La pandemia develó la fragilidad de nuestro sistema de salud y la precariedad en el que viven miles de compatriotas que dependen del sistema público para atender sus necesidades de atención médica. Y especialmente develó que las personas que viven con VIH están al final de la fila de las prioridades del Estado.
La respuesta del organismo de Chile al VIH ha sido desde siempre precaria en todos los niveles y en gran medida responde a la desidia de los gobernantes, lideres de opinión y teñida de sesgos instalados por los sectores conservadores que siguen actuando como poderes fácticos que insisten en abordar la salud pública como un tema “valórico”.
Durante la pandemia, muchas personas no pudieron acceder a sus tratamientos garantizados por ley, debido a la sobrecarga de un sistema de salud estatal que sigue haciendo agua, pero por sobre todo fueron víctimas de la desidia de Estado. Hoy, en el Día Mundial de Acción contra el VIH-Sida no podemos hacer otra cosa que seguir denunciando la falta de acceso a tratamiento, ausencia de planes de prevención integrales y más aún, la falta de voluntad del Gobierno por generar y reforzar las políticas publicas que garanticen el derecho a la salud a toda la población.
La exigencia aquí es bastante clara, queremos un Estado que deje de discriminar a las personas que viven con VIH, que de una vez por todas tome un rol protagónico en garantizar el acceso a la medicación y que genere planes fuertes de atención -especialmente durante el periodo de pandemia-, siguiendo el ejemplo de otros países del mundo que han tomando compromisos por garantizar el tratamiento a todas las personas, independiente del sistema de salud al que estén suscritos.
Junto a eso, se hace además necesario no descuidar la prevención como elemento central de la política pública hacia el VIH, tanto a nivel general, como también para los distintos grupos en que la transmisión va en aumento.
Educación y salud deben ser aliados ante la crisis mundial del VIH y Chile ha hecho poco ante esto. Hace un mes se rechazó el proyecto de Ley de Educación Sexual Integral despojando a las comunidades escolares de un elemento céntrico que distintos organismos internacionales han puesto como punto central de las políticas de prevención, por lo que se hace urgente adelantar y avanzar un un sistema nacional de educación sexo afectiva, con énfasis en la responsabilidad colectiva del cuidado, la no discriminación y la entrega de información certera que entregue herramientas que permitan a todas y todos tomar decisiones informadas y centradas en el autocuidado y el co-cuidado.
“Solidaridad mundial, responsabilidad compartida”, es el llamado de este año para recordar que el VIH no es un problema de unos pocos, sino que sigue siendo un problema de interés mundial y que no distingue clases, sexo ni orientación sexual, y que la acción debe ser responsabilidad compartida de todos los actores de la sociedad y especialmente del Estado.
