Patricio Medina, Presidente Feusach, Vocero Confech y Magister en Economía,
Luego de sucesivas postergaciones, el inicio de la tramitación del proyecto de ley de Educación Superior ha permitido que la opinión pública se forme una visión más clara del mismo; como se había anticipado, esta iniciativa es compleja, ya que aborda distintas dimensiones del sistema. Sin embargo, está claro que el proyecto no va en la línea de lo que se ha dicho y comprometido desde la puesta en escena del programa presidencial, a fines de 2013, hasta la fecha. Es más, mantiene el Crédito con Aval del Estado (CAE) sin fecha de vencimiento.
Quisiera dedicar esta columna a lo que debiera ser el piso mínimo de la conversación: poner término de una vez por todas al CAE como forma de financiamiento de los estudios superiores de miles de familias.
La economía de la deuda
El Estado crea una economía de la deuda donde los bancos obtienen altas tasas de rentabilidad a costa de un hogar deudor y con necesidades no cubiertas. Hoy el 38% de los gastos mensuales de un hogar chileno promedio se destina al pago de la carga financiera mensual, siendo este el porcentaje más alto de los países de la OCDE, seguido desde muy lejos por Holanda con un 18%. De cada $ 100 que un hogar chileno genera en el presente, $ 40 son destinados a pagar deudas pasadas, disminuyendo su consumo presente y futuro. Por otra parte, en los primeros tres quintiles, las familias que están sujetas al CAE destinan casi el 35% de los gastos totales al pago de la deuda del crédito, convirtiéndose este en una carga, más que en una ayuda.
La deuda que se genera por este Crédito con Aval del Estado opera como mecanismo de retención hacia las familias y genera angustia. De esta forma, las instituciones bancarias disponen del futuro de miles de personas, a lo que hay que agregar un sistema caracterizado por bajos salarios, derechos sociales privatizados y un Estado que se siente cómodo conviviendo de forma amistosa y cómplice con la banca.
¿Por qué el movimiento estudiantil se ha opuesto sistemáticamente a este método de financiamiento?
Partamos por un breve diagnóstico. El CAE se crea el año 2005 con el objetivo de aumentar el acceso al sistema de educación superior chileno. Según sus creadores, el Estado no tenía los recursos suficientes para financiar el masivo ingreso de nuevos estudiantes a la educación superior, por lo que requería de un socio que financiara el valor presente de los estudios. Este socio fue la banca privada.
En el año 2005 la matrícula para primer año rondaba los 665 mil alumnos, diez años después, en el 2015, la cifra se duplicó, llegando a casi 1.300.000 estudiantes de primer año. Hoy el 70% de esta matrícula se encuentra concentrada en cuatro grupos educacionales: Laureate International, Santo Tomas, INACAP y el DUOC perteneciente a la Pontificia Universidad Católica. A su vez, dentro de las instituciones de estos grupos educacionales destacan las universidades Andrés Bello, Las Américas y San Sebastián, las cuales están siendo investigadas por lucro.
El movimiento estudiantil ha puesto en el centro de su demanda el retiro del mercado educativo y su reemplazo por una concepción de la educación como derecho social. Por su parte, el Gobierno ha levantado esta misma bandera y anunció con bombos y platillos una nueva legislación que supuestamente defiende este principio. Pero, a renglón seguido, el Ejecutivo ingresa un proyecto de ley que hace vista gorda y mantiene el CAE, sin fecha alguna de término.
La conveniencia del CAE para dichas instituciones es evidente. Estas concentran el 67% de los estudiantes endeudados y desde el 2005 a la fecha los grupos económicos asociados han recibido más de 2 billones de pesos a través de este crédito. Solo el grupo Laureate International ha recibido casi 600 mil millones de pesos por concepto de CAE en los últimos 10 años.
En este mismo período, las universidades estatales han aumentado su matrícula solo en 17 mil alumnos. La participación de las instituciones públicas en la educación superior no alcanza al 16%, convirtiéndose en una parte minúscula de todo el sistema.
Un negocio exitoso
Para los bancos la necesidad del Estado se convirtió en un negocio muy atractivo. ¿Alguien se imaginó por qué otra razón un banco participaría de una política como esta? Así, el Estado subsidia a los bancos, comprando cada año el 25% de los créditos entregados con un sobreprecio de un 6%, generando un traspaso efectivo de fondos públicos a privados. Como si esto fuera poco, en el periodo 2005-2015 el fisco ha comprado casi un 50% de los créditos con un sobreprecio que en algunos casos llega a más de un 40%.
Cuatro bancos se han adjudicado el 90% de los créditos: Corpbanca, Itaú, Banco Estado y BCI. Este último recibió en promedio un sobreprecio de un 56% por la compra de los créditos.
En perspectiva, en 2006 el CAE representaba el 2,4% de la partida presupuestaria de educación superior. Hoy supera el 40%. Hoy el fisco destina casi 700 mil millones de pesos para CAE. El argumento de que no había recursos para financiar las necesidades de los estudiantes es falso.
En 2010 existían 270 mil jóvenes endeudados. Hoy son más de un millón y el 90% de la deuda lo explica el CAE. Por eso podemos llamar a esto ‘el negocio de los bancos con aval del Estado’.
El movimiento estudiantil ha puesto en el centro de su demanda el retiro del mercado educativo y su reemplazo por una concepción de la educación como derecho social. Por su parte, el Gobierno ha levantado esta misma bandera y anunció con bombos y platillos una nueva legislación que supuestamente defiende este principio. Pero, a renglón seguido, el Ejecutivo ingresa un proyecto de ley que hace vista gorda y mantiene el CAE, sin fecha alguna de término.
Esta inconsistencia es grave y debe necesariamente ser corregida si se pretende dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y cuidar los recursos del Estado, que pertenecen a todos los chilenos y no debieran ir a agrandar los bolsillos de los bancos y de unos pocos grupos educacionales privados.
Publicada en El Mostrador
