Editorial | Indulto conmutativo: Una pelea por las mujeres y la infancia en las cárceles chilenas

Por Natalia Castillo, diputada por Revolución Democrática por el distrito 10

Esta semana el COVID-19 superó la barrera de los 5 mil casos en Chile. No solo personas mayores están siendo afectadas, sino también jóvenes y familias completas. La magnitud de la crisis nos abre diversas preguntas, ¿cómo enfrentar el proceso educativo en  niñas, niños y adolescentes sin acceso a internet?, ¿cómo detener el aumento de violencia de género en confinamiento?, ¿cómo cuidar nuestra salud mental?, especialmente la de las familias que viven en departamentos con pocos metros cuadrados y menos espacios para la recreación.

Surgen y surgen las preguntas, y existe un lugar del que pocas veces hablamos, las cárceles, con una población creciente, donde de acuerdo a los distintos informes en que hemos constatado la precariedad de sus condiciones  sanitarias, incluso en algunas sin acceso a agua, sumado a altos niveles de hacinamiento. Según el tercer estudio de condiciones carcelarias realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en 19 de 40 cárceles están por sobre su capacidad, encontrándose en un nivel crítico 11 de ellas. 

Recibimos con entusiasmo el anuncio presidencial de la presentación de un proyecto de ley para lograr la excarcelación de personas mayores que no hubieren cometido delitos graves. Sin embargo el proyecto no incluía a las mujeres embarazadas y madres que cumplen condena con sus hijos menores de 2 años. Es evidente que la cárcel no es un espacio seguro para el desarrollo, lo que en esta crisis se agudiza.

Es por esto que siguiendo la preocupación del Comité para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) es que presentamos y aprobamos por amplia mayoría un proyecto de resolución solicitando al Gobierno extender la medida a las mujeres embarazadas y madres que se encuentren cumpliendo condena  junto a sus hijos pequeños de hasta dos años , y permitirles seguir cumpliendo mediante arresto domiciliario fuera de la cárcel con la supervisión de Gendarmería. El Gobierno accedió a nuestra solicitud y fueron incluídas.

En su intervención en la Comisión, el ministro de Justicia dijo que actualmente se encuentran 120 mujeres viviendo junto a sus hijas e hijos lactantes en cárceles, de las cuales 47 están condenadas y 25 serían beneficiadas.  

Parte de la derecha se negó persistentemente a aprobar este proyecto, justificando su rechazo en que sería “discriminatorio”, ¿por qué?  por no incluir a personas condenadas por las violaciones a los DDHH durante la dictadura. Criminales de delitos de lesa humanidad, que no se encuentran en cárceles comunes, sino que en Punta Peuco, un recinto VIP, donde hay cómodos módulos que permiten perfectamente mantener la distancia social, calefacción y hasta canchas de tenis. 

Rechazaron el proyecto en todas sus instancias, tratando de pagar favores históricos usando como escudo humano a mujeres presas y sus hijos pequeños.

La urgencia de la aprobación de este proyecto fue tal, que tuvo que presentarse un veto sustitutivo presidencial, que finalmente fue aprobado, sin embargo aún no se puede aplicar esta medida que favorece a 1300 personas total, siendo 25 mujeres madres de niños pequeños. Nos queda una valla que sortear, el Tribunal Constitucional, donde seguiremos defendiendo esta medida. 

Lamentablemente, por responsabilidad de la derecha, hemos llegado tarde, pasó lo que advertimos que pasaría, el avance del coronavirus fue más rápido y ya llegó a las cárceles, en  Puente Alto ya hay 12 casos y en la cárcel de san Miguel ya se confirmó el primer caso en el módulo de mujeres, donde hay personas mayores y mujeres embarazadas y madres con sus hijos.

Seguiremos exigiendo mejores condiciones para las personas privadas de libertad pero no permitiremos que la crisis del Coronavirus sea  utilizada por mercenarios de la dictadura militar para intentar escapar a sus responsabilidades históricas. Para eso, nuestros votos no están disponibles.