RESUMEN EJECUTIVO:
Manifestando nuestro apoyo a los importantes avances ya propuestos por la CAPD, creemos necesario profundizar las reformas de descentralización en ciertos aspectos ideológicos, políticos y de generación de capacidades ascendentes de acción pública territorial. Consideramos que las propuestas desarrolladas a continuación, sin ser excluyentes de otras que permitan avanzar en el mismo sentido, permitirán consolidar una dimensión territorial de las capacidades de regulación y fomento democráticos para la construcción del bien común, contribuyendo a contrarrestar la hegemonía del mercado que impera actualmente en Chile.
1. Establecer un principio constitucional de soberanía popular y que éste sea garantizado por mecanismos efectivos de empoderamiento ciudadano. Es el eje ideológico y político de esta propuesta, considerando una reforma al artículo 5° de la constitución, que establece actualmente un principio de soberanía nacional, abstracto y sujeto de apropiación autoritaria, el que debiera sustituirse por un principio de soberanía popular, como fundamento del poder constituyente del pueblo. El ejercicio efectivo de este principio requiere implementar una institucionalidad que permita organizar, legitimar y empoderar a las comunidades políticas locales, en particular en lo relativo a pueblos originarios, con instrumentos deliberativos y vinculantes de participación ciudadana.
2. Implementar instrumentos de regulación territorial del usufructo de bienes comunes. Debe fomentarse el empoderamiento de las comunidades locales organizadas como actores con poder de veto en la negociación de compensaciones de impacto ambiental, de actividades extractivas o productivas. Además, los gobiernos regionales democráticamente electos deben gozar de autonomía fiscal al menos en lo relativo a impuestos de compensación por impacto ambiental, pudiendo fijar estas tasas según criterios regionales – dentro de ciertos márgenes – e implementando la recaudación regional de estos impuestos. Esto se propone como complemento a la propuesta de ley de rentas regionales de la CAPD.
3. Generar capacidades ascendentes para el desarrollo territorial integral. Las regiones deben tener capacidades autónomas para el diseño y evaluación de estrategias productivas y para fomentar su realización mediante la inversión pública, sostenida en instrumentos de recaudación regional. Asimismo, los instrumentos de planificación territorial deben legitimarse desde una dinámica ascendente y participativa, organizando las iniciativas locales a partir del consentimiento soberano de las comunidades. Además debe reforzarse la resiliencia territorial mediante estrategias regionales de prevención de riesgos y de reconstrucción a mediano y largo plazo, apoyadas por la capacidad nacional de reacción inmediata ante catástrofes. Las estrategias de desarrollo territorial integral deben tener énfasis en la creación de valores endógenos, mediante la retención de capital humano, el fomento a la diversidad, intensidad y sinergias productivas de las cadenas de valor locales, enfocándose en el enriquecimiento de la diversidad cultural local e incluyendo estatutos particulares para las comunidades indígenas.
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Propuestas de Revolución Democrática a la Comisión Asesora Presidencial de Descentralización
