Tomar decisiones de política pública no es fácil, cualquiera de las opciones que se elija será, sin duda, impopular para algún sector social. Más difícil aún es tomar decisiones en el marco de una pandemia mundial, con particulares y fuertes repercusiones en el plano interno del país.
No obstante ello, resulta del todo evidente en las actuales circunstancias que vive Chile, que hay numerosos actores disponibles a generar opciones, a entregar saberes y apoyos para tomar decisiones que se orienten al bien común. Tal ha sido el caso de lo ocurrido con el Colegio Médico y las Sociedades Científicas en torno a ofrecer al gobierno asesoría para contener la pandemia. Sin duda, las decisiones de un colectivo contienen más amplitud de visión que las tomadas por unos pocos.
En materia sanitaria ya está claro para Chile que las decisiones adoptadas, de manera autoritaria por el gobierno, han resultado inadecuadas y han puesto en riesgo la salud y la vida de numerosas chilenas y chilenos. Lo anterior se deriva en gran medida por decidir sin escuchar a quienes, contando con conocimientos y expertise, se pusieron en disposición de asesorar. Lo mismo está sucediendo en torno a la dimensión económica y social de la pandemia.
A partir del desarrollo exponencial de los contagios por COVID 19, se desata el desnudamiento de las profundas desigualdades socioeconómicas y de las múltiples precariedades que experimentan trabajadoras, trabajadores y sus familias: informalidad, inestabilidad, desprotección laboral, condiciones de habitabilidad marcadas por el hacinamiento en familias pobres y por habitar en campamentos en los casos más duros de déficit habitacional.
En este escenario en que claramente el Estado, a través del Gobierno, debe tener el liderazgo y la proactividad en materia de asistencia a las familias golpeadas sanitaria y económica, hemos visto nuevamente decisiones que más bien contribuyen al problema que a la solución. ¿Por qué y para qué entregar cajas con alimentos en lugar de apoyo monetario a las familias?
a) La caja de alimentos supone que todas las familias tienen un mismo tamaño y consumo alimentario.
b) Desconoce la existencia de otras necesidades básicas familiares: vestuario, calefacción, transporte -porque aún en cuarentena hay trabajadoras y trabajadores que deben salir a laborar- y medicamentos.
c) La entrega de cajas con alimentos ha impuesto un efecto de estrés a funcionarios públicos gubernamentales y municipales, tanto por la posibilidad de contagio como por los intentos de sustracción de las cajas en algunos territorios. Igualmente es lenta su entrega.
d) La caja genera ansiedad e incertidumbre en la población y expone a quienes la reciben a un show mediático denigrante: son las cajas de la utilización política.
Como trabajadora social sostengo que en este escenario se requiere aportar no sólo a las necesidades básicas, sino también a la dignidad de nuestro país. Por ello, la fijación de una Renta Básica de Emergencia que esté por encima de la línea de la pobreza – cuyo valor en abril de 2020 alcanzó los $171.113- resulta a todas luces, una solución más pertinente y que otorga mayor dignidad. Es cuestión de voluntad política del gobierno tomar esta decisión, sin duda la gente lo valoraría.
