Ante las medidas anunciadas por el gobierno de Sebastián Piñera, como Frente Amplio consideramos que no garantizan el que debe ser el objetivo principal: que las personas puedan quedarse en sus casas con la tranquilidad de que contarán con ingresos para cubrir sus necesidades. Los anuncios siguen sin entregar certezas a más de 3 millones de personas: informales, independientes, trabajadoras domésticas y más.
Para proteger a las personas de la pandemia permitiendo que cumplan con la distancia social, y también de las graves consecuencias que se proyecta tendrá el COVID-19 en la economía de todo el mundo se requieren medidas ambiciosas que puedan proteger tanto a las y los trabajadores como a las PYMEs y grandes empresas que estén en peligro de quiebra.
Hemos señalado reiteradamente que, para evitar una crisis económica y social más profunda, se requerirá de importantes recursos públicos, por lo cual es urgente que el gobierno abra un debate público y transparente respecto a las formas de financiamiento que van a tener los planes económicos. Esto no es posible con el grado de detalle que han entregado las autoridades, ya que en las medidas solo se anuncian líneas gruesas.
Respecto a la reasignación de gasto para la creación de un fondo de US 2.000 millones; equivalente al 0.8% del PIB; que entregaría beneficios para las personas y familias más vulnerables. La ambigüedad de la medida propuesta, no sólo demuestra falta de sentido de urgencia, si no que también – con los antecedentes generales que se han dado – creemos que el monto debería ser al menos entre 2 a 5 veces de lo propuesto para que alcance a cubrir a las personas informales, desempleadas e independientes que puedan quedar sin ingresos debido a la crisis sanitaria.
La falta de claridad respecto a su entrega mantiene la incertidumbre de las familias. Es por eso que en carta enviada al ministro Briones, junto a toda la oposición, insistimos en una Renta Básica de Emergencia que permita disminuir la incertidumbre de las familias por los próximos 4 meses.
El gobierno también anunció líneas de crédito con garantía estatal para PYMEs y grandes empresas con ventas menores a 1 millón de UF, que permitirá financiar créditos a las empresas por hasta US 24 mil millones provenientes principalmente del sistema financiero. Este anuncio permitirá reducir las dificultades a la que se enfrentan las PYMES a la hora de acceder a financiamiento, no obstante al no especificar cuales son los “requisitos definidos” ni las tasas “preferentes” a las que tendrán acceso, esto puede significar un beneficio extraordinario para el sector bancario y una restricción al acceso al financiamiento para muchas de las PYMES que más lo requieran. Por lo mismo, creemos importante que la administración de estos préstamos se encuentre principalmente en manos de instituciones públicas.
Los anuncios del gobierno no incluyen medidas para empresas de mayor tamaño (sobre 1 millón de UF de ventas anuales). Sin embargo, estas medidas, producto del porcentaje de los ingresos del país que mueven estas empresas y la cantidad de trabajadores que tienen empleados, podrían ser necesarios de continuar la crisis.
Es importante que cualquier inyección de recursos a grandes empresas venga de la mano de nacionalización parcial de esta -como se está proponiendo en diferentes países de Europa- para que, resuelta la crisis podamos pagar la deuda que el Estado va a contraer, a la vez de entregar los derechos sociales que se van a requerir (como la ampliación de la salud pública). Esto se puede realizar manteniendo la propiedad de la empresa para que el Estado se beneficie de las utilidades o vendiendo esta propiedad cuando los ciclos económicos están al alza para recuperar la inversión realizada.Seguimos insistiendo que las medidas pueden ser financiadas a través de deuda. Una vez superada la peor parte de la crisis sanitaria, se requerirán nuevos impuestos progresivos para pagar esa deuda, como el impuesto al patrimonio, más conocido como el impuesto a los super ricos, royalty minero u otros que permitan pagar la deuda adquirida. Se debe tener presente esto para evitar, a futuro, impuestos regresivos (como aumentar el IVA) o políticas de austeridad (reducción de derechos sociales).
