Por Miguel Crispi Serrano, Diputado por el Distrito 12 y miembro de la Comisión de Derechos Humanos
El vaivén de la justicia, que al ritmo de la transición pactada y los pactos de silencio había condenado al año 2015 a 344 criminales de lesa humanidad, consumó a agosto de este año su revés más grotesco desde el retorno de la democracia dejando en libertad a 7 criminales de lesa humanidad, los que estaban condenados en su mayoría por penas irrisorias de 5 años y un día.
Este hecho desencadenó la Acusación Constitucional que firmamos diputados y diputadas de toda la oposición contra estos jueces, entendiendo que además de existir suficientes elementos jurídicos y políticos para fundarla, esta acusación es un juicio moral. Lo que decidimos fue dar una señal clara desde el poder legislativo al poder judicial de que la impunidad persiste, y que los jueces no pueden tratar como criminales comunes a violadores de derechos humanos. Por último, para hacerles notar que Chile ha suscrito diversos tratados internacionales que nos obligan a hacer esta distinción, y que las barreras para otorgar libertades condicionales a esta clase de criminales incorporan elementos que en este caso obviaron faltando gravemente a sus obligaciones.
Como Estado nos encontramos obligados a reconocer los estándares derechos humanos, particularmente cuando ellos recaen en la garantía de investigar y sancionar efectivamente los crímenes de lesa humanidad. Ningún beneficio puede ser entregado a efectos de perpetuar la impunidad sobre nuestras víctimas y memoria.
Las libertades otorgadas en julio recién pasado, han comprometido la responsabilidad internacional del Estado de Chile. Si permitimos que esto siga ocurriendo los condenados por delitos de lesa humanidad saldrán libres y la sociedad chilena mantendrá el manto de impunidad arrastrado desde el mismo 73`.
La Acusación Constitucional se presentó este jueves 13 en la Cámara de Diputados. Junto a esto, el martes 11 de septiembre tuvimos una sesión de la comisión mixta de Libertades Condicionales. Nuestra posición ha sido avanzar lo más lejos posible en las condiciones que se les debe exigir a los criminales de lesa humanidad que hoy están presos por las atrocidades que cometieron durante la dictadura cívico militar. Esta discusión lleva más de 5 años en el Congreso y albergamos toda la esperanza de que este martes podremos darle una señal auspiciosa a todas las agrupaciones de derechos humanos.
Para avanzar en justicia y correr el cerco es indispensable que comprendamos que las violaciones a los derechos humanos en dictadura no son un problema de quienes sufrieron la persecución, la tortura y la desaparición, y de sus familiares y amigos, sino que una responsabilidad de nuestra sociedad en su conjunto. No se trata de ser rehenes del pasado como algunos han dicho estos días, se trata de conservar viva la memoria para que las nuevas generaciones no vean sus libertades aplastadas nuevamente. Es necesario garantizar que el Estado asuma su deber inderogable de impedir que crímenes que atentan contra la humanidad se vuelvan repetir bajo un manto de impunidad.
En esta semana tan importante para los derechos humanos en nuestro país invito a toda nuestra militancia a manifestar en todos los espacios posibles un fuerte NO A LA IMPUNIDAD. La vida de hoy en democracia se la debemos en gran parte a los años de inagotable lucha que dieron las agrupaciones de familiares y sobrevivientes de la Dictadura. En memoria de los caídos digamos con fuerza, VERDAD Y JUSTICIA.
