Si hay algo que pone en evidencia esta pandemia es que en Chile la seguridad social existe poco o nada. Esta ausencia, esta total falta de empatía y solidaridad, no puede no ser sino considerada cruel. El neoliberalismo es cruel, defenderlo también lo es. Por lo mismo, la sociedad chilena lleva décadas acumulando descontento entre las personas, por lo mismo Chile estalló.
Hoy, sumada la pandemia del coronavirus, vemos a la ciudadanía con un alto nivel de desprotección. Los fondos de pensiones tienen pérdidas dramáticas y millonarias con un impacto directo en la vida de las personas; un sistema de salud público subfinanciado y con precarias condiciones laborales para quienes se desempeñan en él. Y, ahora, la incertidumbre generada por las pérdidas de empleos que la crisis podría acarrear.
La fe ciega en el Estado Subsidiario, ese que deja la mayor cantidad de problemas públicos a la mano del mercado, lleva décadas castigando a los pensionados con un sistema que no está pensado para pagar pensiones sino que como una inyección en el mercado de capitales. Que obliga a pasar años en listas de espera para obtener tratamientos que nunca estarán a la altura de los que una Isapre y una Clínica Privada, por el solo hecho de la capacidad del pago del paciente, puede ofrecer. Sin embargo, aunque el modelo económico que tenemos -con una legitimidad cercana a cero luego del 18 de octubre pasado- castiga a los que menos tienen, esta era -y espero lo siga siendo- la oportunidad para actuar de manera distinta.
Las medidas adoptadas internacionalmente son el ejemplo más patente de esto. Solo en términos cuantitativos y comparados, Chile ha comprometido un 4,5 de su PIB, cuando otros países como Estados Unidos (que admiran los neoliberales pero que proporcionalmente tiene muchísimo más Estado que Chile) inyectaron 10% de su PIB en medidas; Francia, Alemania, Italia y España comprometiendo entre el 15% y el 20%. Al mirar el detalle de la inyección nacional, la mayor parte de ella va a préstamos de corto plazo para las empresas (7.500 millones de dólares); para Salud (1.500 millones de dólares), sin embargo, al llegar a las y los trabajadores se inyectan 2.000 millones de dólares (¡como préstamo!) al seguro de cesantía.
Las soluciones que ha utilizado el Gobierno para hacer frente a la crisis tienen raíces y están pensadas desde la misma lógica de siempre: las ganancias se privatizan, las pérdidas se socializan. Esa frase podría estar en el escudo de neoliberalandia. Esa frase explica el polémico dictamen que la Dirección del Trabajo emitió la semana pasada. Por más que el gobierno parche lo que él mismo transforma en heridas, la lógica del proyecto que presentó (probablemente en diálogo con lo que hizo la Dirección del Trabajo), es cargar en las espaldas de las y los trabajadores los costos de la crisis. Si bien el empleador mantendrá la obligación de pagar cotizaciones previsionales, será el trabajador el que usará fondos para el desempleo para proteger el empleo. Impresentable e, insisto, cruel. ¿Por qué? Porque ahora que necesitamos recursos para financiar medidas de protección de las personas, esos recursos no los buscamos en las utilidades de las AFP o de las ISAPRE, no los financiamos con el Cobre ni con el Litio, no reasignamos el gasto militar ni tocamos las grandes fortunas. No. Lo hacemos con la plata de las y los trabajadores.
Para colmo, el gobierno no ha respondido, a la fecha, cuál será la carga con la que deberán aportar las empresas, sobre todo las más grandes de Chile, una vez que la economía se vuelva a poner de pie. El Estado, como decía, por ahora solo hace un préstamos al fondo solidario de cesantía. Y como todo se ha discutido y tramitado a cuenta gotas, tampoco sabemos cuál será la propuesta con la que el Gobierno se hará cargo de todas y todos los trabajadores informales, quienes representan a casi un tercio de la fuerza laboral del país. Ni ellos, ni las trabajadoras de casa particular están cubiertas por el seguro de cesantía. Lo más complejo de todo es que la eficacia de toda medida sanitaria, obviamente, depende de la protección social que le ofrezcamos a las y los trabajadores. De lo contrario, razones habrán de sobra para que salgan a generar ingresos poniendo en riesgo su salud, la de su familia y de toda la ciudadanía.
Hoy más que nunca la ausencia de protección social nos muestra el nivel en el de precariedad y riesgo en el que las y los trabajadores de Chile viven. Y, lo que ha demostrado ya la basta desgarradora experiencia de países con sistemas de salud muchísimo mejor preparado que el nuestro, es que la tasa de mortalidad en esta pandemia depende de nuestras respuestas. La historia nos juzgará por la eficacia y eficiencia con las que las tomemos, pero, sobre todo, si incluyen a toda la sociedad o dejan fuera de la protección social a la parte más vulnerable de ella.
El coronavirus no es un invento del capitalismo, por su puesto que no, pero en un país como el nuestro, la pandemia encuentra caminos que pueden hacer que la tragedia sanitaria también sea un tragedia que golpea muchísimo más fuerte en los más vulnerables, en los olvidados y olvidadas por el modelo neoliberal. También es una urgencia vacunarnos contra eso.
*Publicada en El Desconcierto.
