El Consejo Regional Metropolitano tiene la facultad, como parte del Gobierno Regional, de pronunciarse frente a todo proyecto o actividad que se somete a evaluación ambiental en la Región.
Si bien, esta facultad la tiene desde que se modificó la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente en el año 2010, no la había podido ejercer hasta octubre del año 2018.
Para ello fueron necesarios dos dictámenes de la Contraloría General de la República y el empuje interno de los Consejeros Regionales. En forma previa, solo la Intendencia emitía dichos pronunciamientos sin someterlos a aprobación del CORE.
¿Es suficiente la expresión del CORE a través de estos pronunciamientos?
¿Qué rol debiese tener en el marco de la institucionalidad ambiental, como único órgano del ejecutivo electo democráticamente y llamado a hacer efectiva la participación ciudadana en la Región?
Si bien hoy, tenemos al menos una voz que se expresa en la aprobación o rechazo de los pronunciamientos emitidos por el Gobierno Regional, es importante tener en cuenta que no son vinculantes y que los CORES fueron parte de la comisión evaluadora de la COREMA, por lo que ejercían un voto directo, representando a la ciudadanía en las decisiones de este órgano, mitad técnico y mitad político.
Sabemos que nuestra región y ciudad capital no cuenta con instrumentos de planificación territorial óptimos que nos permitan decidir hacia dónde y cómo queremos impulsar el desarrollo de su territorio.
En este contexto, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental cumple un rol estratégico que no puede obviar. Por norma está llamado a velar por la protección de nuestro medio ambiente en el sentido amplio de su definición, no solamente lo referente a la contaminación ambiental y a la protección de nuestro entorno natural, sino que también a proteger los elementos socioculturales que componen los barrios, la ciudad y la región. Específicamente la legislación ambiental vela por el resguardo de los “sistemas de vida y costumbres de grupos humanos”. Es acá donde claramente el SEIA presenta hoy severas falencias.
Un ejemplo es la reciente aprobación del Resolución de Calificación Ambiental al megaproyecto inmobiliario “Egaña Comunidad Sustentable”, en la comuna de Ñuñoa. En el proceso de evaluación, uno de los aspectos que llamó la atención, fue la conformidad mostrada por diferentes servicios como Seremis de Desarrollo Social y Medio Ambiente pese a las débiles respuestas de la inmobiliaria a las solicitudes planteadas por ellos mismos en torno a proteger los sistemas de vida allí presentes.
Pero lo más evidente fue la dificultosa acogida a escuchar a la comunidad y hacerse cargo de sus observaciones al proyecto.
Este proyecto se abrió a participación ciudadana sólo gracias a la enorme presión social, que movilizó a más de 1.000 vecinos de Ñuñoa y La Reina preocupados por la congestión vial, el acceso al transporte público, la contaminación ambiental, el colapso de las redes de servicios públicos y las variadas formas en como el proyecto afectará la vida en el barrio.
Lograr levantar el proceso de participación fue un trabajo lleno de obstáculos. A pesar de las numerosas solicitudes que llegaron, hubo una primera denegación y sólo luego de una reclamación ante el Director Ejecutivo, el SEA accedió a abrir el proceso.
Sin embargo, las miles de observaciones y aprensiones presentadas por los vecinos no fueron tomadas en cuenta en la evaluación, e incluso, durante la instancia final, la comisión evaluadora, donde tampoco fueron escuchados los argumentos de los dirigentes vecinales ni del propio Alcalde de Ñuñoa, se prohibió grabar o tomar fotografías a los presentes a pesar de ser, por reglamento una instancia pública.
Pese a la enorme movilización social de rechazo al proyecto, el SEA no puso en valor las demandas de la comunidad, la que exigía la realización de un Estudio de Impacto Ambiental que diera verdaderas garantías de protección ambiental.
“Quienes somos electos de manera directa por la ciudadanía no estamos pudiendo ejercer la defensa de quienes representamos, hacer valer los principios de la ley y los objetivos de nuestras políticas públicas regionales. Y quienes sí están sentados en la mesa evaluadora, son sólo aquellos que representan los intereses del gobierno central de turno”.
En este ejemplo, el CORE no pudo votar ninguno de los pronunciamientos generados por el Gobierno Regional ni tampoco estuvo presente en la comisión evaluadora.
O sea, quienes somos electos de manera directa por la ciudadanía no estamos pudiendo ejercer la defensa de quienes representamos, hacer valer los principios de la ley y los objetivos de nuestras políticas públicas regionales.
En el marco de la urgente necesidad de proteger nuestro medioambiente y de priorizar los intereses colectivos por sobre los privados en la ciudad, es urgente una reforma al SEIA que fortalezca los procesos de participación ciudadana, propicie rediseños o relocalizaciones de aquellos proyectos resistidos legítimamente por la comunidad, reconozca que no toda contaminación es “compensable” poniendo límites a los proyectos que superen de forma desmedida los niveles establecidos por la norma e integre, en la comisión evaluadora, a aquellos que hemos sido elegidos democráticamente por la ciudadanía.
