Recientemente, representantes de diversos sectores económicos se reunieron en Coyhaique, con el objetivo de promover una serie de ajustes en los instrumentos de excepción vigentes en la región de Aysén. Entre ellos, se proponen modificaciones a la Ley Austral, DFL 15 Bonificación a la Inversión y DL 889 Bonificación a la contratación de la mano de obra, esto con el objetivo de “Generar condiciones e incentivar un cambio en la matriz productiva y, de ese modo, el sector privado logre un desarrollo que permita generar más y mejores empleos. Aysén tiene una baja inversión privada por lo que debemos revertir esta situación”, señaló en dicha reunión el Intendente (s), Pablo Galilea.
De estas afirmaciones, se desprende la necesidad de contar con una política pública coordinada y coherente con las características territoriales de las empresas formales de la región de Aysén, que apunten a reducir brechas sectoriales, pero también las brechas territoriales y de género existente en el empresariado local.
¿Qué sabemos de las empresas de Aysén? El 70 por ciento de ellas o 7 de cada 10, son microempresas, es decir, tienen ventas mensuales inferiores a 5 millones 500 mil de pesos. Por otra parte, una fracción importante de ellas está dirigida por una mujer, especialmente en sectores económicos como el turismo, comercio, servicios profesionales, entre otros. Además, las empresas registradas por una mujer como personal natural, han crecido entre los años 2005 y 2017 por sobre el crecimiento de las ventas de empresas registradas por hombres. No obstante, pese a estas buenas cifras, las mujeres presentan una serie de barreras para el desarrollo y crecimiento de sus actividades empresariales como acceso al crédito y debido al rol histórico que se les ha asignado a las mujeres respecto a los trabajos de cuidados.
Dado este diagnóstico y las dificultades que enfrentan las mujeres, resulta necesario que las políticas públicas de fomento, dispongan de criterios diferenciados entre hombres y mujeres que son dueños de empresas, donde estas últimas cuenten con una subvención mayor o criterios de selección diferenciados, dada las mayores restricciones de financiamiento que presentan en el mercado formal, y como forma de incentivar el crecimiento en las empresas dirigidas por mujeres.
En el caso de los trabajadores, actualmente los instrumentos no contemplan ningún mecanismo directo de incentivo al trabajo, o de protección al trabajador en situación de pérdida de empleo. En los últimos años hemos visto en la región cómo sectores económicos como la pesca y minería han reducido su contratación, ya sea por pérdida de competitividad, o debido a problemas como por ejemplo el virus ISA entre otros. Estos problemas, que tarde o temprano afectan a sectores importantes de la economía regional, no cuentan con instrumentos de apoyo continuo al trabajador, por esta razón, una opción sería por un lado, entregar la subvención a la contratación al empresario, y por otro, entregar un monto para incrementar el seguro de cesantía, de modo que al momento de perder el empleo, el trabajador cuente con un colchón mayor de recursos disponibles para el periodo de cesantía. Por otro lado, se reconoce que las mujeres enfrentan brechas de salario respecto a los hombres, no obstante, el instrumento de bonificación a la mano de obra no reconoce en su diseño esta realidad. Resulta imperativo contar con un monto de subvención superior para ellas, con el fin de reducir las brechas de remuneración entre hombres y mujeres.
En concreto, se requieren instrumentos que reconozcan las brechas existentes a nivel territorial, y que comprometan recursos diferenciados por tamaño de empresa. Además, los instrumentos, requieren que en el diseño apunten a reducir las brechas de género de acceso a recursos de financiamiento entre empresarios, pero también la brecha de género en las remuneraciones de hombres y mujeres.
