Este jueves, la mesa regional del Frente Amplio en Valparaíso presentó un recurso de protección en contra de la reapertura de centros comerciales en la región. Esto, luego de que el gobierno emitiera un protocolo al respecto y el Grupo empresarial Marina anunciara el regreso a las funciones en sus malls.
En la acción judicial, las y los recurrentes cuestionan el protocolo del Ejecutivo, dado que “reúne únicamente ‘recomendaciones’, las que son esencialmente de carácter voluntario, sin asegurar el cumplimiento y mucho menos la fiscalización de las mismas”.
Sobre las consecuencias de la reapertura de centros comerciales, indican que “sin duda provocará una aglomeración de gente que, al igual como sucedió en la ciudad de Quilpué, haga exponer a la población a un riesgo de contagio de COVID-19”.
Al respecto, el presidente regional de Revolución Democrática, Janna Sakalha, indicó que “solicitarle al Gobierno que tome medidas ante la inminente reapertura de malls en nuestra Región es lo mínimo para cuidar la salud de las y los trabajadores. Si la autoridad tiene un ápice de conciencia de la gravedad de la pandemia, es un contrasentido exponer a la población a un riesgo que está en sus manos evitar”.
Por su parte, la presidenta regional de Comunes, Vjera Leyton, sostuvo que les preocupa que la región sólo se encuentre toque de queda, ya que segura que no sirve para el objetivo principal, “que tiene que ser resguardar la vida de todas las personas de la región“. Al mismo tiempo, la cabecilla del partido hizo un llamado a que “decreten la cuarentena total desde este fin de semana largo, porque necesitamos que las medidas se extremen, si no, tendremos problemas de sanidad alarmantes”.
Para la encargada de Convergencia Social en La Calera, Ivanna González, este episodio demuestra que los esfuerzos del Gobierno están puestos “sólo en la activación económica, ya que las empresas pueden acogerse a los apoyos estatales, sin asumir ninguna retribución por las facilidades que se les otorgan, mientras que los trabajadores sí asumen los costos ante cualquier decisión: los costos materiales si no asisten al trabajo por estar suspendido su contrato y los costos sanitarios si se les obliga a volver a sus labores. Además, agregó que “cualquier ayuda que se le otorgue a las empresas debe traer incluir la inhabilidad para retirar sus utilidades, y que se entregue una Renta Básica de Emergencia digna”.
El presidente regional del Partido Liberal, Daniel Gómez, añadió que el gobierno indicó que el peak del contagio aún no llega, “por tanto, sí podemos empezar a pensar cómo abrir el comercio. Mientras tanto, debemos tener otras soluciones para ayudar a las personas que están situaciones económicas complicadas”.
