El martes 29 pasado comenzó una de las situaciones más absurdas, gratuitas y torpes de los últimos 25 años de nuestra democracia en relación al llamado “Conflicto Mapuche”. La Presidenta de la República partía -sin previo aviso ni al Ministro del Interior, pero más grave aún, ni a las diversas organizaciones que desde iniciado el Gobierno han requerido su presencia en la zona- por fin a La Araucanía.
Belén Pizarro, Coordinadora Comisión Derechos Humanos
Este viaje no dejó contento a nadie. Ni a los empresarios, que alegaron que no se había reunido con todos; ni a las organizaciones mapuches, que con razón argumentaron que se había elegido una “comunidad modelo”,cerca pero fuera de la zona donde el conflicto es más “algido”; ni al Ministro del Interior, ni a su partido, la Democracia Cristiana.
La agenda de la Presidenta y todo lo que envolvió el viaje visibilizaron de manera brutal la falta de una política seria del Gobierno de Chile sobre el conflicto en La Araucanía y los derechos de los pueblos originarios.
Ya se había vislumbrado esto cuando se le pidió la renuncia al intendente Francisco Huenchumilla, quizás el único político chileno que en estos años ha podido politizar y complejizar la magnitud del conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche. Su remoción y el posterior nombramiento del actual intendente Andrés Jouannet dieron señales inequívocas de que el intento de diálogo y escucha establecidos como modus operandi por Huenchumilla eran abortados desde La Moneda.
Lo que ha seguido al tan esperado y triplemente fracasado viaje a La Araucanía no simplemente raya en el absurdo político, sino que demuestra la falta de sensibilidad y empatía del poder central con la situación en la región.
De inmediato, el viaje se transformó en un problema interno del gobierno y de su coalición, invisibilizando, por enésima vez la realidad que aqueja a la zona: violencia, militarización del conflicto; falta de diálogo político; freno del crecimiento económico, producto de todo lo anterior; ausencia total de políticas serias y, en cambio, abundancia de paternalismo, criminalización de la lucha mapuche y clientelismo de parte del gobierno central.
Para seguir ahondando con esta puesta en escena del absurdo, el gobierno decidió, nada más y nada menos, que mandar al Ministro del Interior a pasar el año nuevo a una comisaría en Ercilla, ubicada en el centro mismo de la llamada “zona roja”. Como si no bastara con el mal ejecutado viaje, la segunda autoridad política del país daba un gesto inequívoco de apoyo a la violencia policial, los allanamientos y la militarización del conflicto. Todos hechos denunciados no sólo por organizaciones mapuche, sino que por diversos organismos de DD.HH. nacionales, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, e internacionales, como el Relator Especial de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas.
Hasta finales de la semana, el resultado de todo esto continuaba siendo un conflicto político al interior de la Nueva Mayoría, resultado que de ninguna forma responde a las necesidades de la región, sus posibles soluciones y las distintas miradas sobre cómo enfrentar los diversos problemas que conforman el llamado “conflicto mapuche”.
Ni una palabra sobre plurinacionalidad, autonomía, derechos culturales, estatuto constitucional de los pueblos indígenas.
Al cumplirse 8 años del asesinato de Matías Catrileo, le exigimos a las autoridades no sólo respeto por un tema fundamental para el desarrollo de nuestra democracia, sino seriedad y profundidad para afrontar, quizás uno de los mayores desafíos que tenemos como país, cual es lograr la convivencia con plenos derechos para todas las comunidades que conforman esta sociedad diversa, plurinacional, multicultural e interétnica, llamada Chile.
Belén Pizarro, Coordinadora Comisión Derechos Humanos
Voces La Tercera, 6 de enero de 2016. Ver original
