Por Frente Migrante Región Metropolitana
En los últimos días hemos conocido, ya sea por la opinión pública o testimonios directos de ciudadanos a las organizaciones de migrantes, cómo la indiferencia ante la muerte del ciudadano Joseph Henry en el aeropuerto, y el abuso de la fuerza pública con los extranjeros, reflejan las consecuencias de la persecución a la comunidad migrante y la ausencia de políticas de integración con enfoque de Derechos Humanos.
Pero estos no son hechos aislados si consideramos las “Medidas Administrativas con Efecto Inmediato” de la Reforma Migratoria que se anunciaron el 9 de abril de este año, y que responden a discursos mediáticos, motivando la exclusión, el racismo, los estereotipos, y la criminalización sobre los migrantes.
Esta semana han salido a la luz pública denuncias de detenciones ilegales y agresiones físicas por parte de fiscalizadores contra comerciantes ambulantes, entre ellos algunos inmigrantes. De igual manera ha crecido el temor en la comunidad migrante, debido a los controles de identidad realizados por agentes de la PDI, en lugares que tienen alta afluencia de extranjeros, conforme al anuncio oficial para perseguir a quienes no se acogieron al proceso de regularización extraordinaria y que estarían frente a una posibilidad de expulsión, en palabras del Ejecutivo.
Por eso vemos con mucha preocupación la ausencia total de diálogo y empatía con la comunidad inmigrante por parte del Gobierno. Creemos que estas acciones de represión y hostigamiento no contribuyen a la regularización de su permanencia en el país ni a garantizar sus derechos. Por el contrario, precarizan su calidad de vida y fomentan la xenofobia y el racismo dentro de nuestro país.
Columna: Rechazo a criminalización del inmigrante
