Lee la columna de Manuel Sepúlveda, participante de la comisión de educación y del territorio de Stgo de RD
Imaginemos una escuela municipal con diez cursos (uno por nivel desde pre-kínder a 8º). Supongamos que el 2011, esta escuela tenía una matrícula de 300 alumnos y que el 2012 redujo su número a 290 alumnos, perdiendo 1 niño por cada nivel. Los recursos que recibe la escuela este año se redujeron, aproximadamente, en un 5%. Sin embargo, ¿qué gastos podrían ser eliminados por esta baja en la matrícula? Ninguno. Se necesitan los mismos docentes, el mismo equipo directivo, los mismos funcionarios y básicamente pagar las mismas cuentas. Ahora, reproduzca este modelo en las 20 escuelas que debe financiar el DAEM de una comuna cualquiera en el país. El actual sistema de financiamiento está en crisis y seguir inyectando recursos en este modelo no hace más que agudizar los problemas.
Desde que se implementó el actual sistema de financiamiento- que en términos simples entrega un monto fijo por cada alumno que asiste a la escuela- ha desencadenado una competencia perversa por la obtención de recursos, disputa que ha destruido las arcas de muchas comunas en el país.
El sistema de subvenciones entrega a los establecimientos un monto total de recursos que es variable(depende de la asistencia de los alumnos), en una estructura de gastos donde la mayoría de los costos de la escuela son fijos (salarios docentes y administrativos). Por lo tanto, cuando un estudiante no asiste o se retira de un colegio el costo del aula sigue siendo el mismo, pero los recursos que recibe la escuela disminuyen. En los últimos veinte años la matrícula municipal en el país pasó del 60% al 35% del total. Es decir, la Educación Pública ha perdido una parte fundamental de sus ingresos pero ha mantenido prácticamente intactos sus gastos.
Asimismo, entregar un monto igual por alumno, independiente del tamaño del establecimiento, resulta tremendamente injusto. Según nuestras estimaciones, el costo mensual por estudiante en un colegio pequeño (4 salas y 70 alumnos promedio) es del orden de los $180.000, mientras que en un colegio grande (28 salas y 1000 alumnos) este valor se reduce en cien mil pesos ($80.000 mensuales). Así entonces, como el gasto promedio por alumno en los colegios pequeños es más alto que en los colegios grandes, al entregar una subvención pareja, el Estado le está otorgando menos recursos a los estudiantes que asisten a establecimientos con menor matrícula.
Ahora bien, no sólo la fuga en la matrícula perjudica a la Educación Pública. El actual sistema de financiamiento no especifica con claridad los componentes de la educación que quiere costear, favorece la selección de los estudiantes con mejor rendimiento como mecanismo para mejorar los resultados del establecimiento, no permite realizar planificaciones de largo plazo y tiene limitaciones en contextos de baja densidad poblacional y en zonas donde la asistencia varía por razones no atribuibles a las escuelas. La escuela municipal “Los Jazmines” de Melipilla, que tiene una matrícula de 865 alumnos, el día miércoles 13 de junio tenía en sus aulas a poco más de 200 niños. ¿La razón? La población en donde vive la mayoría de los alumnos de esta escuela se había inundado con las lluvias.
Por todo lo anterior, Educación 2020 propone una nueva estructura de financiamiento que tenga tres mecanismos de entrega de recursos, tanto para el sector público como el privado, los cuales reflejen la verdadera estructura de costos de los establecimientos.
Nuestra propuesta considera un financiamiento por aula que dependerá del nivel de enseñanza y de sus características territoriales; un segundo financiamiento proporcional al tamaño del establecimiento (número de aulas) que cubra los costos de la escuela, del equipo directivo y otros costos de administración y mantención; y un financiamiento por estudiante según rangos de asistencia, para no desincentivar la preocupación por este tema en los colegios.
Actualmente se encuentran en el Congreso proyectos cruciales para avanzar en esta materia. El perfeccionamiento tributario para financiar la “reforma educativa” y el proyecto que aumenta las subvenciones del Estado a los establecimientos son tremendas oportunidades para discutir este tema y resolver uno de los mayores problemas que afectan a nuestro sistema educativo. Seguir aumentando recursos bajo la lógica de los últimos años permitirá a los municipios más dañados cancelar algunas deudas, pero incentivará la proliferación de nuevos establecimientos particulares subvencionados, en un sistema desregulado donde la calidad de estas escuelas se encuentra fuertemente cuestionada.
Esperamos que los parlamentarios no desperdicien esta oportunidad y den respuesta a una de las demandas más importantes del movimiento ciudadano.
