“Menos aplausos, más reconocimiento” se escuchaba en las silenciadas movilizaciones del sector público de salud y en específico la atención primaria durante el pasado noviembre. Lo cierto es que, en un año marcado evidentemente por la pandemia del coronavirus y una crisis sanitaria que aumenta la deuda con los usuarios día tras día, la discusión del presupuesto de salud una vez más fue difícil. La propuesta del gobierno era insuficiente para las demandas crecientes. No obstante, gracias a la presión ejercida por los gremios de trabajadores y trabajadoras de la salud y la disposición de los parlamentarios, se logró un aumento del presupuesto general del área, a través del aumento del ingreso por beneficiario inscrito en salud primaria (per cápita; $8000 anuales por usuario 2021). Lo que implica una inversión de 113 mil millones en este ítem para el año 2021.
La pregunta que se podrán hacer muchos, es ¿por qué es relevante el “per cápita”?, y esto es porque la inversión realizada en atención primaria repercute directamente en la salud poblacional y en el manejo que puede hacer la red asistencial posteriormente. Si bien, nuestro sistema de salud, establece como pilar fundamental la atención primaria de salud (APS) a través de los centros de salud familiar, lo cierto es que el mayor gasto o inversión se realiza en el nivel terciario o de especialidad: Hospitales. Esto significa que el Estado invierte más en atención de patologías (enfermedades diagnosticadas) que en la promoción de hábitos saludables y prevención del desarrollo de enfermedades.
El énfasis en lo hospitalario, quedó de manifiesto también en el manejo de la pandemia. Dentro de las primeras medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar esta, fue la compra de ventiladores mecánicos y ampliación de las camas disponibles en la red, y solo posteriormente decidió desarrollar sistemas de trazabilidad de contactos de personas que se hubiesen contagiado de COVID.
La trazabilidad, fue encomendada a la red pública de salud, primero SEREMI y luego territorios por parte de APS. Intentando un grado de articulación entre la red privada y la pública, pero no alcanzando el nivel esperado cuando sólo se tiene acceso a la información de usuarios de la red pública. En simple, el sistema de salud público, que concentra la mayor cantidad de afiliados y que cuenta con menos recursos, debió asumir el desafío. Señalar que la población afiliada a Fonasa a nivel país corresponde al 78,3%, el 14,2% se encuentra afiliado a isapres y el 2.1% afiliados a FFAA (MINSAL, 2016) y que el nivel de ingreso de los afiliados a isapres es mayor que quienes se inscriben en FONASA (CASEN, 2017).
En este contexto, sin duda que el año 2020 ha sido crítico para la salud pública. El hacer frente a una pandemia, sostener las atenciones y prestaciones normales de la red de salud, ha sido una ardua tarea para los equipos de salud, y ha puesto en evidencia las falencias de nuestro sistema a nivel estructural: Presupuesto, Infraestructura, equipamiento de la red. Así como las condiciones laborales de los equipos: condiciones contractuales (honorarios, contrata, planta), seguridad en el trabajo: elementos de protección personal, jornadas extensas y escasez de espacios de sus cuidados. Lo que lleva ya no sólo al cuestionamiento de esta realidad, sino a hacerse partícipe de constatar la labor de atención pública en todos sus niveles y realizada por tod@s sus trabajadores: desde el auxiliar de servicios menores (personal de aseo), administrativos, técnicos de enfermería (TENS) y staff de médicos y médicas, exigiendo un trato justo, condiciones laborales dignas y una coordinación efectiva de toda la red.
