El Consejo de Observadores y las posibilidades de la participación en el Proceso Constituyente

El nombramiento del Consejo de Observadores del Proceso Constituyente ha generado una serie de críticas respecto a su composición y a la idoneidad de sus integrantes para cumplir con su misión. Si bien algunas de esas críticas han tocado aspectos efectivamente deficitarios (la representatividad de género, así como la de las regiones de nuestro país; la incertidumbre de su verdadero rol en el desarrollo del proceso; su adecuado balance entre expertos y ciudadanos), el cuestionamiento a los integrantes como incapaces de llevar adelante su mandato no puede basarse, como han hecho algunos, en sus meras capacidades técnicas.

Rocío Donoso
Rocío Donoso, Coordinadora Comisión Participación Ciudadana

¿Qué es entonces lo que debemos exigirles? Por importante que pueda ser la pluralidad y representatividad de su composición (que, insistimos, tiene todavía algunos déficits relevantes), lo más importante que deben entender los consejeros es que cumplirán un rol político y técnico fundamental, inédito en la historia reciente del país. No basta, por lo tanto, con que sean “buenos” ciudadanos y ciudadanas (o bien lo son o bien no tenemos cómo juzgar que no lo sean) ni que tengan una legitimidad en la sociedad debido a sus actividades (dirigentes, comunicadores, artistas, deportistas, expertos constitucionalistas, etc.); de lo que se trata es de que estén a la altura de lo que se les demanda: nada menos que garantizar la transparencia, idoneidad y legitimidad del proceso de participación ciudadana más importante del que se tenga memoria desde el retorno a la democracia.
La Participación Ciudadana ha sido uno de los conceptos claves en la reflexión acerca de las posibilidades de profundización de la democracia representativa. Desde mediados de los años 90 y motivados por la “despolitización” de la democracia chilena y el desencadenamiento de grandes conflictos ambientales y sociales, los gobiernos de la Concertación así como las empresas privadas comenzaron tímidamente a incorporar este tipo de procesos participativos en la definición y concreción de sus política públicas y sus iniciativas de inversión, respectivamente. Ya fuese por errores en su implementación o por sus limitaciones sistémicas (ie. no cambia las relaciones de poder de los participantes, sólo las pone en una situación artificial de simetría), sabemos que la penetración de esta nueva perspectiva ha tenido mucho de formalismo y hoy gran parte de la ciudadanía desconfía de la real incidencia de esas instancias, las que han sido cuestionadas tanto en el ámbito público como en el privado.
Matías Wolff
Matías Wolff, Consejero Político

El estallido social de 2011 mostró los límites que tenía esa concepción formal y superficial de la participación ciudadana. Miles de ciudadanos han salido desde entonces a las calles y han entrado en las organizaciones de base demandando mayores grados de deliberación y decisión en la participación. La dimensión de participación ciudadana del actual Proceso Constituyente debe por lo tanto hacerse cargo de este nuevo escenario. Que esto sea posible no depende solamente de la buenas intenciones del Gobierno, sino de su voluntad política y su capacidad técnica para implementarlo. Si el Consejo de Observadores tiene como rol garantizar la etapa de participación para que esta sea “transparente, libre y sin presiones ni distorsiones” esto significa que los ciudadanos puedan presenciar, observar y estar al tanto del proceso, pero no implica necesariamente que su participación sea necesariamente activa y vinculante. Y es justamente una participación con poder de toma de decisión la que se requiere para crear lo que serán las Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución; es más, para que la participación tenga los estándares democráticos que demanda hoy la ciudadanía no basta tan sólo con hablar en los diálogos ciudadanos sobre los temas sectoriales de política pública o derechos sociales sino que es necesario un proceso reflexivo acerca de los mecanismos para cambiar la Constitución. Y son estos elementos los que marcan la pauta de una participación ciudadana de alto estándar y que justamente el Consejo de Observadores debiera resguardar.
La metodología de Participación Ciudadana de los Diálogos Ciudadanos necesita obedecer por lo tanto a directrices de primer nivel en cuanto a los procesos de información, convocatoria, capacitación de facilitadores, mecanismos de deliberación y de toma de acuerdos, así como de gestión y manejo de conflictos o de inclusión de posiciones de minoría. En ese sentido, la tarea del Consejo será, precisamente, la de exigir esos estándares y dar garantías a toda la ciudadanía de que serán respetados durante todo el desarrollo del proceso, incluido el momento crucial en que deberá redactar las Bases Ciudadanas para el proyecto de Nueva Constitución. Deberá, así, asegurar los mínimos de transparencia acerca de lo que se discuta en los Diálogos Ciudadanos, sistematizando la deliberación de cada Diálogo y publicando en tiempo real los resultados en una plataforma electrónica de Control Ciudadano; también debe cautelar que el proceso de difusión e invitación a los Diálogos Ciudadanos sea inclusivo y sin barreras a la participación, así como velar que por que los valores, principios y derechos que los/as asistentes socialicen en los diálogos no sea un mero listado, sino que una deliberación de aquellos priorizados por los grupos de discusión o mesas redondas; por último tiene que asegurar que todos/as los/as asistentes a los Diálogos Ciudadanos estén en igualdad de condiciones para dar a conocer su punto de vista. Es de esperar que los propios Consejeros y el gobierno que los ha nombrado estén conscientes de estos puntos y comprendan el calibre de la misión que se les ha entregado.
Rocío Donoso, Coordinadora Comisión Participación Ciudadana.
Matías Wolff, Consejero Político.