Esta nueva conmemoración del Día del Trabajador/a, nos recuerda de manera palpable la necesidad de organización de las y los trabajadores para impulsar un Estado con capacidad de estructurar y asegurar derechos a la ciudadanía, que enfrenta los embates de la crisis sanitaria y económica que estamos enfrentando en el país y a nivel mundial.
Observamos cómo la segunda propuesta de proyecto de ley enviada al Congreso que pretende cubrir económicamente a los trabajadores informales, denominada “Ingreso Familiar de Emergencia”, difiere para “una próxima oportunidad” una propuesta para quienes trabajan a honorarios y similares. Y una vez más el proyecto se queda corto, sólo cubre al 40% más vulnerable, otorgando $ 65.000 por integrante del grupo familiar; a los hogares del segmento calificado entre el 41% al 60% vulnerable aporta $ 43.333 y en ambos tramos por 3 meses decreciendo. Imposible considerar que sea efectivo que él o la trabajadora pueda quedarse en casa y subsistir con esa cantidad como, por ejemplo, un hogar de 4 personas que percibirá $ 260.000 para el mes.
En contrapartida, la propuesta de nuestro partido y del Frente Amplio es la Renta Básica de Emergencia, que contempla un programa inicial para 4 meses y busca garantizar ingresos que permitan a las familias estar por sobre la línea de la pobreza, derecho que todas y todos puedan obtener sin trámites excesivos. Esta iniciativa supone un ingreso de $ 170.000, para el trabajador individual y contempla un monto de $ 450.000 para una familia de 4 personas. Esta Renta Básica es una iniciativa que se debate actualmente y supone garantizar ingresos a los trabajadores cuando se produzcan crisis o progresos en tecnología u otros aspectos del desarrollo de las naciones que puedan perjudicar el empleo. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, ha defendido esta opción, al indicar que esta solución no representaría más del 6,3% del PIB, que es un monto similar a la evasión tributaria de la región.
Al analizar el conjunto de leyes e iniciativas que el gobierno ha presentado para enfrentar la pandemia provocada por COVID-19, estas tienen un marcado enfoque pro empresariado. Consignemos que el conjunto de iniciativas legales presentadas, se apoyan fuertemente en los recursos de los propios trabajadores, permitiendo a las empresas desligarse de sus obligaciones para con ellos. La primera gran iniciativa consistió en que l★s trabajadores ocupen sus fondos de cesantía (AFC) como manera que cuenten con un ingreso que les permita enfrentar el presente flagelo sanitario, que no cubre ni de cerca a todas y todos l★s trabajadores y si la pandemia se mantiene en el tiempo, se revelarán como absolutamente insuficiente.
Grandes empresas, de aquellas que se ufanan de cuidar a sus “colaboradores” ya han anunciado la suspensión de los contratos individuales, como Starbucks por ejemplo, demostrando que para las transnacionales la protección de sus trabajadores no es más que un slogan sin contenido alguno. La llamada ley de Protección al Empleo, que utilizará los fondos de cesantía de cada trabajador, cubrirá a cerca de 4 millones de personas y deja otros 3 millones en la más absoluta indefensión. Eso cubre si es que el trabajador o trabajadora cotiza en el sistema de fondos de cesantía, porque si es independiente, está boleteando, es informal (un mundo en sí mismo, como feriantes, taxistas, colectiver★s, coler★s, comerciantes ambulantes, etc.), entonces no tiene ninguna respuesta de parte de la autoridad. Esta ley fue mejorada en el parlamento por la oposición que permitió ampliarla para 700.000 trabajadores que se habrían quedado sin cobertura alguna. Lo cierto es que se trata de Trabajadores salvándose a sí mismos.
El Dictamen de la Dirección del Trabajo que autorizó a l★s empleadores a no pagar sueldos por causa de ausentismo durante la pandemia, configura un escenario nada alentador para quienes vivimos de nuestra fuerza de trabajo. A esto se suman iniciativas que fueron mal implementadas, como el estatuto al empleo joven, la ley de teletrabajo o el estatuto al empleo de adultos mayores (sic!) aún en discusión, y como guinda de la torta el delirante “finiquito electrónico” impulsado por la Dirección del Trabajo.
Un punto aparte merece la situación de jubilad★s o pensionad★s, ya que muchos trabajan y pese al contrasentido de ello, necesitan hacerlo para subsistir. Sin embargo, ninguna iniciativa durante esta crisis ha buscado compensarl★s para permitirles hacer cuarentena como corresponde, obligándoles a encarar la pandemia en la calle, elevándose su posibilidad de contagio y, en muchos casos, arriesgando la vida. En los años anteriores escuchamos muchos discursos sobre los “viej★s” y sus miserables pensiones, pero hoy les han olvidado y reducido a una estadística más. De paso, los fondos de pensiones están perdiendo miles de millones, eso que suena escandaloso es la más cierta realidad. ¿Será el mundo capaz de recuperar dicha pérdida? eso no está claro, porque pareciera que esta vez se tratará la reestructuración de la riqueza y ¿tendremos que acostumbrarnos a un menor valor, con el consiguiente perjuicio para nuestras pensiones? Es tiempo de derogar Decreto Ley 3500, es “ahora” el momento más propicio para aquello, sin embargo, dependiendo de los niveles de gravedad de la crisis, deberemos considerar también rescatar parte de esos alicaídos ahorros.
El capitalismo ha demostrado su futilidad e incapacidad de resolver los reales y graves problemas de la sociedad. En el Día del Trabajador y Trabajadora tengamos de referente las largas luchas históricas de las organizaciones de trabajadores en Chile y el mundo, ejemplo que urge imitar. Llamamos a tod★s nuestr★s compañer★s con quienes aspiramos a un mundo mejor, a fortalecer nuestras organizaciones, a incorporarnos a sindicatos o asociaciones de trabajadores que nos permitan asumir un siglo que se nos anuncia complejo.
Que la unidad y solidaridad resuenen cada día con más fuerza en nuestras ciudades y también en nuestros corazones.
