Columna | El Orgullo de una Alita Rota

Por Jorge Campusano Rodríguez, Consejero Político Región de Coquimbo.

Hasta el 11 de Julio de 1999 las relaciones sexuales entre dos hombres o dos mujeres adultas eran motivo de sanción penal bajo la figura de la sodomía en Chile. Durante un trámite legislativo de casi 5 años para despenalizar la homosexualidad; distinguidos legisladores (algunos de ellos aún presentes en el Congreso Nacional) vociferaban:

“Hoy se discute la despenalización de la sodomía y es fácil saber cuál será su próximo paso. La sodomía es una conducta anormal y antinatural” (Iván Moreira, 1995).

“Se hace necesario mantener alguna forma de intolerancia frente a conductas que al menos, merecen una sanción social, básicamente como una forma de prevenir en nuestro país la aparición de un homosexualismo militante” (María Angélica Cristi, 1995)

Hoy casi 20 años después, la comunidad homosexual en Chile ha avanzado progresivamente en el reconocimiento de sus derechos humanos. Contamos con una Ley Antidiscriminación (nacida al alero del brutal crimen de odio contra Daniel Zamudio), un Acuerdo de Unión Civil para regular ámbitos patrimoniales y de convivencia en nuestras relaciones, una Ley de Identidad de Género, organizaciones de la sociedad civil fortalecidas y militantes en la causa de los derechos humanos, entre algunos significativos avances.

Sin embargo, la brecha para el reconocimiento pleno de derechos aún es larga; no existe una Ley de Identidad de Género que respete a la niñez trans; no contamos con una ley de filiación que regule la homo-lesbo parentalidad; ni políticas activas contra la discriminación por orientación sexual, una ley de matrimonio igualitario, adopción homo-lesboparental, posibilidades plenas de expresión afectiva en el espacio público y no discriminación en los contextos laborales, entre muchos otros desafíos.

La comunidad LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queers y más) hoy se visibiliza y lucha por sus derechos; en tanto derechos humanos. Defiende su desarrollo integral y libre de violencia en una sociedad que demanda una educación no sexista. Las cifras de VIH/SIDA son una alerta que exige del Estado un compromiso activo con una educación sexual con perspectiva de derechos, base científica e inclusiva hacia la diversidad sexual.

Los crímenes de odio contra la comunidad LGBTIQ+ aumentan un 44%, según los reportes del MOVILH; 698 denuncias y abusos basados en la orientación sexual o la identidad de género fueron informados el 2018. ¿Cuánto abuso y violencia cotidiana no llegó a estas cifras por miedo, desconocimiento, marginalidad o naturalización? La violencia es un cáncer que se ramifica por nuestra sociedad. La aceptación, en aras de la libertad de expresión, de discursos de odio y discriminación solo profundiza y agudiza una herida que aún no logramos cerrar como corresponde.

La conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ no sólo debe ser un motivo para celebrar la diversidad de nuestras identidades, sino que debe ser un momento para tomar impulso sobre las demandas políticas, institucionales y culturales que nuestra comunidad necesita. Demandas que sean capaces de erradicar la violencia de nuestras biografías y garantizar el más alto potencial de nuestro desarrollo e integración social.

Porque como brillantemente nos dijo Pedro Lemebel en su Manifiesto “Hablo por mi Diferencia” de 1986:

Hay tantos niños que van a nacer / Con una alita rota / Y yo quiero que vuelen compañero / Que su revolución / Les dé un pedazo de cielo rojo / Para que puedan volar.