Declaración pública de organizaciones de la Cultura y el Patrimonio

Declaración pública de organizaciones de la Cultura y el Patrimonio
Estimados amigos de la Cultura y el Patrimonio:
Frente a la convocatoria hecha por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, para la realización de “Encuentros con la Ciudadanía”, que permitan debatir sobre el proyecto de Ley que crea el Ministerio de la Cultura y el Patrimonio, las organizaciones abajo firmantes declaramos:
1. Nos parece de alto valor que los diversos organismos fragmentados en el ámbito de la cultura, las artes y el patrimonio, puedan tener una institucionalidad que permita canalizar las políticas sectoriales de cada ámbito, mediante un Ministerio que contemple una verdadera participación de las comunidades de la cultura y el patrimonio, acorde al fortalecimiento del rol del Estado por sobre el del mercado.
2. Los conceptos de cultura y de patrimonio, que organicen las funciones de un Ministerio, se deberán ampliar, más allá del fomento de las artes y protección y salvaguardia del patrimonio, abriéndose a dimensiones referidas a la convivencia ciudadana y la diversidad cultural imperantes en el mundo contemporáneo.
3. Este nuevo Ministerio de la Cultura y el Patrimonio debe concebirse como un modelo de institución ágil y flexible, que fortalezca la acción de un Estado participativo y democrático, y que establezca los mecanismos necesarios para coordinar e integrar las funciones que hoy están repartidas en diversos organismos públicos como el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Dibam, que recogiendo su mejor tradición de instituciones fundacionales bicentenarias, debe rediseñarse, proyectarse y fortalecerse funcional y regionalmente, y el Consejo de Monumentos Nacionales, que debe convertirse en un servicio público fiscalizador con planta propia, que garantice estabilidad laboral a sus trabajadores, dedicación exclusiva y propiedad del cargo para la función fiscalizadora, acompañado de un ente rector vinculante, con gran participación y control social y ciudadano. Este nuevo Ministerio deberá garantizar la participación, en el ámbito normativo, de definición, de sanción, evaluación y fiscalización.
4. Nos parece de vital importancia la existencia de dos subsecretarías que aborden los principales ámbitos específicos del conjunto de labores del Ministerio. Una preocupada de la Cultura y las Artes y otra preocupada del Patrimonio. La labor del Ministro(a) deberá ser acompañada de la creación de dos Consejos que permitan la elaboración y ejecución de políticas públicas. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Consejo Nacional de Patrimonio (que incluye y mejora el Consejo de Monumentos Nacionales), vinculados a las Subsecretarías respectivas, deberán incorporar a miembros de la sociedad civil, elegidos por sus pares.
5. Está claro que este avance en la creación de la institucionalidad no resuelve las necesidades específicas de cada sector, pero contribuye sólidamente a una acción del Estado más efectiva y participativa, que promueva el desarrollo cultural y patrimonial en Chile, integrando a las grandes mayorías y a toda su rica y variada diversidad geográfica, regional y cultural. Por lo tanto, se requerirá de nuevas políticas públicas, de largo alcance, que incorporen las demandas históricas de los gremios artísticos y las organizaciones ciudadanas ligadas a los temas de la cultura y el patrimonio, así como el aumento de presupuesto, personal, y de otras leyes y poderes orgánicos que otorguen capacidad de acción e intervención a las propias comunidades locales y artísticas, respecto de sus demandas, necesidades económicas, políticas y sociales, y donde la cultura y el patrimonio, en sus diversas dimensiones, puede hacer una contribución a su desarrollo.
6. En medio de la discusión planteada nos parecen principios imprescindibles y que debe reflejar este nuevo Ministerio, los siguientes:
a. Este cambio en la institucionalidad, debe considerar las propuestas de los trabajadores y no puede perjudicar bajo ningún pretexto las conquistas democráticas obtenidas por ellos en sus condiciones económicas, debe garantizar su estabilidad laboral asociada a plantas de personal mejoradas y establecidas en la ley, acorde a los nuevos rediseños y a las normas estatutarias, para terminar con el empleo precario de contrata y honorario, con sus respectivos requisitos de ingreso y promoción, que transparenten la legítima y moderna carrera funcionaria para entregar un servicio público democrático, participativo, eficiente y de calidad a la ciudadanía, a las organizaciones sociales y a la comunidad en general. Son imprescindibles las condiciones dignas de trabajo y de respeto a las comunidades por sus derechos de participación y mayor democracia en la gestión pública.
