Pablo Padilla. Candidato a Diputado distrito 9
Desde hace tiempo la llamada “economía informal” es un tema sobre el cual se viene hablando, sin demasiada claridad sobre qué es y qué se debe hacer con ella.
Como primera impresión, se puede pensar en ese mundo de trabajadoras y trabajadores en situación precaria, mayormente en la calle y por cuenta propia.
Y esto es así, pero sólo en parte. Si miramos las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el espacio de la informalidad entran desde venta callejera, cooperativas y emprendimientos caseros, hasta subcontratados y el trabajo doméstico. Al día de hoy, y según estudios de junio de 2017, (Fundación SOL), casi la mitad de la fuerza de trabajo chilena entra en esta categoría.
Al respecto hay mucha promesa por cumplir de parte del Estado. De hecho, el mismo Estado Chileno firmó en 2015 la Recomendación 204 de la OIT. Dicho documento compromete a los países firmantes a avanzar en medidas que tiendan a solucionar la situación de las personas que dependen de la economía informal.
Esta Recomendación pretende conseguir que el concepto clave de ‘trabajo decente para todos’ se transforme en algo más que una simple frase hecha. Brinda a los trabajadores y trabajadoras informales el marco legal para que su trabajo sea reconocido, dándoles acceso a la justicia y aportándoles las herramientas para combatir la criminalización de sus actividades económicas genuinas.
Pues bien: pocos avances se han visto en este sentido en cuanto a políticas públicas. Hay conversaciones de lento avance entre el Ministerio del Trabajo y organizaciones del mundo del “cuentapropista”, en cuanto a delinear una Subsecretaría del Trabajo Informal que ordene las políticas públicas del sector. Pero de momento son sólo eso: conversaciones, sin fecha ni horizonte de avance. Palabras.
El Sindicato de Trabajadores de la Locomoción Colectiva (Sintraloc), con más de 30 años de experiencia, ha logrado impulsar importantes avances, como la primera ley a nivel mundial que regula a trabajadoras y trabajadores de la locomoción colectiva, la ley 20.388, del año 2009. Dicha organización se encuentra a la delantera en cuanto a impulsar no sólo la aplicación de la Recomendación 204, sino que en otros avances que doten de derechos sociales a un sector enorme pero invisible del mundo laboral chileno.
Queda mucho por avanzar en ese campo. Hay que destacar, como tantas veces, el papel que el sindicalismo tiene en cuanto a la conquista de beneficios y derechos. A ese sindicalismo no le bastan las promesas, sino que es capaz de mantener claro el norte de luchar por la clase trabajadora.
El mundo de la precariedad, en todas sus formas, es víctima diaria de la desigualdad, el abuso y la ausencia de justicia. Si queremos revertir eso, hay que movilizarse, hay que lograr nuevas alianzas y coordinaciones entre el enorme mundo de la economía informal.
Hay que ir copando espacios de poder, que pasan desde la movilización social hasta la disputa electoral de sindicalistas en elecciones populares. Llegar con sindicalistas al congreso no es sólo una esperanza, sino que es una obligación para cambiar de una vez esta injusta sociedad en que vivimos. Para que en Chile la Recomendación 204 de la OIT deje de ser una linda declaración de intenciones. Y que todo trabajo sea fuente de bienestar y derechos. Sin trabajadoras y trabajadores de segunda categoría.
