sintetizar y recoger los insumos fruto de la Consulta Indígena realizada en cumplimiento del Convenio OIT 169 durante el año 2014, como también valorar las diversas gestiones ciudadanas que se hicieron ver a lo largo de este proceso. Considerar estos canales llevará a la estructuración de una institucionalidad que no sólo otorgue mejores espacios democráticos en su seno, sino que también refleje una construcción cuya formalidad sea respetuosamente participativa. Impulsar la modernización de este trabajo pre-legislativo de cara a la sociedad civil es también una exigencia mínima que, como país, debemos realizar constantemente en todos nuestros espacios de acción política, compromiso que hemos también planteado dentro de las sugerencias presentadas al ministro Ottone.

Ahora bien, resulta primordial ordenar la nueva institucionalidad de cara a principios rectores claros y robustos, los cuales otorguen directrices sólidas bajo las cuales se realice todo su aparataje estructural. Creemos que la participación ciudadana vinculante, la diversidad cultural, el sentido de la cultura comunitaria, la relación entre creación y patrimonio, y el rol del Estado en la garantía de un derecho a la cultura, son aspectos esenciales para hablar de una real renovación institucional.

Estos y otros principios construyen el cuerpo ideológico que requiere una nueva generación de ministerios, aquellos que sean reconocidos como espacios abiertos a la ciudadanía y no solo como mera burocracia estatal. Consolidar la debida integración de estos principios rectores debiese traducirse, en el marco de lo que esperamos de este ministerio, en una estructura orgánica que vislumbre instancias de participación ciudadana más amplia (por la vía de Consejos Nacionales de mayor representación, o bien por la integración de los Consejos contemplados en la Ley 20.500), como también en la aplicación de una diferenciación estratégica e igualitaria entre aspectos de arte, economía creativa y patrimonio cultural.

Sumado a lo anterior, nos parece igualmente necesario dotar de conciencia sistémica a este proceso de reforma, el cual no se agota en la sola dictación del Ministerio del ramo, sino también en la articulación de modernizaciones sectoriales. La oportunidad para agilizar la agenda legislativa, dictar leyes sectoriales para distintas expresiones artísticas y actualizar una serie de debates pendientes vinculados al resguardo y gestión del  patrimonio (como una real Ley de Patrimonio, la puesta en ejecución de la Política Nacional de Museos y una debida Ley de Archivos), son también aspectos que deben ser considerados desde ya. El Ministerio no solucionará las exigencias concretas que deben ser agilizadas para estar ante una real nueva institucionalidad, sino que debiera articularse con otros procesos que lo doten de musculatura, agencia y, en definitiva, mayor dinamismo. El llamado es a continuar este debate a través de las distintas sugerencias que hemos formulado para, como ciudadanía, revolucionar nuestros espacios culturales.

Lee y descarga el documento “Apreciaciones y sugerencias y para el Ministerio de las Culturas” elaborado por la Comisión de Cultura de Revolución Democrática.

Por Francisco Villaroel y María Paz Undurraga, de la Comisión de Cultura de RD. Publicada el 15 de julio en la web Diario UChile.