Legitimación, violencia y Derechos Humanos

La aplicación de violencia desmedida por parte del Estado chileno no ha pasado desapercibida. En el llamado “Tema Mapuche” y el movimiento estudiantil del 2011; la fuerza policial sobrepasó cualquier límite y racionalidad, dejando caer una represión brutal. 

Por Mauricio Jullian, Comisión DD.HH Revolución Democrática.
Durante la historia institucional chilena, se pueden apreciar distintas maneras desde las cuales el Estado ha intervenido violentamente los Derechos Humanos de sus ciudadanos. De igual manera, se han ido creando organizaciones estatales y ciudadanas para asegurar y denunciar esas intervenciones arbitrarias. Los fundamentos que impulsan al Estado a intervenir arbitrariamente contra los derechos de las personas son diversos y han ido cambiando con el paso del tiempo. Sin embargo, me gustaría exponer un punto de origen que ha pasado de algún modo desapercibido por la opinión pública y que tiene su directa consecuencia en un incremento del abuso y de la violación de los Derechos Humanos en nuestra sociedad.
La aplicación de violencia desmedida por parte del Estado chileno sin duda no ha pasado desapercibida, los 2 casos más ilustres en el último tiempo han sido el llamado “Tema Mapuche” y el movimiento estudiantil del 2011. En ambos contextos, la fuerza policial sobrepasó cualquier límite y racionalidad, dejando caer una represión brutal contra los manifestantes.
Lo que resulta relevante y que en parte ayudará a explicar el argumento de este artículo corresponde al hecho de que en ambos contextos los manifestantes denunciaban junto con las demandas propias de su manifestación, ilegitimidad del sistema político actual, en pocas palabras, que las instituciones bajo las cuales regulamos la forma que tenemos de canalizar la voluntad popular estaban dotadas de trampas que impedían la canalización de dicha voluntad. Esto los llevaba a manifestarse desde la calle y no -por ejemplo- mediante la representación de un partido político.
Frente a esto el Gobierno no pensó en otra cosa que la represión policial, la violencia se volvió la forma en que el Gobierno justificaba su legitimidad frente a la crisis política que tenía al frente, el monopolio de la fuerza se volvió argumento del oficialismo para justificar la respuesta agresiva y represiva del Estado en contra de dichas manifestaciones, es importante acá señalar la conexión que existe entre una sociedad que clama no sentirse representada por sus instituciones y el incremento de violencia aplicada en las manifestaciones y marchas.
Una autoridad ejercida mediante formas legitimatorias de esta naturaleza es sin duda problemático, por no decir preocupante. Que nuestros representantes políticos acudan a la violencia como modo de mitigar las quejas ciudadanas críticas al sistema político demuestra que existe de hecho un problema de legitimación. Las instituciones adquieren su legitimación política de la fuerza social que les da vida, no de la monopólica aplicación de fuerza por parte del Estado.
De este modo es que podemos decir que parte del problema de violación de derechos humanos que experimentó (y experimenta) Chile en el caso de los Mapuches y de los estudiantes se debe a la evidente falta de legitimación política que viven nuestras instituciones. A falta de esa legitimidad la única solución que queda es la aplicación de la violencia, con el fin de terminar con esta situación es necesaria una voluntad política transversal que reconozca el deficitario funcionamiento de dichas instituciones y levante junto con la sociedad civil, movimientos sociales y organizaciones ciudadanas una reforma al sistema político que sea capaz de dar cuenta de manera real con la voluntad popular, ya que a falta de ella, sólo nos quedará esperar un nuevo ciclo de violencia desmedida.

* Mauricio Jullian es estudiante de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez