Columna: el legado de la dictadura sigue vivo en el sistema socioeconómico que nos rige


 
Por Catalina Pérez, Diputada Distrito 3
 
 
 
 
 
Como diputación nos unimos a las distintas manifestaciones que se harán en Santiago, Valparaíso y Antofagasta en memoria de los miles de chilenos y chilenas que fueron asesinados, torturados, desparecidos y exiliados durante los 17 años de la dictadura de Pinochet. Es nuestro deber y nuestro compromiso con la historia y con el dolor de un país que sufrió las más horribles vejaciones por parte de un Estado represor que truncó con violencia la historia de nuestro país.
Hacemos propia la consigna ni perdón ni olvido. La liberación de reos de Punta Peuco, condenados por delitos de lesa humanidad, es un hecho que vulnera los derechos de las víctimas de la dictadura y sus familiares y no podemos permitir que los culpables sigan recurriendo a argucias legales para obtener beneficios que no merecen, pues la mayoría de ellos no ha colaborado con la justicia ni manifestado arrepentimiento alguno por los horrendos crímenes cometidos.
Queremos recordarle a la ciudadanía que este país todavía tiene muchas cicatrices y heridas abiertas y que eso no se borra de las mentes y los corazones de quienes sufrieron del terrorismo de estado con palabras compasivas ni buenas intenciones. No es posible imaginar el futuro del país sin reconocer su pasado, por muy doloroso y triste que este sea. Lo que se necesita después de casi cinco décadas, es justicia y hay un sector de Chile que fue colaboracionista de la dictadura y que ha hecho lo posible por evitar que esa justicia se concrete. Es la fecha ideal para hacer un llamado fuerte y claro a todos aquellos que se han dedicado a obstruir los intentos de justicia para que de una vez por todas, definan su lealtad con los Derechos Humanos. Así como debemos tener el valor de condenar estas violaciones en otros países del continente, todos deberíamos colaborar con la incansable búsqueda de justicia que tantas víctimas y sus familias han llevado a cabo infructuosamente por tanto tiempo.
Finalmente es necesario recordar que el legado de la Dictadura Militar sigue vivo en el sistema socioeconómico que nos rige, consagrado en la Constitución de 1980, varias veces reformada, pero estable en sus principios e instituciones centrales. Nuestra Constitución es la base del modelo neoliberal que privatiza nuestros derechos y recursos naturales y que nos limita a una democracia de baja intensidad.
El golpe de Estado nos lleva a decir con mayor convencimiento que nuestra sociedad se merece un nuevo pacto social, consagrado en un nuevo texto constitucional. Ese logro democrático sería la mejor forma de conmemoración que nuestra generación podría entregarle a las víctimas de la Dictadura.
 
Columna publicada en El Diario de Antofagasta.