“Las Isapres ofrecen opciones a un 15 % de la población, a expensas de una mayoría que accede con dificultad a las prestaciones básicas de salud. Ese es el Chile que tenemos hoy, campeón global de la desigualdad”; dice Carlos Benitez en esta columna.
*Carlos Benítez Gajardo es miembro de la Comisión de Salud de Revolución Democrática.
El sistema de Isapres es hoy ampliamente impopular y muchos creen que se encuentra ad portas de sufrir una reforma sustantiva. Pareciera que ni sus propios dueños le ven sustentabilidad al modelo. De lo contrario, ¿por qué tan poca preocupación por la valoración social de su negocio? ¿Por qué insisten en subir los costos de los planes a todo evento, a pesar de las tremendas utilidades que han recibido y de la opinión en contra de Ministerio de Salud, Tribunales y ciudadanía? La impresión es que quieren ordeñar la vaca hasta extraer la última gota de leche, antes de dar por muerto este delirante experimento de vía chilena a una salud segregada.
Desde este punto de vista, columnas como las recientemente publicadas por Hernán Doren, presidente de la Asociación de Isapres (“Preservar el derecho a elegir”, La Tercera, 30 de Junio y “El auge del AUGE”, El Mercurio, 17 de Julio), en las que realiza una extemporánea apología del sistema de Isapres, pueden ser interpretadas como los últimos manotazos de un boxeador a punto de caer knock-out. Sólo la percepción de amenaza parece justificar una defensa acérrima, teñida de dogmatismo, y altamente inmune a la opinión pública imperante.
El Sr. Doren intenta convencernos de que el sistema de Isapres funciona bien, que ha sido el soporte del desarrollo de la infraestructura hospitalaria, y que su existencia preserva la libertad de elegir; por ende, la supresión de éstas sería errada y, más aún, inconstitucional. Esta clase de defensa corporativa, dada la información disponible hoy, resulta cada vez más insostenible. A continuación contraargumentamos algunas de sus principales afirmaciones, con miras a favorecer una discusión más amplia de la política pública de salud que, con alta probabilidad, es una de las próximas áreas de reforma en la agenda política nacional:
- El dilema que se plantea entre salud pública y salud privada es artificial. La mayor parte de los sistemas de salud modernos se construyen desde la colaboración público-privada. La confusión del Sr. Doren es creer que todo lo privado conlleva lucro desmedido. El verdadero dilema que debe resolver nuestra sociedad es entre salud con fines de lucro y salud sin fines de lucro. En efecto, las Isapres alcanzaron el 2012 $80.436 millones de pesos en utilidades, equivalentes a más o menos 170 millones de dólares (este año se empinan a $34.181 millones durante el primer semestre). Esto, a punta de restringir beneficios a las personas y aumentar, de manera injustificada, el valor de los planes. Este accionar ha quedado plenamente establecido, entre otros, en el fallo reciente de la Tercera Sala de la Corte Suprema que favorece a los afiliados y estima que estos han sido económicamente afectados “al tener que soportar una injustificada carga derivada del mayor costo de sus planes de salud”. En la mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo, los prestadores privados juegan un rol muy importante, pero no lucran con la salud, o bien están sometidos a regulaciones estatales estrictas. Tal es el caso de Holanda, Alemania, Suiza, Israel, entre otros. En nuestro caso, se antepone al cuidado de las personas la codicia propia de un sistema estricto de mercado (Camilo Cid: El cuestionamiento a las Isapres, la solución funcional).
