Este lunes la Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado eliminó el requisito de paridad de género en la composición de los órganos colegiados de los partidos políticos, el cual es indispensable si se quiere reforzar el carácter público y democrático de estas instituciones, hoy tan cuestionadas por la ciudadanía.
Con ello, en dicha instancia en que se debate la reforma a la Ley de Partidos Políticos con carácter de suma urgencia, se pone en riesgo un avance fundamental aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional, consistente en la obligatoriedad de asegurar el equilibrio de género (40%-60%) en la integración de los órganos colegiados de los partidos.
Pese al amplio apoyo que sustenta la medida aprobada por la Cámara de Diputados, los senadores modificaron su alcance y en lugar de asegurar que ningun sexo supere el 60% de los miembros de los órganos colegiados de los partidos políticos, plantean que la paridad solamente se exija a las candidaturas, restando toda eficacia a la medida.
La representación equilibrada en los órganos directivos de los partidos políticos es vital para la plena incorporación de mujeres en la política, toda vez que son los partidos quienes definen las candidaturas a elecciones populares municipales y parlamentarias. La presencia de mujeres en la toma de decisión de partidos políticos es una medida que apunta a revertir la subrepresentación de mujeres en los espacios públicos.
Pero si hoy lo que se discute es cómo devolverles la legitimidad a los partidos políticos, reforzando su democracia interna y asegurando por contrapartida su financiamiento público, esta modificación propuesta por el Senado resulta lamentable y contradictoria con los objetivos propuestos y debe ser corregida.
En la medida que este proyecto de ley propone que los partidos se conviertan en corporaciones de derecho público –financiadas con los recursos de todos y todas- no sólo es deseable, sino exigible el cumplimiento de ciertas normas mínimas de democracia interna, como la representación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones.
Cabe recordar que tanto el BID como Idea Internacional y el PNUD han señalado en más de una oportunidad que los partidos son los principales porteros que impiden que más mujeres ocupen posiciones de poder; ello se traduce en que sean menos nominadas para ocupar candidaturas y que se concentren en las estructuras de menor jerarquía. En las directivas extrañamente hay mujeres y, si las hay, ocupan los cargos menos determinantes. De ahí la enorme relevancia social de una adecuada y justa tramitación de esta ley.
Por lo tanto sostenemos que la nueva normativa debe garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos directivos de los partidos políticos, y avanzar en una legislación que propicie la existencia de partidos que sean más representativos de sus bases y capaces de liderar procesos democráticos y de igualdad de género.
El principio de paridad reflejado en la acción afirmativa del Sistema Electoral Proporcional e Inclusivo debe ser la plataforma de base e inspiración para la reformulación de esta ley y de todas las reformas al sistema político.
Las mujeres y organizaciones que suscribimos esta carta demandamos una nueva ley de partidos políticos que asegure una paridad de género en la toma de decisión de estos colectivos, por lo que solicitamos mantener lo aprobado por la Cámara de Diputados, que señala: “En la integración de los órganos colegiados previstos en esta ley, se observarán mecanismos especialmente previstos en los estatutos, que aseguren que ninguno de los sexos supere el 60% de sus miembros. En caso de ser 3 miembros, se entenderá cumplida la regla cuando al menos uno de ellos sea de sexo diferente”.
Cualquier otro camino, como el emprendido por la Comisión Especial de Probidad y Transparencia del Senado esta semana, atenta contra el principio de igualdad que debe ser transversal a todas las reformas tendientes al perfeccionamiento de nuestra Democracia. Esperamos sinceramente que se logre reconsiderar dicha decisión y transformar este traspié en una oportunidad de recobrar la senda correcta en lo que queda de tramitación de la normativa.
Comunidad Público
15 de enero de 2016
Ver original
DECLARACIÓN PÚBLICA: Retroceso en la ley de partidos políticos
