Por Jorge Brito, diputado por Distrito 7
Escándalo tras escándalo, eso es lo que se lee del informe de Investigación Especial de Contraloría N540. Y muy lejos del orden, o del cumplimento del deber con la patria, suman y siguen los casos de falta a la probidad o literalmente fraude en las instituciones de orden y las FFAA.
Con la reciente noticia de facturas duplicadas por 200 millones de dólares en el Ejército. Todo indica que lamentablemente, esto está muy lejos de terminarse.
El vaso medio lleno, es que hoy, por último estos casos están saliendo a la luz.
Si bien es sabido por todos que en nuestro país vive y se desarrolla una desigualdad violenta, es más increíble cuando esa desigualdad, esos contrastes de realidades, se dan en un entorno tan cercano. Tan cercano como el de un carabinero que dirige el tránsito con su director general o el de un comandante y el de un militar que ingresa a la academia con el único objetivo de servir al país.
Y acá no vengo a hablar de los más de 8 mil millones defraudados del Ejército de Chile, en el llamado “MilicoGate”.
Tampoco de los 28 mil millones de pesos defraudados en Carabineros. Y es que pareciera que estos números ya no nos sorprenden ni escandalizan.
Hoy hablaré con vergüenza sobre la desigualdad, esa que abusa y perjudica a los trabajadores más débiles de aquellas instituciones; no hay palabras para calificar el enriquecimiento ilícito de altos mandos a costa de sus propios funcionarios y funcionarias. Hoy los perjudicados son los Carabineros que patrullan, los que se enfrentan a situaciones de alto riesgo, los que madrugan, no duermen y arriesgan su vida a diario. Son sus sueldos los que están siendo perjudicados, la víctima en esta oportunidad son ellos mismos y el bienestar de sus familias.
Y es aquí donde entran las mutualidades.
La Mutucar por ejemplo, es la mutualidad de Carabineros de Chile y la policia de investigaciones. Según el artículo 1 de sus estatutos es una corporación de seguros sin fines de lucro, en el que provee además sistemas de previsión y ayuda mutua a sus miembros.
Se financia con un porcentaje de los sueldos de los funcionarias y funcionarios activos. Y eso llega a ser lo más sorprendente, Contraloría detectó situaciones extrañas, sospechosas en el funcionamiento de la mutualidad de carabineros. Por ejemplo: según Contraloría, los miembros del directorio no deberían haber recibido en ningún caso algún tipo de remuneración, pues cumplían con su deber, pero se repartían del orden de 200 millones al año en cada mutualidad. Estamos hablando que cerca de los dos millones de pesos mensuales que recibían sus directores, General Bruno Villalobos o el General Manuel Letelier en Carabineros; el Almirante Rodolfo Codina en la Armada u otros,
Pero eso no es todo, la dirección de bienestar de carabineros tenía una relación bastante especial con la mutualidad, de partida el director de bienestar participa de el directorio de la mutualidad, cuestión incompatible según Contraloría, pues en el día a día unas instituciones hacia negocios con la otra.
El asunto se vuelve peor, cuando Contraloría evidencia que entre los años 2005 y 2016, existen 23 mil millones que deberían haber sido traspasados de la mutualidad a la Dirección de Bienestar de carabineros y no hay rastro.
El 2003 la Mutual vendió a la DIBICAR propiedad en 682 millones, el 2006 DIBICAR le devuelve en una venta la misma propiedad a la Mutual pero ahora, tres años más tarde en 2.500 millones. Además, DIBICAR pagó 700 millones de más a constructora.
Nada es concluyente, pero algo indica. A esto, se pudo acceder según dijo contraloría, gracias a un trabajo de detalle, cuál película dramática, recomponiendo datos, pues según informó el Contralor a nuestra comisión, carabineros habría destruido parte de la documentación contable.
Insisto, tengamos diferencias, es legítimo que estén, pero me cuesta pensar que una persona que recibe 4 millones o más de pesos al mes, se enriquezca apropiándose de parte del sueldo de alguien que recibe 500 o 600 mil, que viste el mismo uniforme, pero con una diferencia, pone su vida en peligro por cumplir con su deber.
Podemos debatir y reflexionar mucho en torno al rol de nuestras instituciones armadas y de orden. Su rol en la prevención y persecución del delito, si están más orientadas al cuidado de las personas o de la propiedad privada, para algunas, cuál es su rol en tiempos de paz, para otras, cómo se adaptan a tiempos distintos, cómo se hacen cargo de su propia historia reciente.
Pero en algo de seguro deberíamos estar todos de acuerdo, y es que la probidad y transparencia debieran ser principios rectores, porque son justamente las mismas instituciones las que se perjudican cuando permitimos echar al bolsillo algo que es ajeno. Y más cuando esa mala conducta viene desde los altos mandos afectando directamente a sus propios trabajadores.
