No existe una única respuesta a la problemática sobre cuándo volver a clases y cómo. Si bien algunos países van entregando antecedentes de posibles protocolos o programas de retorno a clases, Chile debe trabajar en la toma de decisiones que se ajusten a la realidad a nivel nacional, regional y comunal. Esto se convierte en un tremendo desafío en un contexto político-social en el que no se ha alcanzado la anhelada descentralización y donde la comunidad escolar no participa de las decisiones.
Si bien el protocolo de regreso a clases plantea ideas que parecen lógicas desde el punto de vista sanitario, nos llevan a cuestionar el conocimiento que las autoridades de Gobierno tienen de la realidad de la educación pública. Quienes estamos inmersos en las aulas, ya sea como estudiantes y/o como profesionales de este rubro, observamos que las medidas planteadas resultan imposibles de alcanzar, son incluso, irrisorias.
La sobrepoblación de las salas y las características propias de los niños impedirán mantener el distanciamiento social. Será complejo cumplir las recomendaciones relativas a los tiempos de descanso. Probablemente aumentarán las estigmatizaciones y la histeria colectiva, así como el estrés al que estarán sometidos los docentes. Es más, sus malas condiciones laborales ponen en duda la idea que algunos han planteado de efectuar doble jornada para disminuir la cantidad de alumnos en cada clase.
El covid-19 ha dejado en evidencia las desigualdades sociales y del sistema educativo, sobre todo en las posibilidades de acceso a la tecnología o la alfabetización tecnológica. En este sentido, es urgente que nuestros representantes evidencien los más altos estándares de competencia y que se conviertan en un ejemplo de lo que tanto se promueve en nuestro sistema educativo: los problemas complejos y reales se resuelven a través del trabajo colaborativo y con una mirada multidisciplinar.
En este sentido, no esperamos que el Gobierno copie el protocolo de un país determinado, sino que identifique los elementos comunes que se observan en el proceso de creación del plan de acción para el regreso a clases, considerando la protección del niño y la niña como un derecho fundamental y constituyendo mesas de trabajo que invite a participar a la comunidad escolar y a autoridades a nivel regional y local.
La premisa del Presidente Sebastián Piñera de que “los niños serán los primeros en la fila” se desmorona de inmediato cuando el Gobierno propone volver a una “nueva normalidad”, poniendo en riesgo la vida de los pequeños y, de paso, la de todo su entorno familiar.
Hoy en día no están dadas las condiciones de seguridad sanitaria ni de infraestructura para el regreso a clases. Menos aún, ad portas de la época en la que aumentan las enfermedades respiratorias producto del invierno. Resguardar la salud debe ser el foco principal. No sirve fijar prioridades si luego las medidas apuntan en la dirección contraria.
