La reciente aprobación del proyecto de retiro del 10% de fondos previsionales nos ha tocado, en nuestra condición de mujeres, una desde Santiago y otra desde el sur del país, abriéndonos a la esperanza de que aun en medio de esta pandemia, es posible retomar la lucha, y que más allá de reacciones e intereses individuales, podemos avanzar con unidad en la construcción de nosotras mismas como sujeto constituyente.
Hemos visto las críticas técnicas que colocan en duda la pertinencia del Proyecto, las presiones hacia el gobierno y de éste al oficialismo, e incluso, la acción de los poderes fácticos que sin mediadores, han anunciado que la aprobación del retiro sería el principio del fin del modelo y una amenaza a la estabilidad democrática del país. No obstante, en diversos medios las personas expresan con fuerza y claridad el apoyo a la iniciativa y la necesidad de que esta se haga realidad. Ante este escenario, nos encontramos con un Congreso que pareciera conectarse con los anhelos mayoritarios, dando soporte al avance del proyecto.
Lo anterior se explica por el contexto previo al Covid-19: una revuelta que, puesta en pausa, jamás tuvo fin. Las razones que nos llevaron a la calle se han profundizado con el encierro, el desempleo y el abandono estatal. La posibilidad de tener acceso a este dinero se convirtió en una alternativa después de la negación del oficialismo a cualquier propuesta que hiciera compatible el resguardo de la salud de la población y el aseguramiento de su sobrevivencia como un todo. Estas propuestas -post natal de emergencia, suspensión de cobros de servicios básicos, renta básica de emergencia, impuesto a los super ricos, entre otros- fueron sistemáticamente boicoteadas, por un gobierno que ha dispuesto de todos los mecanismos a su alcance para cautelar lo que consideran principios de su modelo económico, usando el hambre y la desesperación como castigo y disciplinamiento hacia un pueblo, cuya sublevación resulta imperdonable. También es significativo recordar que si bien gracias a la movilización de octubre, abrimos la puerta hacia una reforma política con el proceso constituyente, el principal déficit de la oposición durante el estallido, fue la imposibilidad de actuar conjuntamente, obstaculizando el avance de iniciativas que tendieran hacia una redistribución de recursos para mejorar las condiciones de vida del pueblo, mientras que el gobierno no ofreció ninguna solución sustantiva en materia social, y de hecho, su respuesta más contundente fue siempre la represión.
Así, nos hemos convertido en uno de los países más golpeados por el Covid-19, producto del fracaso de una estrategia sanitaria, que en realidad ha priorizado la protección empresarial, ofreciendo ayudas asistencialistas focalizadas que dejan a gran parte de la población en un completo desamparo. Esta es la base del masivo descontento que impulsa a la ciudadanía a apoyar el proyecto, en tanto, es dinero efectivo -supuestamente real- y urgente para todas y todos quienes han perdido sus trabajos, han visto disminuidos sus ingresos, y no han accedido a beneficios estatales, ni mucho menos pueden asumir nuevas deuda.
Vale recordar, que el retiro de fondos de pensiones ha sido impulsado por el movimiento NO MÁS AFP, coordinadora que en distintas regiones ha acompañado a trabajadoras y trabajadores en procesos judiciales para solicitar el acceso anticipado a sus fondos previsionales, obteniendo amplio apoyo popular y en algunos casos, un sorprendente respaldo de tribunales. Cuestión significativa, ya que permite recordar que se está respondiendo a una necesidad sentida e inmediata de la población, pero por sobre todo, es el camino de proyección política del movimiento social y la voluntad popular, que no siempre es lineal ni tendrá salidas ideológicamente puras cuando se trata de actuar en la realidad, pero es una vía de verdadera articulación de sujetos sociales que se hacen presentes en distintos escenarios.
Han tratado de convencernos que es peligroso utilizar nuestros propios ahorros para enfrentar la crisis producida por la pandemia, por el impacto negativo que esto tendría sobre las pensiones futuras, sin embargo, estas amenazas resultan irrelevantes en la situación actual, porque esos ahorros están secuestrados, la variación de nuestras pensiones sería marginal, además, estas ya son de miseria. Lo único cierto es que tendremos una difícil batalla en el Senado para restituir al proyecto, la creación de un fondo solidario que compense lo retirado. No somos un pueblo borrego y embrutecido que ignora lo que está pasando, por el contrario, una de las características de este debate legislativo ha sido la alta deliberación pública, el interés de la ciudadanía sobre el Congreso, reforzando la premisa que el deber de las y los legisladores es responder a la voluntad popular. Si empujamos este proyecto es porque cuando ya no hay nada que perder, exigir la devolución de lo injustamente arrebatado, se vuelve un acto de justicia y una afirmación de nuestra soberanía.
Finalmente, lo más significativo, es que a pesar que llevamos 4 meses de pandemia y encierro, no ha terminado nuestro despertar. Reconocemos que este orden político institucional no da abasto y que aquello que nos llevó al estallido sigue vigente. Estamos haciendo política contra las cuerdas, afirmando nuestro derecho a decidir, y de esa forma nos constituimos en sujeto colectivo con voz propia y adquirimos relevancia como actores políticos, con la convicción que cuando la derecha defiende las AFPs, no busca nuestro bienestar, sino que pretende cuidar el patrimonio de los grandes empresarios y súper ricos del país, que han construido su riqueza quitándonos la posibilidad de una vejez digna. Probablemente los conflictos del gobierno no necesariamente son problemas para la derecha, porque mantienen su ideario y se articulan con facilidad para defender sus intereses, lo que sí aparece como oportunidad es el avance de sectores progresistas en el marco de un reordenamiento del sistema de partidos.
Estos elementos deben ser considerados en la construcción de una estrategia que sea capaz de articular diversas voces y actorías que, en conjunto, enfrenten el proceso constituyente. Para ello, es necesario dimensionar la estatura del desafío de repensar y transformar Chile, pues no tenemos luchas ganadas de antemano. Ganar la Convención Constitucional resulta un objetivo primordial de corto plazo, y juntos construir mayorías democráticas cuya movilización y participación política nos permitan poner fin al modelo de AFPs. Solo cuando tengamos una real fuerza organizada, fruto de la articulación y revitalización de un tejido social reconstruido a partir del estallido, la solidaridad en medio de la pandemia y el proceso constituyente, podremos conquistar la creación de un sistema previsional de reparto, tripartito y solidario. De hecho, los marcos de los cambios institucionales que se puedan alcanzar a través de la Nueva Constitución, están en directa relación con la participación, movilización, deliberación y autoeducación que el pueblo pueda desarrollar por medio de un movimiento constante, en donde un nuevo sujeto emerja para reconocerse a sí mismo, sin un signo político dado, pues el carácter de su politización estará en disputa. Nos enfrentamos a la tarea de reconstruir confianzas y en los hechos, revertir los juicios de quienes ven “la política” como un lastre de malas prácticas que le son inherentes. ¿Cómo diferenciar quién es quién en la actividad política?, ¿Cómo responder al interés popular?, ¿Cómo nos sacudimos del letargo y el shock de estos meses de encierro y angustia? Tenemos la certeza de que no se puede afirmar a un pueblo por la vía de negarlo. El proyecto al que nos hemos referido no es una estocada final al modelo, pero si es una respuesta concreta a las necesidades inmediatas de la población, y además, ha hecho posible la confrontación abierta entre el poder empresarial y el pueblo deliberante. Un nuevo paso será, que ese pueblo deliberante se construya como Sujeto político capaz de identificar y empujar sus intereses propios, y así convertirse en el gran protagonista del proceso constituyente.
