Por Juan Ignacio Latorre, senador región de Valparaíso.
Chile se encuentra en un grave contexto de escasez hídrica. Más de 400.000 personas no tienen acceso al agua a través de cañerías y deben abastecerse mediante camiones aljibe[1]. Hacia el año 2040, Chile entrará en el grupo de los 25 países con mayor estrés hídricoen el mundo. De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Obras Públicas, al considerar todo el territorio nacional el volumen de agua disponible a partir de las precipitaciones que escurren por cauces es de 53.000 m3 por persona al año. Esto constituye ocho veces el promedio mundial de 6.600 m3 por persona al año, y en 25 veces el mínimo (2.000 m3 por persona al año).
En Chile existe suficiente agua para asegurar el suministro. Aun así, no se le garantiza el acceso al agua a toda la población. Esto, a diferencia de lo que algunos piensan, no se debe solo al problema de gestión del agua, sino que, de manera central, a la regulación de los derechos en nuestra Constitución. La ONU, reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento por sobre el derecho a propiedad. El año 2019 presentamos en el Senado un proyecto de reforma constitucional, que buscaba eliminar el texto de la Constitución sobre la propiedad que se otorga sobre las aguas a los titulares de los derechos reconocidos o constituidos sobre ellas (Numeral 24, inciso 11) y que incorpora el derecho humano al agua. Lamentablemente, se necesitaba un quórum de ⅔ que no se logró, por lo que el proyecto fue rechazado. Este proyecto no es la única reforma constitucional que ha sido rechazada debido a los altos quórums establecidos en la Constitución de Guzmán. Un ejemplo más de las trabas que impone a la democracia la Constitución del dictador.
El plebiscito del próximo 26 de abril se vuelve fundamental. No solo nos da la oportunidad de enterrar una Constitución escrita a sangre y fuego en nuestro país, sino que es un paso tremendamente importante para poder garantizar derechos humanos básicos en nuestra Carta Fundamental que nos permitan legislar luego acorde a eso.
Cuando vayamos a votar por el “Apruebo” y por la “Convención Constitucional”, estaremos abriendo la puerta a un proceso que nos va a permitir tener una democracia sin trampas, participativa, que consagre derechos fundamentales y en cuya escritura podrán participar quienes activamente han luchado por estos derechos. Sería una victoria del pueblo de Chile contar con delegados y delegadas que pudiesen plasmar en nuestra Constitución otra forma de aproximación hacia nuestros bienes comunes, que permitan que la dignidad se esparza por ancho y largo de este territorio.
