Ante los anuncios que diera el Pdte. de la República el día de ayer sobre las indicaciones al proyecto de Ley de Migraciones y demás reformas al sistema migratorio nacional, desde la Sub Comisión declaramos lo siguiente:
1. En primer lugar, lamentamos la falta de autocrítica de parte del Ejecutivo, toda vez que se insiste en revivir el proyecto de ley presentado en el primer gobierno de Sebastián Piñera (año 2013), el cual fuera ampliamente criticado y rechazado tanto por organizaciones migrantes, pro migrantes, el mundo académico, sociedad civil y gran parte de los sectores políticos. Muchas de las críticas decían relación con la mirada economicista sobre la migración, la que se mantiene y sostiene, según lo anunciado por el ejecutivo el día de ayer.
De igual manera, dicho proyecto presentaba serios retrocesos en cuanto a los Derechos Humanos de las personas migrantes y de sus familias, incluso en materia de nacionalidad y de acceso a prestaciones de salud (la que se limitaba a período de residencia en el país).
2. Nos preocupan profundamente los tiempos y las formas de hacer cambios en la normativa migratoria, generando modificaciones profundas vía decreto, no dejando que estas se discutan en el Parlamento y no considerando las potenciales repercusiones negativas podrían tener algunos de los anuncios, y que ya han tenido en el pasado sobre esto, la eliminación de la Visa Temporaria por Motivos Laborales en las próximas dos semanas y la imposición de la Visa Consular a contar de este mes para ciudadanos haitianos vienen a ser una medida que no se ajusta ni a la realidad migratoria ni a la institucionalidad actual.
2.1. La Visa por Motivos Laborales fue una creación del gobierno anterior para dar solución a quienes se encontraban “amarrados” por la complejidad de requisitos de la Visa Sujeta a Contrato. Curiosamente, en la propuesta del Pdte. Piñera, esta viene a ser “resucitada” ya que había quedado en desuso por los problemas que traía consigo tanto para la persona del migrante, como muchas veces para el propio empleador.
2.2. En la práctica, la Visa Consular ha demostrado ser ineficiente para “controlar” los flujos migratorios (según la experiencia con la establecida para los ciudadanos dominicanos en el año 2013) y, lo que es más preocupante, muy efectiva para el fomento de mafias de trata y tráfico ilegal de migrantes, tal como ha ocurrido con los migrantes dominicanos. A saber, desde la imposición de la Visa Consular, han aumentado exponencialmente tanto los casos de víctimas de los delitos señalados como también los ingresos clandestinos y sus respectivas órdenes de expulsión.
Creemos que Chile necesita una política migratoria y un sistema de Visas acorde a nuestro contexto y a nuestras fronteras. Lamentablemente, varias vidas humanas han dado cuenta de lo erróneas que son estas medidas restrictivas. Además, creemos que existe un sesgo racista en establecer una Visa consular para una población que ni siquiera se encuentra dentro de las 5 primeras comunidades de migrantes en el país.
3. Al igual que en el proyecto original del año 2013, nos preocupa de sobremanera la ausencia de un enfoque de derechos. Como Revolución Democrática, sostenemos que un proyecto de ley de migración debería sostenerse de manera central en un enfoque de derechos humanos. Desde el punto vista de los derechos de las personas migrantes y sus familias, nos llama la atención el que se exprese como necesidad el agilizar los procesos de expulsión y que no se haga mención a las restricciones a las facultades discrecionales de la autoridad migratoria de frontera (PDI), las que, desde hace larga data y con casos mediáticos en las últimas semanas, tienen serios conflictos de legalidad, según han señalado sentencias de los tribunales superiores de justicia.
El respeto al debido proceso hacia las personas migrantes y sus familias es una deuda pendiente del Estado de Chile, que no puede ser obviada por el nuevo proyecto de ley. De igual manera, no concebimos un enfoque de derechos sin la participación de la ciudadanía en los procesos pre legislativos.
4. El objetivo del nuevo sistema migratorio debe ser propender hacia y fomentar la regularidad migratoria y no solo pretender regular la inmigración. La primera nos da un piso para poder contestar a la pregunta de cómo están los migrantes en el país, mientras la segunda solo intenta responder cuántos inmigrantes hay. La experiencia nacional e internacional nos indica que la Visa consular y la exigencia de un contrato de trabajo como requisito previo para poder obtener documentación solo fomentan la existencia de intermediarios que lucran con el derecho que tenemos todos y todas a migrar. Desde esta lógica, creemos que un sistema de visas basado en una visa multipropósito es la solución más acorde a nuestro contexto migratorio y geográfico.
No existe mejor herramienta para proteger a una persona migrante que facilitarle la situación migratoria de regularidad, sobre todo en un país con condiciones laborales tan precarias. Un migrante “con papeles” puede optar más fácilmente a un trabajo formal, a una vivienda digna, a protección social, y en general, a no verse constantemente expuestos ante situaciones de abuso.
5. Dentro de los anuncios existen algunos avances tales como el Servicio Nacional de Migraciones y un proceso de regularización extraordinaria. Sobre estas viejas demandas de parte de las organizaciones migrantes y pro migrantes, y que eran parte del programa del FA en la pasada campaña presidencial, cabe hacer las siguientes menciones:
i. La nueva institucionalidad no debe ser vista como una mera caja timbradora de Visas, tal como sucede hoy. Se requiere en Chile una institución que conduzca y articule la política pública migratoria nacional, que tenga facilidades para “dialogar” con otras carteras que juegan un rol clave a la hora de elaborar una política pública migratoria, por ejemplo, Desarrollo Social, Trabajo, Educación, Salud, etc. La temática migratoria no debe es competencia de Interior y Seguridad Pública, o RREE, por ejemplo.
ii. Un proceso de regularización extraordinario es una deuda que tiene el Estado de Chile con las personas migrantes y sus familias, donde debe hacerse cargo de la ausencia de un sistema de Visas acorde a los nuevos flujos y a la realidad laboral del país. Y de igual manera, es esencial para el diseño e implementación de cualquier política pública tener certeza de los datos con los que contamos.
6. Nos parece un hecho sumamente negativo el que se ponga fin al Consejo Consultivo Nacional de Migraciones del Departamento de Extranjería y Migración. Esta entidad vino a darle voz a la sociedad civil, lo que entendemos como clave a la hora de concebir un enfoque de derechos. Hoy, se ha realizado el anuncio de que será reemplazado por un Consejo Consultivo para la Subsecretaría de Interior, donde, entre varios otros, se abordará la temática migratoria. Esperamos que este espacio no se preste solamente para acentuar el enfoque de seguridad nacional.
7. Por último, esperamos que en el proyecto que envíe el ejecutivo al Congreso, se reconozca al migrante como sujeto de derechos, y no que opere la lógica de que “se tiene que ganar sus derechos”, tal como aparece en el proyecto original del año 2013. No permitiremos que se haga eco al mito de que los migrantes “colapsan nuestros servicios públicos”. Hoy la migración viene a sacar el velo a la precariedad en cuanto al acceso a nuestros derechos sociales, los que han sido y son precarios para todos, sin distinción de nacionalidad.
