Te invitamos a leer la columna de la comisión de educación de Revolución Democrática publicada hoy en El Dínamo
El sistema de educación superior que tenemos en Chile pasa por una de las crisis más severas desde su creación en dictadura. El movimiento estudiantil del 2011 fue claro y contundente en develar los problemas de calidad y equidad que afectan a un modelo institucional que deja el derecho a la educación en un segundo plano. Este año esa crisis ha sido más evidente que nunca. Primero fue la Universidad del Mar, institución acreditada por el Estado chileno, pero que fue incapaz de cumplir con mínimos de funcionamiento y defraudó a 18 mil estudiantes y sus familias. Luego fue la Comisión Nacional de Educación (CNA), la misma que acreditó a la U. Del Mar, y en torno a la cual se ha destapado una red de negligencias, incapacidades, delitos y corrupción que avergüenzan al país entero. Esperamos se asuman cuanto antes las responsabilidades políticas de estos escándalos, que hoy involucran directamente al gobierno de Piñera. La salida ayer del Ministro de Justicia es señal clara de ello.
Tanto el caso de la CNA como el de la Universidad del Mar tienen un mismo origen. Son demostración fiel del fracaso de un modelo de mercado que, amparado en una falsa idea de libertad, privilegia la creación y administración de universidades casi sin ningún tipo de regulación, por sobre el derecho de los jóvenes a educarse con calidad. Así, por causa de una ciega ideología de mercado, se sacrifica el potencial de la educación superior favoreciendo sólo criterios comerciales de rentabilidad privada. En este desequilibrio, el lucro cumple un rol fundamental, pues consagra la lógica del mercado, que pone los intereses económicos privados por encima del rol público básico que cumple (o más bien debiera cumplir) el sistema de educación superior.
Este problema general, que se constata también en muchos otros ámbitos del país, produce una justificada indignación y es una de las razones fundamentales del actual descontento social y político que manifiesta la sociedad chilena. Casos como este generan la impresión creciente, a veces la certeza, de que todo el sistema es fruto de un arreglo político injusto y poco democrático, que violenta las expectativas y esperanzas que la sociedad deposita en él, y termina beneficiando a una elite reducida de empresarios y políticos, en claro detrimento de la sociedad en su conjunto.
La educación superior chilena no está a la altura de lo que la sociedad espera de ella y es momento de presionar y proponer cambios sustantivos en sus principios guía y luego en su organización. Revolución Democrática tiene la la convicción de que estamos en un momento clave para avanzar en esos cambios. El objetivo no es otro que el de construir un sistema de educación superior legitimado y acordado socialmente, que brinde oportunidades justas para todos y se adecue a las necesidades del país.
Proponemos tres caminos ineludibles y complementarios entre sí para avanzar en esta dirección.
El primero tiene que ver con hacerse cargo con urgencia de quienes hoy son los principales perjudicados del fracaso de este modelo de educación superior: los estudiantes. La situación de los jóvenes de la Universidad del Mar – y de los estudiantes de otras universidades que se encuentran en una situación muy similar – hace indispensable una política de garantías para quienes han sido víctimas de apuestas académicas irresponsables y mercantilizadas. Es el Estado el encargado de viabilizar las soluciones académicas y financieras para que estos estudiantes no pierdan el tiempo ni los recursos invertidos.
El Ministerio de Educación debe asumir así un rol protagónico en ésto, lo que por cierto requiere de los ajustes legales que sean necesarios para que pueda intervenir estas instituciones usando el cierre sólo como última consecuencia. En este marco, lo justo es que las universidades (más bien los empresarios tras ellas) respondan por su incompetencia, asumiendo las consecuencias legales que se determinen y devolviendo los recursos a todos quienes defraudaron.
El segundo paso, que resulta crítico para dotar de legitimidad a este sistema en crisis, es derogar el título de la LOCE sobre educación superior, que fue “congelado” en la nueva LGE. En su remplazo, es urgente generar las alternativas legales necesarias para dotar al Estado de mejores atribuciones para regular el sistema en su conjunto, someter a los “proveedores” de educación superior a mayores exigencias, y, por cierto, redefinir de forma más profunda y condicionada el ejercicio de la “autonomía universitaria”. Creemos que es fundamental avanzar en esta línea, generando una marco normativo que dé confianza y credibilidad a los chilenos.
El tercer paso es generar, en coherencia con este nuevo marco normativo, una institucionalidad que vele y tienda a asegurar de manera efectiva la calidad de la educación superior. Urge una institucionalidad que más que cautelar la muchas veces mal entendida autonomía y libertad de las universidades, defienda la seriedad y calidad con la que estas instituciones responden a la confianza que el país y los estudiantes les han dado.
Resulta imprescindible en este plano crear una institución verdaderamente independiente y profesional que se haga cargo de los procesos de evaluación y acreditación institucional, sin participación de los directamente involucrados en dicho proceso como ocurre con la CNA. Esta nueva agencia de calidad para la educación superior debiera contar con todas las atribuciones para garantizar un funcionamiento adecuado de todas las instituciones de educación superior de acuerdo a los criterios definidos públicamente. Su funcionamiento debiera complementarse con la puesta en marcha de una superintendencia de educación superior, que fiscalice rigurosamente el cumplimiento de la normativa, y en particular de aquellos casos evidentes en que las universidades abandonan los fines y la responsabilidad pública que les atañe y se orientan meramente a la obtención de lucro.
Los problemas de la educación superior son muchos y el camino de reformas extenso. Invitamos a iniciarlo con una discusión seria sobre estos puntos, a nuestro juicio claves para cualquier proceso de cambio en el escenario actual. Las transformaciones que Chile requiere y demanda a gritos no se lograrán con esfuerzos individuales y fragmentados, sino que suponen necesariamente acuerdos y soluciones políticas estructurales que han sido postergadas por muchos años. En Revolución Democrática hacemos nuestro este desafío, basados en la convicción de que es posible lograr un sistema educacional justo y de calidad, y del cual todos los chilenos y chilenas nos sintamos orgullosos.