b. Participación ciudadana vinculante en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y en el Consejo Nacional de Patrimonio. Por lo que se deberá incorporar en ambos Consejos, al menos un 25% de representantes de las comunidades de la cultura y el mismo 25 % de representantes de las comunidades del patrimonio (con un mínimo de 5), elegidos por sus pares, en conformidad con la Ley 20.500 de participación de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión pública. Estos representantes deberán rotar en sus cargos con una periodicidad dinámica y deberán percibir remuneración por funciones concretas y medibles.
c. Estos órganos de decisión deben dar cabida a la diversidad de actores que participan organizada y reconocidamente en la gestión de la cultura y el patrimonio: organizaciones comunitarias de barrios, de artistas, de estudiantes, de trabajadores, asociaciones científicas, de profesionales, de pueblos originarios e inmigrantes, entre otras.
d. La nueva institucionalidad debe tener como elemento constitutivo la participación y un formato descentralizado que permita que las diversas regiones, provincias y comunas de nuestro país puedan ser parte de las políticas públicas que por años se han exigido al Estado, en todos los rincones del país y donde las organizaciones sociales y la comunidad diversa y organizada que ha sido permanentemente excluida, sea parte activa en la gestión de los servicios públicos. Esto debe traducirse en un trabajo permanente a nivel local, con establecimientos educacionales y organizaciones comunitarios que permita que los presupuestos municipales para labores de Cultura y Patrimonio sean al menos del 4% del total municipal.
e. Las políticas públicas de estado deberán relejar las demandas de la ciudadanía en un sentido amplio y democrático, al margen de los ciclos electorales. Por tanto, el diseño de políticas debe contar, no sólo con la participación de los consejeros de manera directa en cada consejo, sino además, debe considerar la participación directa de las comunidades y elaborarse cada 8 años, renovándose en la mitad del gobierno de turno, asegurando la continuidad de iniciativas, programas y proyectos.
f. El presupuesto mínimo que debe abordar esta nueva institucionalidad es la suma de los presupuestos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, la Dibam y el Consejo de Monumentos Nacionales. Esa es nuestra línea de base, pero de la cual el Estado debe incrementar con parte de los recursos de la reforma tributaria, nuevos presupuestos que permitan que la labor del Ministerio en ciernes pueda abordar las demandas de políticas públicas del Chile del siglo XXI. Y las que por años han sido dejadas de lado por una mirada economicista y homogénea de la identidad cultural de este territorio, que últimamente ha privilegiado un modelo exclusivo de fondos concursables, la noción de cultura-espectáculo, la externalización y apoyo a las industrias culturales, en detrimento de políticas de Estado, de la diversidad cultural, la organización comunitaria, popular y la protección del patrimonio.
Invitamos a todas las comunidades a luchar por una Cultura y Patrimonio para todos y todas, y en medio del debate de ideas, lograr que el nuevo Ministerio de la Cultura y el Patrimonio refleje como mínimo, estos principios por mayor democracia, participación y un rol activo del Estado en favor de su pueblo y sus comunidades. Firman esta declaración al 15 de abril de 2014: Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales / Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos ANFUDIBAM / Central Unitaria de Trabajadores CUT / Comité Matta Sur, Barrio Valioso / Comisión de Ciudades de Revolución Democrática / Comisión de Cultura de Partido Comunista / Comisión Cultural de Providencia Participa / Comisión de Cultura Revolución Democrática / Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos / Consejo de Defensa del Medio Ambiente de Maipú CODEMA / Consejo de la Sociedad Civil sector 5 Comuna Puente Alto / Departamento de Antropología de la Universidad de Chile / Escuela Taller de Artes y Oficios Fermín Vivaceta / Fundación Patrimonio Nuestro / Mesa del Patrimonio (compuesta por 60 organizaciones ciudadanas) / Providencia Participa / Sociedad Chilena de Arqueología / Sociedad de Escritores de Chile SECH / Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay.
Adhiere en patrimoniodechile@gmail.com