Este miércoles, el Consejero Regional por Aysén, Rodrigo Araya (RD), llamó al gobierno a aumentar los montos del Ingreso Familiar de Emergencia, el cual ha tardado bastante en ser entregado y ha sido criticado por la oposición por el bajo monto del aporte, que bordeará los $65 mil por persona e irá decreciendo con el paso de los meses.
Al respecto, el CORE planteó que “en Aysén, los problemas económicos, la disminución de ingresos de las familias, la censatía, se viven con fuerza. Necesitamos que el Ingreso Familiar de Emergencia alcance para vivir, pero falta la voluntad del Gobierno”.
“Sabemos que hay recursos para poder aumentar lo que se aprobó en el Congreso. Necesitamos apoyo económico que esté por sobre la línea de la pobreza para que las familias puedan vivir de manera digna“, añadió la autoridad regional.
Respecto del manejo de la crisis por parte del Ejecutivo, Araya señaló que “ha quedado en evidencia el centralismo una vez más, ya que todas las medidas importantes que puede tomar la Intendenta y la Seremi de Salud, como la cuarentena o cordón sanitario, tienen que tener el visto bueno de Santiago, tanto del Ministerio de Interior como de Salud, lo vimos por ejemplo en la demora en precisar cuáles son los criterios para instaurar estas medidas en una localidad de nuestra región”.
“Muchas comunidades protestaron y se tomaron los caminos para lograr que se instalaran barreras sanitarias, por ejemplo. Eso se produjo por la incertidumbre en las personas con respecto a las medidas que estaba tomando la autoridad. Aún hay mucha inquietud por lo que viene y las medidas que conviene tomar”, agregó el CORE.
El Consejero Regional argumentó que “cualquier sistema de protección social, debiese ser lo suficiente flexible para considerar las particularidades regionales y territoriales. El actual sistema reconoce la población vulnerable con una regla que identifica quien es sujeto de una política y quien no, regla fija a nivel nacional, y que no contempla los mayores costos de vida de vivir en zonas extremas. Se debería avanzar en políticas universales, especialmente en territorios rezagados de la región”.
Asimismo, la autoridad regional indicó que le preocupa “la lentitud de la entrega de estos beneficios y lo difícil que es para las personas postular a los beneficios que está brindando el Estado, no vemos una organización de algún servicio público que cubra el territorio de forma eficaz, y la capacidad de los municipios no sabemos si será suficiente”.
“Creemos que el centralismo también está presente en la manera como se han planteado las respuestas a nivel regional a las demandas de los diferentes sectores, ya que solo se restringen a las posibilidades que la institucionalidad está ejecutando. De ahí la demora para que se replantee el 6% FNDR y que los recursos del SERCOTEC que son FNDR aún no puedan empezar a beneficiar a las MyPES. Por lo tanto tenemos que avanzar en una propuesta diferente creando algún programa de Crisis Social que nos permita ir en ayuda de los sectores que no serán beneficiados por las medidas que ha anunciado el gobierno y que nos sirva a futuro también”, manifestó Araya.
