Columna|Aún creemos en un Chile libre y en esa democracia que a tantos les costó la vida

Por Comisión de Derechos Humanos RD.

El 26 de junio de cada año se conmemora el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura que marca un hito en el marco de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o degradantes adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas, que entró en vigor el 26 de junio de 1987.

La Convención entiende por “tortura” todo acto por el cual se realice intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella información o una confesión. Si bien Chile ratifica esta Convención en 1988, a la luz de los hechos acaecidos a partir del 18 de octubre de 2019, aparentemente nuestro país no está cumpliendo con este tratado internacional al pie de la letra. Pero más allá de no cumplir con un tratado, hablamos de no cumplir un compromiso con la sociedad, con la responsabilidad de proteger la integridad de las personas.

Las cifras son elocuentes y avalan la afirmación realizada anteriormente. Si revisamos el reporte de cifras recopiladas desde el 17 de octubre 2019 al 13 de marzo 2020 del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), podemos constatar que a la fecha había 617 denuncias por tortura y actos crueles y, 257 denuncias por violencia sexual de parte de las fuerzas del orden y Carabineros de Chile. ¿Es normal esta situación?

El incumplimiento de las autoridades y de aquellos que están llamados a cuidar y proteger a la ciudadanía es aún más grave cuando se trata de mujeres quienes por ejercer su derecho a la libertad de expresión, deben sufrir el maltrato físico y sicológico atentando contra su dignidad y privacidad a través del abuso sexual y la violación. A esto le llamamos la doble condena de ser mujer. Y es aún más preocupante cuando algunas de estas prácticas realizadas durante el Estallido Social a mujeres por parte de la autoridad, son las mismas que eran usadas en dictadura. Es importante recalcar esto porque, para sorpresa de muchos, la violación y abusos sexuales que tuvieron lugar en dictadura, al realizarse los juicios correspondientes, no fueron en un comienzo tomados como torturas en muchos de los casos. Teniendo estas mujeres que pasar años en juicios para demostrar aquello, viendo a sus agresores en variadas ocasiones y muchas veces con resultados poco satisfactorios. Es más, los testimonios que han registrado las Comisiones Valech I y II, así como investigaciones de organizaciones especializadas, han dado cuenta de la violencia sexual como tortura. Recién en 2010, Corporación Humanas interpuso la primera querella por violencia sexual como método de tortura.

A ello agregamos la respuesta de este gobierno de nuevamente militarizar el Wallmapu evidenciado el hostigamiento, la violencia institucional y el abuso de poder por parte de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Mismas instituciones que desde hace años se ven involucradas en actos de represión, tortura, desapariciones y muertes en el territorio ancestral mapuche.

Son relevantes estos hechos, porque en este país y en el mundo las personas están despertando. No estamos dispuestas y dispuestos a que 2020 se sigan cometiendo atrocidades como en una de las épocas más oscuras de este país. Debemos exigir reparación, por los que fueron vulnerados en dictadura y aún no la tienen, pero también por quienes fueron agredidos/as, torturados/as, violentados/as, y abusados/as sexualmente desde el 18 de octubre 2019.

Puede que muchos crean que esto ya pasó, pero a nosotros y nosotras nos duele. En este país ni en el mundo debería haber alguien expuesto a tortura en ninguna circunstancia, menos por expresar sus pensamientos. Creemos en un Chile libre, y creemos en esa democracia que a tantos les costó la vida.

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