Declaración pública ante la crisis en Nicaragua


-Nuestra más profunda solidaridad con el pueblo nicaragüense ante los funestos hechos de violencia política y social, y violaciones a los Derechos Humanos que suceden con intensidad desde abril del presente año en la República de Nicaragua.
-Rechazamos de forma tajante la sistemática política de represión instaurada por el Gobierno liderado por el Presidente Daniel Ortega y su esposa Vicepresidenta Rosario Murillo, en contra de la legítima protesta social, incluyendo la violencia ejercida contra organizaciones sociales, ambientales, campesinas e indígenas, en zonas rurales, que se han manifestado en oposición a las políticas extractivistas que ha impulsado el Gobierno, a favor de las grandes transnacionales.
-Llamamos al cese de la violencia desde órganos del Estado y grupos parapoliciales y paramilitares. Condenamos la violencia contra los ciudadanos movilizados en las principales ciudades de Nicaragua, que ha dejado más de 300 víctimas fatales a la fecha.
-Valoramos el enorme aporte del ideario emancipador y revolucionario de Augusto César Sandino y del Sandinismo, como corriente política de izquierda, la cual ha sido influyente en gran parte de Latinoamérica.
-Rechazamos que, en base a estos mismos ideales, se llame a apoyar a un Gobierno que ha traicionado los principios ideológicos e históricos del Sandinismo, toda vez que, a lo largo de los últimos decenios, Daniel Ortega haya sido protagonista de cuestionables hechos. Recordamos el episodio llamado “La Piñata”, donde se produjo el reparto de propiedades entre algunos cuadros sandinistas tras la derrota electoral de 1990, bajo el pretexto de que el partido FSLN no podía dejar el poder sin fortalecerse con recursos para trabajar desde la oposición.
-Recordamos también como el pacto con el ex presidente Arnoldo Alemán le permitió tomar el control de la Asamblea Nacional y de la Corte Suprema, acumulando un poder que libró a Alemán de cumplir pena efectiva de cárcel por corrupción, lo que le facilitó a Ortega volver al poder; o el acuerdo con el Cardenal Obando —otrora defensor del dictador Somoza— que implicó el vetar la ley de aborto terapéutico en el 2006; o el trato con el gran empresariado. Todas las acciones anteriores fueron para acceder, mantenerse y repartir el poder, junto a extendidas prácticas de nepotismo, clientelismo, corrupción y captura de los Poderes del Estado.
-La conducción de un gobierno que se dice “revolucionario” contrasta con las políticas conservadoras y neoliberales adoptadas en los últimos años, muy acordes a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del enriquecimiento de las élites locales, manteniendo en situación de pobreza a la gran mayoría de las y los nicaragüenses.
-Valoramos uno de los más importantes principios de las Relaciones Internacionales, que es el de la autodeterminación de los pueblos, de esta forma, rechazamos de forma tajante cualquier injerencia externa que se pueda producir en el futuro para solucionar esta crisis.
-Solicitamos que el Gobierno de Nicaragua acoja las recomendaciones que ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos.
-Creemos que la única salida al conflicto, que evite una eventual guerra civil, es el cese de la violencia, el retorno del diálogo y la participación ciudadana, para así garantizar un proceso democrático de restablecimiento de la paz.
 

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Comisión de Derechos Humanos

Revolución Democrática