- La Asociación de Isapres, a través de su Presidente, nos presenta a las Isapres como la institucionalidad que permite a las personas elegir el tipo de salud que desean. Pero los datos históricos de afiliación a los seguros de salud indican justamente lo contrario: los que pueden elegir son una minoría que va en descenso. De acuerdo al último boletín estadístico del Fonasa, las Isapres alcanzaron un máximo de afiliados en 1997 con un 26,1 % de la población, cifra que ha venido sostenidamente a la baja desde ese año. Resulta irónico afirmar que las Isapres permiten a los usuarios mayores grados de libertad, por cuanto el sistema de Isapres segrega a sus potenciales usuarios por nivel socioeconómico y por riesgo sanitario. En ese contexto ¿cuáles son realmente los grados de libertad de elección de las personas que padecen alguna enfermedad crónica, o bien de las personas de la tercera edad, o de las mujeres en edad fértil, o de los millones que no tienen ingresos suficientes para ser aceptados por el sistema de Isapres? La verdad es que son excluidos del sistema. Es decir,la libertad de elegir sólo alcanza para aquel subgrupo más sano del 15 % más rico de la población.
- Desgraciadamente, hoy ni el seguro público ni la red de salud pública son buenas opciones para las personas que buscan alternativas a las Isapres, pues se insertan en un sistema empobrecido y mal administrado. Este proceso de deterioro no ha sido espontáneo, más bien se ha producido deliberadamente para favorecer el flujo de pacientes hacia el sistema privado. En muchos países, la salud pública tiene altos estándares de calidad y la gente mayoritariamente opta por esta alternativa.
- La eficiencia de las Isapres es un mito. A pesar de la cantidad de recursos que captan producto de “descremar” a la población de sus componentes riesgosos, quedándose sólo con la población ABC1 sana, son incapaces de ofrecer buenos planes; sus afiliados están descontentos, cuidándose siempre de las letras chicas en los contratos y desembolsando altos copagos, los cuales bordean el 40% del gasto total en salud (Camilo Cid, Cuadernos Médico Sociales 2011, p.143-150). Las altas tasas de reclamos, la judicialización emergente, el bajo aprecio que sienten las personas hacia las Isapres reflejado en la encuesta “Estudio de satisfacción de usuarios 2012” (Superintendencia de Salud), nos hablan de un sistema desgastado, que está lejos de vivir sus mejores días. Así, no sólo los afiliados a las Isapres califican su satisfacción con el sistema con nota similar a los afiliados al sistema público (5.2 vs 5.0), sino que esta evaluación va a la baja en el caso de las Isapres.
- Las Isapres han violado la ley sistemáticamente, siendo sancionadas por prácticas que atentan contra normas Constitucionales; particularmente, por el constante intento de alzar las tarifas unilateralmente y de excluir a los chilenos que no les son rentables. Las ISAPREs han perdido todos los juicios en estas materias; contundentes fallos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional han ratificado esta conducta. Silenciosamente, las Isapres han venido haciendo su aporte, en los últimos años, al atochamiento que presenta nuestro poder judicial.
- Es claro que el sistema público de salud tiene grandes deficiencias. Evidentemente, el solo traspaso de las cotizaciones de las Isapres a un fondo único no lo va a mejorar de la noche a la mañana; afirmar tal cosa no es más que un intento por caricaturizar los argumentos del adversario. Es necesario aumentar sostenidamente el gasto público en salud hasta llegar a los niveles promedio de los países de la OECD (en Chile el gasto público en salud alcanza el 3,5 % del PIB, mientras que el promedio de la OECD llegó al 8 % durante el 2011), y mejorar significativamente los modelos de gestión. Pero un requisito para ello es emparejar la cancha, y eliminar la segregación que el Sr. Doren sigue defendiendo a ultranza.
- Las Isapres han sido decisivas en el incremento desmedido de los costos de las prestaciones de salud, en buena parte por errores de gestión y por aumentos desmedidos y no justificados en los precios de sus planes.
El argumento no explicitado de esta clase de defensas reactivas, a fin de cuentas, es que es legítimo que un país que le ofrezca opciones a un 15 % de la población, a expensas de una mayoría que accede con dificultad a las prestaciones básicas de salud. Ese es el Chile que tenemos hoy, campeón global de la desigualdad. Este es el supuesto que ha dejado de ser aceptable. En RD, nos rebelamos contra éste sistema segregado, y pondremos toda nuestra energía para construir un sistema de salud de calidad, solidario, que garantice un acceso equitativo a sus prestaciones.
