Resulta muy interesante observar lo similares que pueden ser las “ideas” y los “virus”. En primer lugar, ambos son invisibles: su existencia y propagación sucede sin que podamos siquiera observarlos. Algunas ideas logran propagarse de forma tan rápida y masiva, que cuando ello ocurre, ¡incluso se les denomina como “virales”!, haciendo expresa referencia a la replicación viral. Pero existe una similitud entre estos dos conceptos, que es aún más interesante de mencionar. Cuando un virus consigue infectar a su huésped, muchas veces puede enfermarlo, e incluso ponerlo en un grave peligro de vida. En ese sentido cabe preguntarse, ¿pueden las ideas también ser agentes peligrosos para nuestro cuerpo social? Veamos.
Resulta imposible dimensionar las consecuencias político-económicas que dejará la pandemia, pero sí debemos tener una profunda convicción sobre el hecho de que el sistema democrático no puede convertirse en una más de sus víctimas. El COVID-19 ha iluminado tristemente diferentes prácticas políticas de asedio contra la deliberación legislativa de nuestro Congreso Nacional. La forma en cómo se han tramitado los proyectos de postnatal de emergencia, infraestructura crítica y sistema de inteligencia nacional, son un buen ejemplo de esto. Cada uno de ellos guarda una urgencia que no coincide entre las voluntades del congreso, el gobierno y las necesidades inmediatas de la ciudadanía. Nuevamente nuestro diseño institucional obstaculiza la deliberación democrática.
El gobierno ha decidido priorizar la tramitación del proyecto de ley que busca «modernizar y fortalecer» el sistema de inteligencia del Estado, por sobre otras iniciativas. En principio, esto no debería significar un problema. Por un lado, es cierto que las diferentes agendas del país deben continuar; la promoción de políticas de equidad de género, la discusión constitucional y por supuesto, la defensa nacional y la seguridad interior del Estado, entre otras, no pueden ser descuidadas, aún bajo el más grave evento pandémico. Sin embargo, hace poco más de una semana, la agenda-setting destacó la preocupación de cientos de personas que interactuaron denunciando el contenido del mensaje presidencial: “autoritarismo”, “agenda represiva” y “urgencia injustificada”, podían leerse junto al hashtag #NoApruebenLaDictadura.
A esto, se suma la carta abierta que publicó el Grupo de Análisis de Defensa y Fuerzas Armadas (GADF). Doce académicas y académicos, expertos en la materia, declaran en nueve puntos concretos que el proyecto no establece un sistema de inteligencia nacional, sino más bien una “policía política”. Asimismo, los más de diez expositores invitados a la Cámara de Diputados y Diputadas, académicos y académicas de diferentes disciplinas, manifestaron -sin excepción- reparos con el contenido de la propuesta. ¿Qué idea peligrosa, entonces, podría contener el proyecto de inteligencia impulsado por el Gobierno de Chile?
Todo Estado se ve enfrentado al desafío de tener que tomar múltiples y complejas decisiones sobre diferentes y variados tipos de asuntos. Esta actividad se vuelve cada vez más difícil frente a la vertiginosa hiperproducción e hipercomunicación global. La idoneidad, prudencia y efectividad de estas decisiones, dependerá entonces, de la cantidad de información y capacidad de análisis que tengan los Estados sobre la misma. Esta es, a grandes rasgos, la maravillosa y difícil tarea que tienen los sistemas de inteligencia en el mundo.
En ese sentido, no cabe duda que existe una necesidad urgente de contar con un buen y robusto sistema nacional, sobre todo considerando que en términos estrictos, nunca hemos contado con uno. La “inteligencia nacional” de nuestro país tiene un origen eminentemente represivo. Ni la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), ni su sucesora, la Central Nacional de Informaciones (CNI), se dedicaron a la producción y procesamiento de información estratégica de calidad, sino más bien, a funcionar como verdaderos aparatos de represión política, dirigidos contra partidos de oposición a la dictadura militar y militantes políticos de izquierda. Si hubiesen existido verdaderas unidades de inteligencia en Chile, se habrían detectado y neutralizado a tiempo diferentes hechos históricos. El profesor Rodrigo Cárcamo lo ejemplifica de manera brillante: “la guerra de las Malvinas, la derrota en el plebiscito presidencial de 1988, o la internación de armas en Carrizal Bajo, realizada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), y por su puesto, el atentado al general Pinochet en 1986”, no habrían sucedido. La ley del 2004 (actual) fue un diseño lleno de buenas intenciones, pero la discrecionalidad de las policías y de las unidades de inteligencia en general, sólo permiten contabilizar deudas respecto al resguardo de los derechos fundamentales que el Estado de Chile está obligado a garantizar.
