Editorial | Santiago, entre la violencia simbólica a la violencia de facto

Por Natalia Contreras, Concejala por Santiago.

Los últimos hechos acontecidos en el Instituto Nacional el miércoles recién pasado, escapan de todo margen de respeto conocido hasta ahora, desde el regreso a la democracia. El actuar desproporcionado de fuerzas especiales al interior del recinto, vulnera la protección de derechos y la igualdad ante la Ley que dispone nuestra Constitución, dejando a jóvenes en la desprotección al exponerlos a bombas lacrimógenas al interior del establecimiento. Situación que, por lo demás, no se dio con estricto cumplimiento de la Ley al momento de irrumpir violentamente en la sala de clases con estudiantes -en su mayoría menores de edad-, como señala el Reglamento de Servicio para el nombramiento del personal de Carabineros de Chile N°10 del año 1999. 

Este actuar tan represivo hacia los jóvenes, nos recuerda la cara más dura y ruda que el fascismo tiene y que ha tenido siempre a la hora de enfrentar sus “focos” de posible peligro y/o amenazas. Sin embargo, la precariedad tanto física como emocional en la que se encuentra el estudiantado de Santiago no es un fenómeno reciente y se arrastra desde hace por lo menos tres décadas, en donde ningún gobierno ha tenido la disposición de afrontarlo.

Se trata de una violencia simbólica desde la precariedad soportada por los establecimientos educacionales; desde la mala alimentación, la decidida vigilancia de Carabineros afuera de las dependencias de los liceos, la entrada y salida de Directores, la falta de profesores; hasta los dichos que, por ejemplo, ha señalado el alcalde Felipe Alessandri refiriéndose a un grupo de estudiantes como “manzanas podridas”, haciendo caso omiso a su impacto mediático hacia la comunidad escolar y el estudiantado. 

 ¿Qué conlleva esto y que significa en términos simbólicos y prácticos? Vivir la experiencia cotidiana de no sentirse a gusto en el lugar donde se estudia, y el malestar subjetivo que esto desencadena, de asistir todos los días a un “campo de concentración” y/ o foco de control social estigmatizado.

 Con esa estigmatización de los estudiantes y el estallido de violencia, la derecha “blanquea” sus propias responsabilidades como agente sostenedor, impugnándole culpas y responsabilidades a la comunidad educativa, justificando así su “mano dura”, capturando el sentido común de las penas y de los castigos. Aula Segura es un ejemplo de esto, es parte del relato que se dirige a la sociedad y se instala como una especie de “ley anti terrorista de la educación”. Y así lo mismo con el decreto exclusivo de revisión de mochilas en este recinto educativo. La violencia va mermando y va generando conflictos previos a los acontecidos el día miércoles, desde lo disciplinar hasta lo judicial.  

El poder Tiende a borrar lo que puede haber de exorbitante en el ejercicio del castigo. Y esto haciendo jugar uno con respecto del otro los dos registros en que se despliega: el —legal— de la justicia, y el —extralegal— de la disciplina”. 

Michelle Foucault, Vigilar y castigar nacimiento de la prisión 2003.