En los últimos días hemos observado con preocupación la situación política de Ecuador. Al cabo de una semana de producirse el paro de transportistas, trabajadores y estudiantes a raíz del término del subsidio a los combustibles, las movilizaciones nos devuelven a las protestas de fines de los años 90 e inicios de los 2000.
Ecuador le pidió al Fondo Monetario Internacional (FMI) aproximadamente 4.200 millones de dólares, en conjunto con solicitar a otros organismos multilaterales 6.000 millones de dólares para mejorar su situación fiscal. Esto ocurre en el marco de una economía dolarizada donde no hay espacio para instrumentos de política monetaria. A cambio de estos préstamos, el Gobierno de Ecuador se comprometió a llevar a cabo reformas estructurales. Estas reformas, incluían fuertes ajustes pro austeridad, las que usualmente afectan de modo más fuerte a las personas más vulnerables.
El Gobierno de Lenin Moreno no previó la extensión en que sus medidas económicas regresivas en aras de cumplir los requerimientos del FMI iban a despertar las movilizaciones de una población que no quiere el retorno a la austeridad y a las políticas económicas neoliberales.
Ecuador, durante los últimos gobiernos anteriores, realizó una disputa histórica: contra el FMI y sus medidas y también contra el empresariado nacional que se opuso a la democratización y expansión de derechos. La capacidad organizativa de las organizaciones indígenas las han llevado a ser uno de los actores principales en estas jornadas de resistencia junto a estudiantes y trabajadores. En efecto, es la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), el actor político principal, en conjunto con la FUT (Federación Unitaria de Trabajadores) y la FEUE (Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador), quienes hoy son los principales actores a nivel nacional. Nuevamente, son los movimientos indígenas, trabajadores y estudiantes los que lideran la disputa por la dignidad del pueblo ecuatoriano.
La respuesta del Gobierno se basa principalmente en declaraciones que, por una parte, se comprometen a revisar aspectos menores de los ajustes propuestos. Por otra, el gobierno ha hecho uso indiscriminado de la violencia policial y militar. Rechazamos el estado de excepción decretado en Ecuador, la militarización y el uso desmedido de la fuerza, la cual ha sido sumamente desproporcionada, aumentando día a día el número de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos.
Teniendo presente lo anterior, Revolución Democrática realiza un sentido llamado al Gobierno de Ecuador a deponer la violencia y derogar las medidas de austeridad que busca implementar. Hacemos igualmente un llamado, a respetar los avances de las disputas por más dignidad y democracia del pueblo ecuatoriano, alcanzados en la última década.