Con el fin de terminar con el llamado “clasismo en seguridad”, la diputada Maite Orsini y el diputado Giorgio Jackson junto al apoyo transversal de otros parlamentarios como Miguel Calisto, Daniel Núñez, Sofía Cid y Pepe Auth, presentaron el Proyecto de Ley Derecho a la Seguridad.
Para abordar a corto y mediano plazo esta materia, los diputados de Revolución Democrática tomaron dos medidas: una carta que busca exigir que se agreguen criterios de equidad al Presupuesto 2020 de Carabineros, y un Proyecto de Ley por el Derecho a la Seguridad que busca establecer que los recursos policiales, tanto materiales como humanos, se repartan de manera justa.
“Es urgente establecer criterios a la hora de distribuir los recursos, entre los que se encuentran la vulnerabilidad de la población, los delitos de mayor connotación social y la cantidad de habitantes, entre otros aspectos. También queremos aumentar la transparencia, esos datos no pueden estar reservados a Carabineros, se tienen que informar al Ministerio de Interior y a este Congreso. Esta distribución injusta tiene resultados injustos”, indicó la diputada Orsini.
En la actualidad, en comunas como Renca o Cerro Navia hay un Carabinero por cada 999 y 1.230 habitantes, mientras que en otras como Las Condes hay uno cada 570. El presupuesto particular de este año de Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Vitacura para seguridad suman $25.000 millones mientras en Pudahuel, Lo Prado, Renca y Quinta Normal, es de solo $2.100 millones.
“Con el caso escandaloso de la población Carol Urzúa en Puente Alto pudimos ver la invisibilización por parte de autoridades del asesinato masivo de cinco personas versus lo que fue el robo de una cartera o un celular en el barrio alto. Eso es escandaloso y se refleja en la disposición de Carabineros en la relación de comunas más ricas con sectores de la periferia. Nos parece inaceptable, es cerca de un billón que todos los chilenos aportan”, explicó Giorgio Jackson.
Para revertir esa situación, a comienzos de semana se hizo entrega de una carta al ministro Andrés Chadwick para que desde la cartera de Interior y Seguridad Pública se aborde con celeridad esta problemática. “No aprobaremos una dotación de Carabineros que siga siendo secreta y sin informar, que no tengamos datos veridícos ni constantes. Y segundo, que no responda a ningún tipo de criterio razonable en torno a la equidad en materia de distribución”, afirmó Jackson.
El diputado Daniel Núñez destacó la importancia de este proyecto a la hora de plantear estándares de distribución. “Este proyecto de ley abre los criterios y los hace transparentes, es un gran aporte. Además, utilizaremos la ley de Presupuesto para forzar esta distribución equitativa, porque esto no puede esperar dos o tres años en el Congreso”, aseveró.
Según el diputado Miguel Ángel Calisto, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, “por cada peso que se invierte en La Granja o en Renca en materia de seguridad ocho pesos se invierten en Las Condes. La subsecretaría de prevención del delito el año 2018 recibió cerca de $3.900 millones y solo la Municipalidad de Providencia, con recursos propios de la comuna invirtió $3.200 millones en seguridad”, afirmó refiriéndose a la inequidad que se agudiza cuando entran en juego los presupuestos particulares de cada comuna.
Según datos recopilados por la Fundación Chile 21, las comunas donde los delitos han disminuido de manera más marcada son Vitacura (29%), La Reina (27%), Las Condes (20%), Lo Barnechea (17%) y Providencia (16%). Al mismo tiempo, comunas como Renca y Quinta Normal sufrieron un aumento de la cantidad de delitos en proporciones similares, con un 21% y un 20% respectivamente.
