De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas del 2019, actualmente existen 296.548 personas que se encuentran trabajando bajo la modalidad de trabajador o trabajadora de casa particular, de ellos 138 mil recibe menos del salario mínimo y se estima que 120 mil sin contrato de trabajo y lamentablemente, gran parte de dichos trabajadores, a pesar del llamado transversal de cuarentena preventiva, se encuentran realizando sus labores de forma cotidiana, arriesgando su integridad y salud o incluso quedando relegadas a quedarse en cuarentena en el hogar donde deben prestar sus funciones.
“La pandemia del Covid-19 ha dejado al descubierto un sistema que no protege los derechos fundamentales de las y los trabajadores, sin embargo, hay quienes se ven aún más afectadas por el nivel de incertidumbre que han tenido, que si bien es histórico, hoy se intensifica” explicó la diputada Orsini refiriéndose a las trabajadoras de casa particular. Por su parte, la diputada Mix agregó que “siempre se ha sabido que ellas son de las trabajadoras más precarizadas del país, nuestra responsabilidad es protegerlas del abuso al que están expuestas y generar legalmente condiciones de justicia respectiva a su relación laboral“.
“Las trabajadoras de casa particular están expuestas al contagio desde que salen de sus casas y usan el transporte público, hasta estar en contacto con sus empleadores. Esto es injusto y demuestra el nivel de desigualdad y la poca empatía frente a esta crisis” planteó Mix.
La propuesta, que fue firmada por las diputadas Camila Rojas, Karol Cariola, Carolina Marzán, Marcela Hernando, Gael Yeomans y Alejandra Sepúlveda, busca modificar el Código del Trabajo para permitir que las trabajadoras de casa particular puedan suspender sus funciones en el caso de una alerta sanitaria provocada por una pandemia o epidemia, además de protegerlas y protegerlos en otras circunstancias, como prohibir la invocación de la enfermedad contagiosa como causal de despido en caso de pandemia o epidemia, entre otras.
Así mismo, el documento plantea que, “durante la vigencia de la suspensión de sus funciones, el trabajador percibirá sus remuneraciones íntegramente y no podrá terminarse el contrato de trabajo por las causales establecidas en este Código”.
Las diputadas hicieron un llamado a que los empleadores adopten estas medidas antes que el proyecto sea ley. “Es lamentable que tengamos que legislar sobre materias que parecen básicas para la vida y convivencia de la sociedad, pero la precarización laboral es una realidad y debemos generar mejores condiciones laborales. Sin embargo, mientras estas no sean ley, por humanidad, las y los empleadores deben respetar los derechos básicos de las personas, en especial de quienes son parte fundamental de sus vidas” insistió Orsini.
Cabe destacar que, según datos del SINTRACAP, el 97% de las trabajadoras de casa particular son mujeres y representan el 9% de la tasa laboral femenina. De ellas el 46% corresponden a mujeres entre 45 a 59 años y el 10% son mujeres mayores de 60 años.
