Columna | ¡No más deudas por estudiar!

Por Juan Ignacio Latorre, presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado.

Las últimas semanas hemos sido testigos de un estallido social inédito en nuestro país, que nace de la indignación ante un modelo donde la excesiva privatización de derechos sociales y que ha llevado a abusos que la población ha sufrido por décadas. Hoy, las movilizaciones han puesto en entredicho el modelo neoliberal y la democracia representativa. Si bien el anuncio sobre proceso constituyente es un paso importantísimo, creemos necesario seguir insistiendo en una agenda corta de reformas que mejoren sustancialmente la calidad de vida de las personas, respondiendo a sus necesidades urgentes.

Debido a las políticas creadas por el Estado, hoy cerca de dos millones de familias deben cargar una pesada mochila, con deudas que pueden alcanzar hasta tres veces el costo de sus carreras y que impiden el desarrollo de sus vidas. Año a año va aumentando el número de profesionales endeudados, muchos de ellos subempleados o en trabajos precarios ¡que ni siquiera están relacionados con lo que estudiaron! Avanzar hoy hacia la condonación universal de las deudas educacionales es urgente, pues es uno de los más emblemáticos símbolos del abuso de una educación mercantilizada hasta el extremo. Gracias a ella se expandió la educación superior. Expansión que produjo un sistema principalmente privado, altamente segmentado socialmente, de baja calidad promedio, sobre el que lucraron bancos y grandes conglomerados empresariales, tanto nacionales como internacionales. 

Sin embargo, en lo inmediato, desde el Parlamento hemos impulsado transformaciones que pongan fin a los abusos que tienen a los estudiantes y sus familias en condiciones crediticias más gravosas que a los deudores de créditos de consumo (considerando que la condonación, lamentablemente, depende del ejecutivo). Es por ello que tramitamos en el Senado el proyecto de ley #ChaoDICOM, que actualmente se encuentra en tramitación en la Cámara de Diputados y que busca  sacar de los registros comerciales a todos los deudores educacionales. Asimismo, en una articulación política transversal, presentamos proyecto de ley que “despenaliza” la deuda por estudiar, que busca poner término a  situaciones de abuso e indefensión en las que se encuentran quienes no pueden pagar. 

Las movilizaciones corrieron la barrera de lo posible y, desde nuestro rol, las y los parlamentarios no podemos sino trabajar por darle ganadas concretas al pueblo, saliendo a convencer a quienes haya que convencer, para lograr proyectos de ley que ataquen a este modelo neoliberal y liberen a las personas de los abusos de una sociedad mercantilizada al extremo. En esa línea, reparar el daño que ha producido el Estado con la instauración del CAE y contribuir a poner fin al endeudamiento en general como mecanismo de acceso a la educación superior son objetivos fundamentales.