Pero la urgencia y necesidad de contar con un sistema, no pueden jamás traducirse en la torpeza o irresponsabilidad de disponer una herramienta contingente para un gobierno de turno, cualquiera sea este. La nueva Ley de Inteligencia debe ser una rigurosa y eficiente política de Estado. Siete son al menos, los puntos críticos, identificados por todos los expertos y expertas señalados previamente, que pasan por: I) Una politización excesiva de los aparatos de inteligencia, respondiendo estos a los objetivos, que en buena parte, dependen de la exclusiva voluntad del Presidente de la República; II) cambios en la definición de contrainteligencia, estableciendo como parte de sus objetivos a los grupos nacionales, afianzando la doctrina del “enemigo interno”; III) una ampliación de las funciones de las FF.AA, desvirtuando sus objetivos constitucionales, vinculándolas a la seguridad interior del Estado; IV) se prescinde de las exigencias constitucionales en materia de protección de datos personales y sensibles; V) se debilita el rol fiscalizador del Congreso Nacional y se le deja afuera del diseño y gestión de la política nacional de inteligencia; VI) no se incorpora ninguna de las reformas denunciadas en la comisión investigadora del caso Huracán, sobre control judicial efectivo y garantías de protección de DD.FF en la obtención de información de fuente cerrada y agentes encubierto, y por último VII) se prescinde totalmente de la propia y personal promesa del Presidente de la República señalada en su programa de gobierno, la cual consiste en formar una Escuela Nacional de Inteligencia, que genere al fin una comunidad profesional y cuadros técnicos eficaces a cargo de la inteligencia chilena, y no cuotas políticas poderosas con calidad de emisarios. Si no existe profesionalización, jamás se podrán neutralizar de forma correcta, los riesgos correctos -Ningún metro dejará de quemarse-.
Es preciso señalar, que para avanzar realmente en una ley de esta envergadura, no sólo se deben cambiar algunos artículos del proyecto, sino que debe existir un cambio completo en la matriz teórica sobre la que este descansa. La integración del sistema de inteligencia (SIE) es la línea argumental que ha utilizado el gobierno para fundamentar la rapidez en la tramitación del proyecto. Pero la existencia de una estructura integrada y coordinada no garantiza necesariamente el correcto funcionamiento de los aparatos de inteligencia nacional, al menos no únicamente. La arquitectura del SIE es una cosa, pero sin la incorporación de las grandes enmiendas que han propuesto los expertos y expertas de la comunidad, toda la capacidad de acción del sistema puede verse dirigida -y erigido- por los objetivos del gobierno de turno. De ser específicamente este gobierno -que debemos recordar, ha sido declarado responsable de cometer graves violaciones de derechos humanos por más de cinco informes de organizaciones internacionales-, resulta de toda lógica la sospecha y el temor fundado sobre el grave peligro que correrían grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, federaciones de estudiantes e incluso, el sector privado. A esto debe agregarse una variable aún más relevante, que guarda relación con los procesos políticos internos del país, asociados a la revuelta popular de octubre. Aquellos procesos han quedado suspendidos por la pandemia y si consideramos las precarias condiciones actuales en materia de satisfacción de derechos básicos en contexto del COVID-19, la reactivación del conflicto se torna inminente.
Pero todo esto puede corregirse. Para ello primero es necesario aceptar que en este momento una urgencia en la tramitación, significa sólo una irresponsabilidad y un atentado directo contra el necesario y delicado proceso de deliberación democrática. Hoy el proyecto de ley es tan sólo una idea peligrosa, la inoculación del virus al cuerpo social todavía no ha ocurrido, para esta contingencia tenemos una vacuna, solo depende del gobierno saber utilizarla de la forma correcta y en el momento político más prudente.
