Hay quienes siguen sin entender cómo el resultado más relevante de la revuelta que comenzó el 18 de octubre es la posibilidad de una nueva Constitución. En su concepción del asunto, algunos aún afirman que nunca se trató de eso, sino de “demandas concretas” como mejorar los sueldos, las pensiones, la salud… los problemas reales de la gente. Desde esta perspectiva el clamor popular por una nueva Constitución sería en realidad una maniobra de la izquierda que, haciendo gala de un increíble manejo de masas, instaló esta demanda suplantando aquellas que “de verdad” pedía la ciudadanía. Esa es la fantasía.
Lo cierto es que fue en el proceso espontáneo del debate público, de conversaciones y encuentros que se abrieron, de demostraciones en la calle, de creatividad y rabia en ebullición desde donde fue decantando una convicción compartida: el sistema en su conjunto está profundamente mal. Y, por lo tanto, la vía para transformarlo es la deliberación de un nuevo orden institucional, para todas y todos. El camino estaba claro para el pueblo chileno.
Después, vino la crisis por el coronavirus. Primero sanitaria, luego económica y de magnitudes aún desconocidas. En estas condiciones, vuelven a argumentar, el país no aguanta más incertidumbre, por ende, debemos rechazar y si llegamos a aprobar, la nueva Constitución debe ser una copia lo más fiel posible de la actual. Bajo esta lógica, el país está condenado a marcar siempre el paso impuesto a sangre y fuego décadas atrás, ya sea porque la crisis es muy profunda, o no es lo suficientemente acuciante como para realizar cambios estructurales.
En todo este contexto, ha pasado a segundo plano que el modelo económico de nuestro país venía tensionado desde mucho antes, en particular desde lo ambiental. Esta crisis ambiental en ningún caso es solo nacional, sino que es de dimensiones planetarias, con efectos concretos como las migraciones climáticas, que afectan de manera particularmente cruenta a mujeres del mundo rural.
En Chile, uno de los pilares más relevantes que ha sostenido el modelo ha sido el extractivismo, que, desde la esfera nacional, contribuye también a la crisis climática. Esta forma de organizar la economía nacional determina, en función de la mayor utilidad privada posible, qué zonas del país son “sacrificables”. Extrae riqueza y la lleva hacia otros lugares, usualmente concentrados en pocas hectáreas de Santiago.
No vamos a salir de esta crisis política, económica y social volviendo a echar leña a esa maquinaria, hoy obsoleta. Eso lo único que nos traería es una nueva crisis. El modelo extractivista y rentista que ha sostenido la economía chilena debe transformarse y el momento para reflexionar y actuar sobre ello es ahora. Si bien la necesidad de cambio se ha vuelto evidente, los caminos concretos para materializarlo parecen todavía esquivos. Entonces ¿dónde encontramos pistas para avanzar?
Parte de la respuesta se esboza al observar cómo el pueblo ha respondido a estos desafíos para desde ahí comenzar a proyectar un futuro ambicioso de transformaciones. Las cooperativas de abastecimiento, las iniciativas locales para potenciar el pequeño comercio, las redes de economía circular y comercio justo, los movimientos de defensa ambiental, y el feminismo relevando las políticas de cuidado nos están indicando un camino. Es un camino que nos fuerza a pensar las acciones desde una escala humana, y a decir nunca más al subsidio gratuito que involuntariamente, miles de personas entregan a los grandes negocios, que consiste ni más ni menos que en hipotecar su propia existencia cotidiana.
Para que la nueva economía esté al servicio de las personas, es imprescindible que la mirada local tome el protagonismo que merece. Es desde esos espacios en los que reimaginaremos modos de relación y producción que nos permitan avanzar hacia un camino sustentable y más justo. Desde lo local podremos incorporar una acción económica que al mismo tiempo sea una acción climática sustentable en todos los niveles.
Nuestra política debe, más que nunca, redoblar su compromiso con estos procesos de transformación y progreso humano. El desafío es que el proceso constituyente en curso se piense en esta clave, de modo de avanzar decididamente a un país con derechos efectivos.
