Tras las jornadas de protesta social, en que Chile despertaba y exigía el cumplimiento de diversas demandas ciudadanas, la respuesta del Gobierno liderado por el Presidente Sebastián Piñera y ejecutada por el Ministerio del Interior, fue limitar derechos fundamentales y reforzar las facultades del uso de la fuerza sin prevenir las graves violaciones a los derechos humanos que hemos conocido.
En Chile, desde el 18 de octubre a la fecha se han perpetrados miles de violaciones a los derechos humanos ejecutadas directamente por agentes estatales. Entre ellas resaltan por su crudeza los casos de torturas y tratos crueles en las comisarías del país, la violencia sexual en contra de mayoritariamente mujeres, niñas y adolescentes, la mutilaciones oculares por uso de perdigones y bombas lacrimógenas y asesinatos de civiles.
Ciertamente, estamos ante la mayor vulneración de derechos desde el retorno de la democracia. Esta realidad requiere de medidas urgentes en el rol de todas las instituciones. Como son los tribunales de justicia los que deben dar celeridad a las investigaciones de estos crímenes, una las medidas desde el Congreso es determinar las responsabilidades políticas por las graves violaciones a los derechos humanos.
Esta última medida tiene relevancia principalmente por dos razones: la primera es que es la instancia en que las más altas autoridades en materia de seguridad y orden público responden por su actuar dentro del mandato que la Constitución y las Leyes le confieren, y en segundo lugar, porque esta respuesta, a su vez, podrá ser conocida por la ciudadanía, que a pesar de las constantes denuncias no ha tenido oportunidad de una respuesta completa y seria sobre el actuar abusivo y desproporcionado de la fuerza pública.
Es necesario que el Parlamento, a través de los procedimientos constitucionales, establezca las responsabilidades políticas por las graves violaciones de derechos humanos, resguardando que estos procedimientos sean transparentes y que de cara al pueblo de Chile se dé cuenta de las responsabilidades constitucionales de las altas autoridades del Gobierno en los hechos ocurridos desde el 18 de octubre.
En ese sentido, la aprobación de la acusación constitucional a Andrés Chadwick es un paso para conseguir justicia y para que no haya impunidad. Como partido apoyamos en todo momento la presentación de la acusación y mantuvimos la firme convicción de que el exministro tenía responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos perpetrados.
Como Revolución Democrática nuestra misión es apoyar todas las iniciativas que desde los espacios de trabajo en derechos humanos se realicen y fomentar a su articulación.
Estas son las principales medidas para avanzar a la reparación integral de las víctimas, sus familias y la sociedad, que debemos promover o apoyar según sea el caso:
- El cese de las graves violaciones de Derechos Humanos.
- El avance hacia una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación que dé garantía a todos los sectores sociales.
- La exigencia en la determinación de responsabilidades administrativas de altos mandos de Carabineros y el Ejército.
- La protección del derecho a manifestación social.
- Las respuesta a las demandas sociales.
