Columna |Agua y Nueva Constitución

Por el senador Juan Ignacio Latorre

Por Juan Ignacio Latorre, senador región de Valparaíso.

Chile se encuentra en un grave contexto de escasez hídrica. Más de 400.000 personas no tienen acceso al agua a través de cañerías y deben abastecerse mediante camiones aljibe[1]. Hacia el año 2040, Chile entrará en el grupo de los 25 países con mayor estrés hídricoen el mundo. De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Obras Públicas, al considerar todo el territorio nacional el volumen de agua disponible a partir de las precipitaciones que escurren por cauces es de 53.000 m3 por persona al año. Esto constituye ocho veces el promedio mundial de 6.600 m3 por persona al año, y en 25 veces el mínimo (2.000 m3 por persona al año).

En Chile existe suficiente agua para asegurar el suministro. Aun así, no se le garantiza el acceso al agua a toda la población. Esto, a diferencia de lo que algunos piensan, no se debe solo al problema de gestión del agua, sino que, de manera central, a la regulación de los derechos en nuestra Constitución. La ONU, reconoce explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento por sobre el derecho a propiedad. El año 2019 presentamos en el Senado un proyecto de reforma constitucional, que buscaba eliminar el texto de la Constitución sobre la propiedad que se otorga sobre las aguas a los titulares de los derechos reconocidos o constituidos sobre ellas (Numeral 24, inciso 11) y que incorpora el derecho humano al agua. Lamentablemente, se necesitaba un quórum de ⅔ que no se logró, por lo que el proyecto fue rechazado. Este proyecto no es la única reforma constitucional que ha sido rechazada debido a los altos quórums establecidos en la Constitución de Guzmán. Un ejemplo más de las trabas que impone a la democracia la Constitución del dictador. 

El plebiscito del próximo 26 de abril se vuelve fundamental. No solo nos da la oportunidad de enterrar una Constitución escrita a sangre y fuego en nuestro país, sino que es un paso tremendamente importante para poder garantizar derechos humanos básicos en nuestra Carta Fundamental que nos permitan legislar luego acorde a eso.

Cuando vayamos a votar por el “Apruebo” y por la “Convención Constitucional”, estaremos abriendo la puerta a un proceso que nos va a permitir tener una democracia sin trampas, participativa, que consagre derechos fundamentales y en cuya escritura podrán participar quienes activamente han luchado por estos derechos. Sería una victoria del pueblo de Chile contar con delegados y delegadas que pudiesen plasmar en nuestra Constitución otra forma de aproximación hacia nuestros bienes comunes, que permitan que la dignidad se esparza por ancho y largo de este territorio.