Editorial: Zonas de Sacrificio, el triste legado de la negligencia del Estado chileno hacia sus comunidades

 
 

Por Catalina Pérez, Diputada por el Distrito Nº 3 y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara.

 
 
 

El modelo de desarrollo chileno vigente se ha sostenido en la privatización de los bienes comunes y una predominante vocación de inserción en los mercados globales, exportando principalmente commodities. Una de las principales consecuencias de la hegemonía de este sistema ha sido la concentración de la riqueza, tanto en el acceso a la propiedad como en la desigualdad de ingreso.

¿Por qué comenzar una editorial sobre zonas de sacrificio con esta introducción? Porque es en este contexto que debemos entregar una nueva dimensión a las reflexiones sobre los impactos negativos de nuestro modelo socioeconómico. La inequidad en la distribución de las cargas ambientales a lo largo del territorio nacional es consecuencia directa de las industrias extractivas y es la razón que explica la existencia de las llamadas “zonas de sacrificio”. Lo decimos con vergüenza y tristeza: las crisis ambientales que vive nuestro país en estos días no son nuevas ni debieran sorprendernos. Son producto de décadas de negligencia y pasividad por parte del Estado chileno; un Estado que permite la degradación de ecosistemas, la destrucción de los bienes comunes como el aire, agua y suelo, que son utilizados indiscriminadamente por parte de los grandes capitales, y finalmente, el daño a la salud de los habitantes de dichos territorios.

Aunque debemos ser cautelosos con el uso del término “zona de sacrificio”,  soy enfática en insistir que no se trata de una definición antojadiza, ya que, tal como el nombre lo señala, son territorios en los que la sociedad ha decidido condenar a sus habitantes a la destrucción y enfermedad, en pos de una idea determinada de “desarrollo”. De esta manera se han visto afectados directamente los derechos fundamentales de estas personas: a la vida, a la salud, a la educación, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la alimentación y a la vivienda, entre muchos otros. Me parece relevante destacar que si bien la existencia de estos territorios concentra los efectos contaminantes de las industrias extractivistas, ellos se encuentran lamentablemente presentes en todo el territorio nacional. Desde la industria salmonera en los lagos, ríos y mares del sur, pasando por el auge silvícola del Wallmapu y la agroindustria frutícola de la zona central hacia la gran minería en la zona Norte, el patrón es similar. Las crisis y conflictos ambientales se suceden una a una y el Estado es incapaz de reaccionar eficazmente para remediar los daños y prevenir nuevos episodios de contaminación excesiva.

Los eventos de las últimas semanas en Quintero-Puchuncaví y Mejillones no son únicos. Se han venido sucediendo a lo largo del tiempo y hasta hoy, el Gobierno no ha sido capaz de dar una respuesta concreta a las comunidades afectadas. Y cómo hacerlo si la normativa ambiental vigente es débil y restringida. Cómo hacerlo si las condenas y multas son irrisorias, si la Superintendencia de Medio Ambiente tiene las manos prácticamente atadas y una cantidad escasa de fiscalizadores, si solo puede intervenir cuando el desastre ya ocurrió. Nuestra institucionalidad ambiental fue conscientemente diseñada, tanto en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), como en la forma en que el Ministerio, la Superintendencia y los Tribunales Ambientales operan, con un objetivo principal en mente: propiciar el desarrollo de la mayor cantidad de proyectos de inversión posibles. Para ello, el camino tomado fue uno, diseñar la normativa y las herramientas de los órganos públicos de forma que su aplicación no disminuyera la inversión y el normal funcionamiento de los proyectos industriales. La protección de los ecosistemas y la salud de las personas en Chile es un tema de tercer orden y esa es la triste realidad presente y explica la actual situación de Quintero, pero también de Mejillones, Coronel y Petorca, entre muchas otras ciudades.

Frente a esta situación no nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo más generaciones de chilenos y chilenas pierden la dignidad, la salud y hasta la vida en los territorios arrasados por las industrias y frente la pasividad del Estado. Desde que llegamos al Congreso, nos comprometimos a cambiar este paradigma. En primer lugar, queremos avanzar en medidas de reparación, por ello y ante la imposibilidad de presentar el proyecto de ley por ser de iniciativa exclusiva presidencial,  presentamos un proyecto de resolución que solicita al Presidente de la República la redacción de un proyecto de ley de polimetales de alcance nacional. Este tipo de legislación rige hoy para el territorio de Arica y establece reparaciones en salud, vivienda y educación a las personas que sufrieron daños y perjuicios causados por la contaminación por presencia de metales pesados en el medio ambiente.  La moción se encuentra en tabla para ser discutida y votada en los próximos días, porque sabemos que necesitamos legislar estableciendo medidas reparatorias para todas las personas que residan en comunas que presenten altos índices de contaminación como consecuencia de la actividad minera y la presencia de metales pesados, tal como la que hoy rige únicamente en Arica.

En segundo lugar y atacando la problemática de fondo, nos encontramos participando de un proceso amplio de articulación política y social para aprovechar la coyuntura de la reforma propuesta por el Gobierno al SEIA para demandar un nuevo trato en materia ambiental. Una propuesta que incluya la voz de los territorios y la sociedad civil, que otorgue herramientas y recursos a los órganos públicos y que permita una distribución más equitativa de los pasivos ambientales. Formaremos parte de esta Red por la Democracia Ambiental y desde ahí lucharemos por una institucionalidad que proteja efectivamente nuestros bienes comunes y entregue ejercicio pleno de derechos fundamentales a los ciudadanos.

Si hoy la agenda ambiental se ha tomado el centro del debate en lo institucional y en la ciudadanía, es porque el programa económico del gobierno de Sebastián Piñera tiene aquí su flanco más débil, pues lamentablemente está disponible a poner en concesión la salud de las personas y de los territorios como moneda de cambio en su idea de desarrollo. Por eso,  debemos plantearnos un modelo de desarrollo que piense en el largo plazo, un modelo que no debe estar disponible a la existencia de nuevas zonas de sacrificio. Necesitamos actualizar la normativa ambiental, homologarla a los estándares internacionales para que la gente no siga intoxicándose y muriendo. Requerimos un rediseño de nuestra matriz productiva, que asuma el principio precautorio (ausente en nuestra legislación) como la orientación básica de las intervenciones a los ecosistemas. Demandamos que la riqueza de Chile se distribuya de mejor forma entre sus habitantes, pero el uso de esos bienes comunes debe restringirse para evitar su destrucción. La batalla contra la desigualdad ha sido una propuesta central en los diagnósticos y medidas levantadas por Revolución Democrática. Es hora de que le añadamos mayor profundidad a ese diagnóstico y veamos en la ausencia de justicia ambiental la gran batalla de la izquierda del siglo XXI.