Belén, mujeres y Estado. Una historia de desprotección y castigo

Desde 1989, cuando la Dictadura en sus últimos días modificó el Código Sanitario, nuestro país prohíbe el aborto en cualquiera de sus formas, dando paso a que un número de aproximadamente 160 mil abortos anuales (incluso se habla de hasta 200 mil) se practiquen en la clandestinidad, en muchas ocasiones bajo condiciones precarias. En este marco, una mujer que decide abortar en Chile no sólo arriesga su salud y su vida; también puede ser condenada a entre tres y cinco años de cárcel. De esta manera llana y estremecedora, el Estado de Chile viola los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, normalizando la violencia sexual y la falta del derecho a elegir; desprotegiendo su integridad física y psíquica; y forzando la maternidad, significándola entonces, para muchas, como un hecho traumático. Cuando hablamos de estos derechos para las mujeres, Chile se posiciona como un país fundamentalista, formando parte del 0,4% de Estados del mundo que prohíbe el aborto de forma radical.
Con este debate aún pendiente, aparece en la escena pública el caso de Belén, niña de 11 años que fue violentada sexualmente de forma sistemática desde los nueve años por su padrastro. Producto de esto, hoy está embarazada. El caso ha causado gran impacto social, abriéndose una discusión sobre la necesidad de legislar sobre el aborto; al menos, en casos de violación o por indicación médica. En este escenario, pareciera que lo que urge ya no es convencer a los mismos de siempre de que esto no es un atentado contra la moral del Dios-Padre, sino crear las estrategias y condiciones para que la despenalización del aborto sea una pronta realidad, en lugar de seguir reposando cómodamente dentro de los temas de la contingencia nacional. Bien sabemos que cuando el caso de Belén salga de los medios, la despenalización del aborto también lo hará.
Hoy es crucial avanzar hacia un nuevo discurso en esta materia. Hay que instalar una óptica distinta de la predominante, que entiende la biología de una mujer como inseparable de la figura de la madre. Es imperativo establecer que aquí hay una niña que fue violada y embarazada contra su voluntad. Esa es la figura protagónica, no una potencial madre.
Lo que se obvia con una lógica hegemónica conservadora sobre el embarazo, es que el tránsito por tres fases que se resumen en gestación, parto y post-parto, no es parte de los procesos vitales que las mujeres debemos asumir como un mandato, sino que es opcional. Que cada uno de esos componentes tiene elementos simbólicos importantes. Que, en casos como el de Belén, absolutamente ninguno de ellos será consecuencia de su deseo y voluntad, sino que nacerán de una imposición. En ese sentido, la experiencia y la subjetividad que se forjan a partir de los nefastos hechos vividos por niñas como Belén no se solucionan con la adopción del niño o niña por parte del SENAME. ¿Quién se hace cargo de la vivencia de ese sujeto mujer? ¿Es legítimo que el Estado de Chile responda a esa experiencia imponiendo a una niña un proceso de características similares a una tortura? Belén no sólo deberá cargar con los efectos de dos años de abusos reiterados, sino que además se verá obligada por el Estado a re-victimizarse por nueve meses más. El mismo Estado de Chile, quien debe velar por la protección integral y reparación de los derechos de Belén, es el que a su vez seguirá vulnerando uno de sus derechos fundamentales: el derecho a ser niña.
La mirada que indica que esa vida que viene en camino no debe pagar por los delitos de otros, oculta que la mujer es un sujeto activo de derechos, y que éstos son los que prevalecen, ya que un feto no tiene derechos que estén por sobre la potencial madre. De lo contrario, estaríamos negando la condición de ciudadanas a las mujeres, reduciéndolas –reduciéndonos- a un útero. Años de aprendizajes nos han mostrado que la pretensión de que un feto es un sujeto de derechos no es más que una estrategia contra las mujeres, para evitar que gocemos de una plena igualdad de género. Dicha estrategia encuentra su mejor aliado en la culpa, que a la vez se aloja idóneamente en el discurso conservador católico.
También en 1989, Chile ratificó a la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). Los Estados parte deben promover y asegurar que los derechos que ésta propone se cumplan; es por esta razón que nace el SERNAM en 1991. Aun así, casi 25 años después, el Estado chileno presenta un atraso significativo en políticas que involucran la participación política, derechos laborales, violencia de género y derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, entre otros. La CEDAW ha recomendado al Estado de Chile que revise la legislación sobre el aborto y lo despenalice en casos de violación, incesto o amenaza a la salud o la vida de la madre; sin embargo, nuestros legisladores y legisladoras no se han hecho cargo de estos temas.
Se vislumbra, entonces, la operación de un sistema de alta perversidad: el Estado (y la sociedad en general) no se ha ocupado sistemáticamente de crear mecanismos eficaces para la erradicación de la violencia sexual (y cualquier otra) contra las mujeres. Pero además, en casos como el de Belén, las mujeres que han sobrevivido a la violencia sexual deben cargar con la penalización del aborto, que implica no sólo una condena moral en caso de decidir someterse a uno, sino asumir la posición de criminal. El violador pasa a un segundo plano en la escala de visibilidad moral, penal y social. Así opera el mandato hacia las mujeres.
Hoy, más que nunca, hay que recordar que el derecho a la vida es indivisible del derecho a la libertad de elegir; de proyectar una planificación de la vida que queremos realizar; y de que esta proyección la hagamos de acuerdo a nuestros deseos, y no en base a lo que dicte una minoría consistente.
 Estefanía Andahur
Coordinadora Frente de Género, Revolución Democrática.