Editorial|Postnatal de emergencia: el único acuerdo posible es garantizarlo sin letra chica

Por Marcela Sandoval, vicepresidenta macrozona centro RD.

Hace unos días, con votos de senadores de la DC, PS y PPD el Senado, rechazó la admisibilidad del proyecto de ley sobre postnatal de emergencia y ahora pasa a una comisión mixta, integrada por diputadas, diputados y senadores, que deberá emitir un informe sobre su admisibilidad.

Casi lo que lleva la crisis sanitaria es lo que ha demorado su tramitación. Pero la demora pareciera no inquietar a quienes gobiernan, al contrario, vieron en el reciente acuerdo económico una alternativa al postnatal de emergencia y proponen incluir una medida en la Ley de protección al empleo, que no cubre por cierto la necesidad de extender el permiso para cuidar a lactantes en el contexto de la pandemia.

Estamos en una situación muy adversa, quizás la más compleja de los últimos 40 años, donde Chile presenta altísimas tasas de mortalidad por cantidad de habitantes, sin embargo, un gran porcentaje de trabajadoras y trabajadores debe trasladarse día a día como si estuviésemos en una situación normal, exponiéndose al contagio del Covid-19. Este escenario no ha remecido lo suficiente al gobierno, menos la demanda de miles de madres por un permiso que les permita seguir cuidando a sus hijos en esta situación excepcional. El informe Epidemiológico del Ministerio de Salud publicado el 8 de junio, señaló que del total de contagiados 2.624 son niños menores de cuatro años y un 10% de ellos están hospitalizados.

Tras la iniciativa del postnatal de emergencia hay voces transversales como las diputadas del Frente Amplio, Maite Orsini y Gael Yeomans, diputados independientes como Marcelo Díaz y diputados oficialistas como Marcela Sabat, Paulina Nuñez y Gonzalo Fuenzalida, que lograron la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados. No obstante, la estrategia dilatoria del gobierno argumentando su inconstitucionalidad convenció incluso a algunos senadores de oposición, porque administrativamente si un proyecto implica aumento de gastos del Estado es una facultad del Presidente. Si esto es así y la urgencia lo amerita, ¿por qué el ejecutivo no ha presentado su propia moción que proteja la maternidad y la niñez en este periodo de emergencia? Si las reglas constitucionales son las que son, varios derechos relacionados con la maternidad, la protección de la niñez y el trabajo deben también ser protegidos y no solo circunscribir el debate a lo meramente procedimental. Por algo estamos en un estado de excepción constitucional.

La magnitud de la crisis obliga con urgencia a repensar medidas para enfrentar el tema de los cuidados en una emergencia, donde las salas cunas no funcionan y quienes podrían cuidar cuando las instituciones están cerradas, generalmente son los abuelos que hoy son la principal población de riesgo. El proyecto de postnatal apunta a garantizar el cuidado y resguardar el empleo, extendiendo el permiso por lo que dure la pandemia, que el prenatal parta 4 semanas antes, que el fuero maternal se extienda también por toda la duración de la pandemia, así como el permiso por hijo o hija mayor de un año afectado por un accidente grave o de una enfermedad.

Lo que estamos viviendo es inédito y la protección de los recién nacidos y niños pequeños no puede seguir esperando. Tampoco el derecho de las madres y padres a seguir cuidando. Hay un principio de justicia social que debe primar en cualquier decisión que adopte el Estado para enfrentar el cuidado en esta crisis. Esto es algo que olvidan algunos representantes al argumentar inconstitucionalidad, hay reglas internacionales donde Chile se ha comprometido a proteger la maternidad en materia laboral y los derechos de niños y niñas, y esto no es otra cosa que resguardar la justicia social.

La comisión mixta tiene en sus manos la posibilidad de levantar nuevos argumentos que fortalezcan una demanda tan de sentido común, pero que no ha logrado permear las prioridades económicas del actual gobierno.

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