Despenalización del aborto: entre víctimas y victimarios

La ministra Claudia Pascual, desde el recientemente formado ministerio de la mujer, anunció que se intentará avanzar en la despenalización de la interrupción del embarazo por tres causales (riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal y violación). Este anuncio revive un debate de larga data, aunque con pocos avances.
Hace algunos días conocimos el caso de un aborto clandestino practicado por una joven de 17 años en su casa y que, debido a la denuncia de un médico tratante, la joven corre el riesgo de ser condenada desde tres a cinco años de cárcel. Este es un escenario posible si despierta del coma en que se encuentra como consecuencia de las condiciones precarias y clandestinas en las que practicó el aborto. Noticias como esta, nos conmueven y escandalizan ante el estado de un debate acallado en nuestro país.
Por un lado, los defensores de la posibilidad de abortar han esgrimido argumentos que, en general, siguen dos grandes líneas. La primera línea se basa en visiones de corte liberal y se fundamenta en las nociones de autonomía de los individuos para elegir sobre sus cuerpos. En definitiva, que el Estado no debiese inmiscuirse en una decisión privada. Los que sostienen esta visión argumentan que si parte de la población considera que el aborto es negativo, esta visión no debiese imponerse sobre el resto. La segunda línea de argumentación, tiene sus raíces en visiones utilitaristas y deterministas. Según esta visión, debido al contexto social, económico y cultural, habría situaciones en las que sería mejor evitar el nacimiento de un individuo puesto que de lo contrario se le condena a una vida de sufrimiento y pobreza. Una variante de esta línea centra la atención en el determinismo sobre las mujeres. Esta sostiene que, en realidad, los embarazos no deseados y los abortos son hechos inevitables y, por lo tanto, prohibir el aborto solo conduce a que estos se realicen de forma insalubre. Por lo tanto, la acción del Estado se reduciría a la de procurar condiciones de higiene y seguridad para interrumpir el embarazo, como medida de salud pública.
Frente a estas líneas argumentativas, el discurso cristiano responde de dos maneras. En primer lugar, ante el argumento liberal responde que de considerarse al feto un ser humano, no hay derecho sobre la vida de otro individuo. Por lo tanto, no sería válido el argumento de “si no le gusta no lo haga, pero deje al resto hacerlo” del mismo modo que un estafador o un homicida no se libra de culpa por no considerar negativa su acción. Al segundo argumento (en cualquiera de sus variantes) responde que siguiendo esta línea, si se considera que el feto es un ser humano, se podría concluir que también hay niños o adultos cuyas vidas no debiesen ser defendidas. Es decir, se podría caer en el peor de los horrores de regímenes genocidas. Además, la segunda variante niega la agencia y dignidad de la mujer como sujeto político capaz de tomar decisiones conscientes.
Así, la discusión entre estos dos mundos se traduce a la pregunta por el comienzo de la vida humana. Para los socialcristianos la respuesta nace finalmente de un principio de fe en la concepción, mientras que para las otras visiones se postulan una variedad de alternativas, generalmente ligadas al desarrollo del sistema nervioso o, en términos generales, al grado de avance del desarrollo del feto. Lamentablemente, es un debate absolutamente estéril, puesto que responde a una contraposición de principios. No hay margen para convencer al otro o encontrar un punto medio.
Por otro lado, el tema del aborto tiene la particular cualidad de romper clivajes tradicionales y agrietar alianzas consolidadas. Quizás un ejemplo interesante de esto fue la controversial postura del presidente Rafael Correa, quien pocos llamarían conservador en temas económicos, como ferviente opositor a la despenalización del aborto. Por lo tanto, valdría la pena preguntarse si, ante los principios socialcristianos, hemos sabido construir una argumentación potente para apoyar la despenalización del aborto y generar una convergencia. La respuesta es claramente negativa. Existe una gran heterogeneidad en las visiones socialcristianas y al reducir la discusión al origen de la vida, hemos unido a los sectores más abiertos dentro de esta corriente con los ultraconservadores. Hemos condenado a quienes podrían abrirse a posibles convergencias a convertirse en la retaguardia de los que no quieren que nada cambie.
En concreto, una alternativa a trabarnos en el debate estéril sobre el origen de la vida es reorientar el foco de la discusión hacia la penalización por parte del Estado. No es necesario concordar en la bondad o maldad del aborto del mismo modo en que socialcristianos y otras visiones no necesitaron un acuerdo sobre el juicio moral del adulterio para abogar por su despenalización. Es decir, la pregunta de fondo no es sobre la moralidad de la acción del aborto, es sobre la acción del Estado frente a la mujer que ha abortado. El socialcristiano podrá encontrar aberrante la decisión que ha tomado la mujer al abortar, pero enfrentado a una mujer que lo ha hecho no considere pertinente la penalización. Es perfectamente coherente que considere como malo el aborto y, sin embargo, en respeto a la dignidad de la mujer, considere que lo apropiado no es penalizar tal acción.
Cuando el problema se plantea desde esa perspectiva, surge como primer elemento una idea compartida por socialcristianos y corrientes progresistas: la necesidad de proteger ante todo la dignidad humana.
Esta protección de la dignidad, a modo de ejemplo, aparece con claridad en el caso de la violación, al responder dos preguntas clave. En primer lugar: ¿la mujer (o niña) que ha sido violada y decide interrumpir el embarazo para no tener que llevar el hijo de su violador, acaso no es ella víctima? Incluso si el socialcristiano considera que el acto del aborto ha ido en desmedro de la dignidad de un ser humano (el feto), la acción penalizadora del Estado en ese momento se presenta como un nuevo atropello contra la mujer (o niña) y, por lo tanto, un nuevo dilema ético. Respondida esta primera pregunta solo cabe preguntarse si este segundo atropello a la mujer es justificable en respeto a su dignidad como sujeto de la comunidad.
Tenemos la convicción que respondiendo estás preguntas nos encontraremos con la no tan sorpresiva realidad de que existe una defensa socialcristiana a la despenalización del aborto. No se trata de socialcristianos que adopten los argumentos liberales o utilitaristas (como los hay), se trata de socialcristianos desde el socialcristianismo encontrando estos caminos de acercamiento.
Cuando hablamos de estos derechos para las mujeres, Chile se posiciona como un país extremista, formando parte del 0,4% de Estados del mundo que sanciona el aborto de forma radical. Desde 1989, cuando la dictadura en sus últimos días modificó el Código Sanitario, nuestro país prohíbe el aborto en cualquiera de sus formas, dando paso a que un número de aproximadamente 160 mil  abortos anuales (incluso se habla de hasta 200 mil) se practiquen en la clandestinidad, en muchas ocasiones bajo condiciones precarias. En este marco, una mujer que decide abortar en Chile no sólo arriesga su salud y su vida; también puede ser condenada a entre tres y cinco años de cárcel. En definitiva, si la menor de 17 años que se realizó un aborto clandestino despierta de su coma y es encarcelada, en un nuevo atentado a su dignidad, corremos uno de los mayores riesgos para una sociedad, volvernos, junto al poder del Estado, en victimarios.
Columna de Noam Titelman.
Publicado en The Clinic Online el lunes 19 de mayo de 2014.